Mico en la contratación de Santander

La Secretaría de Transparencia pidió a la Procuraduría que investigue los concursos de méritos de Santander. / Cortesía

Un exasesor del gobernador de Santander, un exfuncionario de la Alcaldía de Girón y algunas sociedades (con varios contratos) ganaron algunos concursos de méritos que abrió en el último año la Gobernación de Santander. Sin embargo, detrás de las adjudicaciones hay un hecho que ha puesto los procesos en entredicho: en los pliegos de condiciones de varios concursos se encontró una cuestionable exigencia que, según entes de control, posiblemente influyó en la selección y limitó la participación de otros interesados.

La posible irregularidad fue descubierta por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, tras analizar con lupa casi 20 concursos de méritos que abrió la administración departamental para adjudicar contratos de interventoría, consultoría y elaboración de diseños. El posible mico consistió en establecer la asistencia obligatoria a una reunión (conocida como audiencia de riesgos) como condición para participar en el concurso de méritos, cuando por ley la asistencia es voluntaria.

Ante esta situación, el saliente secretario de Transparencia, Carlos Fernando Galán Pachón, le envió a finales de febrero un oficio al gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, en el que expuso la irregularidad y le hizo saber que la exigencia violaba las leyes de contratación. De forma paralela envió un oficio al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para que el ente de control investigue si hubo o no faltas disciplinarias y para conocer los responsables.

De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, tras analizar 17 contratos ya adjudicados (que suman casi $15.000 millones) encontró que en 14 se incluía la polémica exigencia. Esto generó que en 11 procesos sólo se presentara un proponente. Aunque en los otros hubo varios interesados, algunos fueron descalificados por la Gobernación por no asistir a la reunión. “En el análisis no se encontró una justificación a esta exigencia, que pudo haber limitado la participación, al crear una nueva etapa en la que descalificaron interesados, sin haber sido evaluados”, dijo el secretario de Transparencia.

Y concluyó: “El estudio revela que pudo haber existido violación a la ley y por eso ya oficiamos a la Procuraduría General pidiendo la investigación pertinente. No obstante, le solicitamos al gobernador que estudie los planteamientos de esta comunicación y, en caso de considerarlo pertinente, adelante actuaciones para corregir las posibles irregularidades”.

Ante el llamado de atención de la Secretaría de Transparencia, la Gobernación se defendió diciendo que la exigencia no fue algo arbitrario y, por el contrario, obedeció a solicitudes de otras entidades, como el Consejo Nacional de Ingeniería, razón por la cual se declaran hoy confundida frente a este tema (ver ‘Estamos locos con esto’).

El Espectador, al revisar los concursos de méritos que adelantó la Gobernación de Santander, encontró casos como el del contrato 2347, firmado el pasado 30 de enero, por casi $180 millones, para implementar en 25 días una red virtual de negocios para empresarios de Santander. El concurso lo ganó una unión temporal representada por Nelson Oswaldo Orozco Yepes, quien hasta el año 2011 fue asesor del despacho del gobernador de Santander Horacio Serpa y quien lo representó en procesos de contratación.

Otro de los casos polémicos fue la adjudicación del contrato de diseño para adecuaciones en colegios de Santander, por casi $3.100 millones, el cual ganó la Unión Temporal M.I., representada por Álvaro Solano Aguilar, exsecretario de Infraestructura de Girón (Santander). En este caso, su contrincante fue el Consorcio LKS Proyectar, descalificado por no asistir a la audiencia de riesgos. A pesar de que este contrato se adjudicó el pasado 5 de febrero, aún no ha sido firmado.

Como datos adicionales, Solano Aguilar enfrenta un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría de Santander, que se encuentra en práctica de pruebas, y además estuvo vinculado en una investigación penal en 2008 por posibles actos de corrupción en la Alcaldía de Girón, en la compra de lotes para un proyecto de vivienda.

De 17 concursos de méritos en los que ya seleccionaron contratistas, se encuentra que hay sociedades (en ocasiones con distintos nombres, pero con integrantes similares) que ganaron varios procesos. Por ejemplo, la alianza entre Elberto Adilio Rodríguez Gómez, Óscar Andrés Silva Forero y Proinco se quedó con cuatro contratos que suman casi $700 millones. Por su parte, la unión de Luis Orlando Suárez Fernández y la empresa Midas Soluciones se quedó con tres, por un valor de casi $400 millones.

Sin embargo, al parecer, tras la advertencia de la Secretaría de Transparencia, la Gobernación ha corregido la supuesta irregularidad en los últimos concursos de méritos de procesos que están en marcha. Así se puede evidenciar en el concurso que ganó la Unión Temporal Camineros, por casi $4.000 millones, para dirigir un proyecto de mantenimiento de vías secundarias, en cuyos pliegos ya no estaba la exigencia. Esta unión temporal está conformada por la empresa Proco Ltda. y Rafael Ángel Saldarriaga, y es representada por Sergio Ramírez Angarita.

Aunque por ahora no se tiene claro si el mico encontrado en los procesos se debió al desconocimiento o era para favorecer a algunos contratistas, lo cierto es que, según expertos en contratación consultados por El Espectador, se trató de una exigencia innecesaria y, al haberla incluido, la Gobernación de Santander influyó en los resultados de los procesos, ya que en algunos casos limitó la participación de proponentes y, en otros concursos, la administración la usó como justificación para eliminar interesados.

De acuerdo con las leyes de contratación, la audiencia de riesgos es una reunión en el proceso de selección de contratistas en la que tanto la administración como los interesados en el contrato discuten qué responsabilidad tiene cada una de las partes durante la ejecución del trabajo, en caso de imprevistos como invierno, derrumbes, malos estudios, etc. Las condiciones las impone la administración y si el concursante no quiere asistir se asume que las acepta en su totalidad.

“La audiencia de riesgos es una oportunidad, no puede ser una imposición. En ella no se demuestra calidad, experiencia, idoneidad ni capacidad financiera del oferente para ejecutar el contrato... ¡No demuestra nada! Por eso no puede ser requisito de evaluación ni requisito habilitante. Si a uno como empresa lo descartan por no asistir a esta reunión, podría sospechar que están direccionando el contrato y podría demandar a la Gobernación”, dice el abogado Carlos Andrés Ballesteros Serpa.

El profesional en derecho agregó que resulta extraña la exigencia, ya que sería un requisito que favorecería al adjudicatario final. “Aunque las administraciones tienen discrecionalidad para definir los pliegos de condiciones de sus contratos, éstos deben ser razonables y ajustados a la norma. La ley es clara en decir que para los concursos de méritos esta audiencia puede ser voluntaria. Además, los proponentes pueden hacer observaciones a los pliegos de condiciones sin necesidad de asistir a esa audiencia. Por eso, exigir la asistencia a una audiencia voluntaria es algo extraño”, dice Ballesteros Serpa.

Por estas razones, cerca de 25 concursos de méritos adelantados por la Gobernación de Santander en el último año y que suman casi $15.000 millones están en la mira de los organismos de control, los que tendrían que iniciar las investigaciones para establecer si hubo faltas disciplinarias, detrimento patrimonial o, incluso, algún delito.

Por ahora, al parecer, la advertencia de la Secretaría de Transparencia tuvo efecto en la administración departamental, porque en los pliegos de los recientes concursos de méritos la controversial exigencia ya no está.

‘Estamos locos con esto”: Gobernación

Ante el llamado de atención que hizo la Secretaría de Transparencia a la Gobernación de Santander, la administración departamental, a través de Carlos Mario Lopera Giraldo, su asesor en contratación estatal, expresó que la exigencia de la audiencia obligatoria la habían suspendido desde el 15 de febrero, en respuesta a un oficio similar que recibieron de la Procuraduría General de la Nación.

A pesar del acatamiento oportuno a la sugerencia de la Procuraduría y de la oficina de Transparencia, la Gobernación de Santander expresó su preocupación por las órdenes contradictorias que han recibido en los últimos meses. Según Lopera Giraldo, justo esta semana recibieron un oficio del Consejo Nacional de Ingeniería en el que les reiteran que la cuestionada audiencia y las visitas técnicas son requisitos obligatorios.

“Estamos locos con esta situación. Sin embargo, como le tenemos más miedo a la Procuraduría General, pues eliminamos esa exigencia de los pliegos de condiciones. Hasta que los organismos de control se capaciten o se pongan de acuerdo en ese tema, decidimos suspenderlo. Es un tema difícil”, agregó Lopera Giraldo.

Frente a la reiterada situación de procesos de selección con un solo proponente, el mandatario departamental también expresó su preocupación, a pesar de haber eliminado el requisito en cuestión. Finalizó invitando a la Secretaría de Transparencia a seguir acompañando la vigilancia de sus procesos de contratación y pide una cita para poder explicar mejor el tema.

Twitter:@alexmarin55jamarin@elespectador.com