Presunto daño patrimonial de $18.265 millones en refinería del Meta

La Contraloría General de la República criticó duramente la gestión de los recursos provenientes de recursos de regalías y de la Gobernación del Meta, y aseguró que hay una “alta incertidumbre sobre la viabilidad financiera” del proyecto.

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A pesar de que la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol) recibió $18.265 millones para la financiación de la refinería del Meta, la Contraloría aseguró que “no evidencia físicamente ningún proceso constructivo y muestra una gestión fiscal antieconómica”. La falta de planeación, que no se haya realizado el cierre financiero y el riesgo de que se pierdan los recursos hacen que haya “una alta incertidumbre sobre la viabilidad financiera” de un proyecto anunciado desde hace cuatro años.

$9.220 millones para el proyecto fueron aportados mediante el sistema de regalías; los otros $9.045 millones los dio el departamento. Pero esos $18.265 millones no representan el costo total de la refinería. El proyecto se presentó en el 2012 por un valor de $5.257 millones, pero para julio de 2014 ya se había reajustado a   $72.596 millones, es decir, su valor aumentó 13.8 veces respecto al presupuesto inicial.

Ese aumento desmedido se debería, según la Contraloría, a la “completa” falta de planeación. Este presunto daño patrimonial por $18.265 millones se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que se destinaran $2.772 millones a gastos de funcionamiento. Por eso la entidad fiscal concluyó que “el desarrollo no ha sido consecuente con las buenas prácticas de desarrollo de proyectos”.

La Contraloría aseguró que, a pesar de que en el informe de gestión de la administración anterior de la Gobernación del Meta (cuando Alan Jara era gobernador) se dijo que sí se realizó el cierre financiero, esta información no es cierta. “Tales acuerdos no han sido materializados a la fecha, situación que brinda una información errada a la comunidad y órganos de control” precisa el informe de la entidad.

La inviabilidad financiera se debe a la ausencia de estudios que tienen como fin evitar que se presenten situaciones como la que ahora enfrenta la refinería. No hay estudios como son “los de mercadeo, estudio legal, estudio técnico, estudio de riesgos, estudio financiero y estudio ambiental”. Es decir, el proyecto no cuenta con un sustento sólido que justifique su ejecución.

Por todo esto, la Contraloría concluyó que “se suscribieron (contratos) sobre el supuesto de que la refinería sería rentable, algo hipotético que no fue estudiado o demostrado y en consecuencia el riesgo de perder los recursos invertidos es alto”.