Con una carta respaldada por 2.300 firmas, las medianas y pequeñas empresas de minería que están ubicadas en la provincia de Ubaté, en donde se explota carbón, le pidieron al presidente Juan Manuel Santos que nos los abandone, pues con las nuevas normatividades para la exploración y explotación de estas actividades, al menos 300 minas están en riesgo de ser cerradas. Según los mineros, las reuniones con las autoridades llevan dos años. Han sido 278 mesas de trabajo en este tiempo y, si bien se han dialogado varios puntos, hasta ahora no hay solución para ellos.
Entre los requerimientos que le expresaron a Santos está la redelimitación de la cuenca alta del río Bogotá en los municipios de Suesca y Guatavita, pues doce socavones están dentro de esta área y deberán cerrarse. Otras de las discusiones es sobre la delimitación de áreas compatibles de la sabana de Bogotá que, según ellos, acabaría con el 80% de la actividad minera de carbón en este sector. Como lo contó El Espectador hace un mes, el Ministerio de Ambiente próximamente firmará un acuerdo en el que se delimitarán los lugares donde se puede explotar en la ciudad y en la sabana de Bogotá. Esta nueva reglamentación tiene que ver con el histórico fallo del Consejo de Estado de marzo de 2013, que obligó a todas las autoridades competentes a descontaminar el río Bogotá.
Si estos problemas no se resuelven cuanto antes, el gremio asegura que por lo menos 16.000 personas perderían su empleo y habría un desabastecimiento de este mineral en la zona, que sirve para materiales de construcción y generación de energía. Las empresas de Ubaté surten de carbón al interior del país
También nombran el problema de su ubicación en el páramo Guerrero. Las empresas mineras aseguran que con la nueva y estricta reglamentación de estos ecosistemas, empresas que han estado durante casi cuatro décadas tienen que salir del sector, desconociendo “el reconocimiento a la preexistencia de la actividad tradicional titulada”, según dice la carta, que está respaldada por la Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca (Fedecundi). Si bien son conscientes de que en zona de páramo no pueden estar, le piden al Gobierno que les permita la permanencia en las minas que se encuentran en el borde y que cumplan con la condición de tener más de 40 años en la región. Además, se habla de la necesidad de impulsar el sector minero de carbón, que desde hace dos años ha bajado su producción, pues casi no hay demanda. Al menos 90 minas han tenido que cerrar por este motivo.
Para expertos en minería, el Gobierno Nacional debe mirar en detalle las peticiones formuladas por los mineros, pues si bien es preocupante que estas personas se queden sin empleo, también es fundamental proteger el medio ambiente y sobre todo el recurso del agua. Así lo manifiesta Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana de la Defensa del Ambiente, quien agrega que el derecho ambiental debe tomarse en serio en Colombia, porque de eso depende la vida de los habitantes del sector, quienes según él podrían negociar otras alternativas de trabajo con el Gobierno. “Hay una tensión entre derechos fundamentales, que debe ser resuelta de la manera más justa para las partes involucradas, pero también teniendo en cuenta que los trabajos se pueden reconvertir, pero no hay sustituto posible para el agua”, dice el asesor.
Para Lozano, el Ministerio de Ambiente debe mirar a fondo las particularidades de cada mina, pues aunque estén en zona de reserva o en un distrito integrado de manejo, algunas de ellas podrían sustraer minerales con ciertas condiciones. Lo que sí no debería ser negociable, según el asesor, es que se permitan los proyectos mineros que no tienen las licencias ambientales. “Puedes durar años haciendo minería, pero si no cumples con los requisitos ambientales, no tienes derecho a la explotación”, puntualiza. Por último, Lozano expresa que es necesario cambiar el chip para que primero se piense en el ordenamiento del territorio y el agua y, a partir de esto, se detallen los posibles lugares donde se puede hacer minería.