Reportaje

Mingas: compleja historia de identidad y resistencia indígena

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El movimiento social que llega a Bogotá, producto de profundas raíces culturales, fue potenciado por la exclusión estatal y los procesos de violencia del país. Reconstruimos 30 años de manifestaciones. El Gobierno nacional está abierto al diálogo.

La primera vez que estuve en una minga indígena fue en marzo de 1992 en el departamento del Cauca, recién estrenada la Constitución Nacional de 1991, que remarca la importancia para Colombia de las culturas indígenas y obliga al Estado a respetarlas y protegerlas. No menos de 10 mil indígenas paeces, guambianos, yanaconas, totoroes y coconucos salieron a la carretera Panamericana para protestar por el abandono oficial, mientras guerrilleros y narcotraficantes irrumpían en sus montañas originarias; unos para apoderarse de corredores estratégicos y montar campamentos, los otros para sembrar cultivos de amapolas y producir opio, morfina y heroína. Esto mientras desde Cali y Popayán la ambición terrateniente, respaldada por grupos paramilitares, invadía sus tierras cultivables. (Defensoría aboga por encuentro entre Iván Duque y la minga).

En medio de ese fuego cruzado me impresionaron la cultura, la capacidad de organización comunal y la valentía indígena, según pude constatar solo respaldada con argumentos y bastones de mando empoderados en aguas sagradas de los páramos del suroccidente colombiano, como les enseñaron caciques míticos como Juan Tama y líderes contemporáneos como Álvaro Ulcué, sacerdote de Toribío asesinado por orden de terratenientes en 1984. Conocí a un joven líder llamado Jesús Piñacué, que me explicó cómo movilizaban en una semana a tantas personas de distintas etnias, basados en una coordinación logística que incluía grupos especializados de comunicaciones, alimentación, salud, pensamiento y negociación. “Este tipo de celebración comunitaria se llama minga y nació con los indios. Tiene 500 años como nosotros y convocó a 40 cabildos para organizar un plan que muestre nuestro redescubrimiento social y para acabar con cuanto cultivo de amapola haya en este departamento”. Él venía del resguardo de Calderas liderando a miles de ellos, se había graduado como antropólogo y era el vicepresidente del Consejo Regional Indígena del Cauca. En 1994 sería candidato a la Vicepresidencia de la República como fórmula del candidato presidencial Antonio Navarro Wolff, y entre 1998 y 2010, senador de la República.

Admitieron que miembros de sus comunidades habían sido corrompidos y eran parte de esas organizaciones al margen de la ley. Asistí al juzgamiento de dos de ellos acusados de pertenecer a las Farc. Y para evitar que terminaran matándose entre ellos y que la Policía Antinarcóticos fumigara con glifosato sus territorios, fui testigo de cómo se repartieron el patrullaje de veredas a través de mingas zonales, en busca de cultivos y laboratorios de procesamiento de opio, y cómo expulsaron a narcotraficantes llegados del Valle del Cauca a municipios como Almaguer. Todo con el poder del trabajo en equipo, sin violencia de por medio, pero incluyendo el desmantelamiento de los campamentos y la incineración de los insumos de los mafiosos, que luego se vengarían de ellos con masacres y asesinatos selectivos.

Los acompañé a las negociaciones con el gobierno de César Gaviria en el caserío de San Andrés de Pisimbalá y les prometieron un Fondo de Garantías, a través de Finagro, para que las familias indígenas pudieran pagar las millonarias deudas que les cobraba la Caja Agraria y no se dedicaran a sembrar amapola. Sin embargo, los acuerdos no se cumplieron, el Fondo no funcionó a plenitud, los créditos se desbordaron, la amapola se extendió y las fumigaciones también. Caldo de cultivo para más violencia. “Nuestras mingas no solo buscan reivindicación agropecuaria, sino acabar con la desatención social de parte del Gobierno. El año pasado le envié al presidente Gaviria un proyecto para instalar 1.600 tazas sanitarias. Lo devolvieron al Plan Nacional de Rehabilitación y allá les pareció muy caro que los indígenas tuvieran dónde hacer sus necesidades”, me denunció entonces Mauricio Casas, de la comunidad de Belalcázar. “Pasamos un proyecto para sembrar 200 hectáreas de tomate y nunca nos respondieron; en cambio los amapoleros llegaron con la plata en la mano”, reconoció Reinel Guachetá, del resguardo Yaquibá. (Presidente Duque no se reunirá con la minga si pretenden hacerle juicio político).

En aquella marcha también estaba Luis Acosta, entonces joven guardia indígena y profesor del corregimiento Huellas, municipio de Caloto, y ahora jefe nacional de la Guardia Indígena, encargada de liderar la minga que hoy llega a Bogotá. Desde entonces lo he visto al frente de la seguridad de todas las manifestaciones y le pregunto por qué la situación sigue igual o peor que en los años 90. Me responde desde la caravana: “Porque no hay una política acertada hacia los pueblos. Todos los gobiernos se han dedicado a otras cosas menos a atender las necesidades básicas de las comunidades. Recuerdo que en el 92 hicimos esa gran campaña y la respuesta fue que nos maltrataron, nos golpearon, mientras reclamábamos alternativas de desarrollo, esperanzados con la nueva Constitución. Y de ahí para acá la arremetida ha sido muy fuerte, siempre queriendo acallarnos con una política militarista errada”.

Desde entonces la misma minga reivindicativa se ha repetido año tras año, gobierno tras gobierno, sin que las culturas indígenas sean realmente incluidas como actor integral de la nación. Terminé de entender su admirable capacidad de trabajo comunitario viajando a las escarpadas montañas del norte del Cauca a conocer el Proyecto Nasa, ganador del Premio Nacional de Paz en el año 2000, ejemplo de cómo construir un tejido social autosuficiente defendiendo la neutralidad en medio del conflicto. En junio de 2001 asistí a una minga en la vereda La María, en Piendamó, lugar sagrado donde los paeces se reúnen en asamblea general para moldear su “plan de vida”. Estuvo invitado el “superjuez” español Baltasar Garzón, que dedicó una mañana a escuchar las denuncias de los indígenas sobre los atropellos de la guerrilla, los paramilitares y la Fuerza Pública. Lo impactó el relato de los sobrevivientes de matanzas como la del Alto Naya, donde un centenar de personas fueron asesinadas por paramilitares, y la de El Nilo, donde 20 paeces más fueron sacrificados por narcotraficantes que les querían arrebatar una finca. (El drama de los indígenas wounaan desplazados por la violencia a Bogotá).

Le entregaron expedientes judiciales completos para que desde su posición de juez transnacional les ayudara a que se hiciera justicia por los crímenes en su contra. Garzón les dijo que lo que les había sucedido “es más grave que las caravanas de la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet” y, aunque les advirtió que no tenía competencia para investigar estos casos, se comprometió a que los pondría en conocimiento de la Corte Penal Internacional.

A pesar de que el Estado colombiano fue condenado por la matanza de El Nilo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que los indígenas del norte del Cauca fueran indemnizados, el cronograma de asignación de tierras que ordenó la sentencia fue incumplido gobierno tras gobierno. Por ejemplo, en 2005 el gobierno de Álvaro Uribe debía comprar 15.663 hectáreas para los nasas y les debía 2.300, sin importar el acta de compromiso firmada por el exministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt, durante un acto en la finca La Emperatriz, el lugar donde se planeó la masacre.

Por eso los nasas bajaban en minga y cortaban la caña que los terratenientes sembraban en ese lugar ancestral. El 8 de marzo de 2008 la entonces viceministra del Interior, María Isabel Nieto, estuvo en el corregimiento de Huellas y allí volvió a comprometer al Gobierno no solo en materia de tierras, sino en mejorar la asistencia en salud, educación y producción económica. Tampoco cumplió. Así lo denunció el Acuerdo de Cooperación 2008-2009 entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), donde se lee: solo el 40 % de las tierras recibidas por los nasas entre 1991 y 2005 eran aptas para la producción agrícola. El 60 % restante son “áreas con fuertes pendientes, sitios sagrados y zonas erosionadas”.

Según Ezequiel Vitonás, exalcalde Toribío y a quien acompañé en otra de esas jornadas, “el incumplimiento de los deberes del Estado no ha sido solo de los funcionarios de turno, sino de dirigentes políticos regionales, algunos acusados de nexos con paramilitares, que se han empeñado en que a los indígenas del Cauca no se les entregue ni una hectárea más de tierra”. Así lo manifestó en reacción a las marchas de las comunidades del Cauca el hoy condenado Andrés Felipe Arias cuando era ministro de Agricultura del gobierno Uribe.

Después de centenares de muertos en medio del fuego cruzado, volví a encontrar a los nasas con la misma coherencia social y política en la minga de Piendamó de 2009. En torno a una olla gigante de delicioso mote, le actualizaron y entregaron el expediente de sus desventuras al relator de las Naciones Unidas (ONU) James Anaya. Hubo más comunicados y medidas poco efectivas. Vitonás me dijo: “No sé cómo no estamos muertos a pesar de tanta acción humanitaria que hemos hecho”.

Enumeró las mingas con las que expulsaron, una y otra vez, a guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. A las Farc y al Eln los obligaron a devolver secuestrados, a respetar a la población indígena, a no reclutarla ni a violar sus derechos. Las mingas incluían desmantelar las trincheras que el Ejército Nacional insiste en montar en zonas sagradas donde los indígenas realizan rituales de respeto a la Madre Tierra. Feliciano Valencia, otro de los líderes paeces más importantes del norte del departamento del Cauca y que también lidera el actual movimiento, fue acusado del secuestro de un cabo del Ejército de origen indígena, descubierto vestido de civil y portando artefactos militares en un resguardo. Se había infiltrado en la minga de octubre de 2008 y fue juzgado antes de ser entregado a la Defensoría del Pueblo. También hay mingas para desactivar minas antipersonales o para pintar señales en casas, escuelas y puestos de salud que las identifican como zonas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Como los ataques no cesan, las cruzadas, kwe´sx txiwe nwe´way (en defensa de nuestro territorio) siguen en pie.

Los reclamos que oí aquellas veces, y en al menos dos mingas más a las que asistí hasta 2015, son los mismos o más graves: respeto a sus costumbres, leyes y resguardos, presencia integral del Estado, protección ante el avance de grupos armados ilegales, ahora disidencias de la exguerrilla Farc, que actúan como carteles del narcotráfico, y paramilitares, también mafiosos, como las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo.

El olvido estatal y la necesidad de autoprotección los ha llevado de una dimensión regional de movilización a una nacional, según Luis Acosta. “En esa época las mingas eran ocasionales y la guardia semipermanente, pero desde 2001 me asignaron la responsabilidad de crear un cuerpo permanente. Dejé la tiza y el tablero, cogí el bastón y empecé con 7 mil indígenas del Cauca. Ahora coordino a 70 mil en 29 departamentos del país”.

Acosta llega hoy a Bogotá al mando de 8 mil protestantes, luego de haber pasado por Armenia, Ibagué y Fusagasugá, antes de llegar a Bosa, sur de la capital del país. Convocó a 12 mil más, provenientes del Valle del Cauca, Caldas, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Antioquia y pueblos originarios del Caribe, con los que aspira a encontrarse el lunes para caminar hasta el centro de Bogotá y reclamarle al gobierno de Iván Duque -que el viernes se declaró abierto al diálogo- garantías de participación democrática, desarrollo rural, protección del medioambiente, en especial de las fuentes de agua, educación y, sobre todo, “protección de la vida de nuestros líderes y comunidades, cada vez más afectadas por asesinatos y masacres”. Según Indepaz, cerca de 300 indígenas han sido asesinados en el país desde 2016, más de 40 líderes este año, la mayoría en el Cauca.

Por eso su mecanismo más efectivo de defensa y manifestación es la minga: “Es hoy, más que nunca, toda una institución para la protección de nuestra identidad y nuestros territorios. Es uno de los baluartes de nuestra cultura, porque no es solo para exigirle al Gobierno que nos atienda y proteja, sino un encuentro para fortalecernos como organizaciones sociales y en el que compartimos pensamientos, escenarios, proyectos de vida y resistencia con movimientos afros y campesinos con los mismos intereses. Es el congreso de nuestra gente, porque tener un senador indígena no es nada comparado con una minga”. Los voceros aseguraron a El Espectador que, como siempre, avanzan desarmados y en actitud pacífica. Descubrieron y denunciaron a tres infiltrados que pretendían relacionarlos con grupos al margen de la ley.

Paradójicamente, los primeros seis meses de la pandemia por el nuevo coronavirus concentraron a las comunidades indígenas en sus territorios y cultivos, y esa producción facilitó la organización de esta minga. “El confinamiento nos puso a sembrar, volvimos al valor del cultivo, a la aguapanela con urusú y limoncillo, a los mercados internos, al trueque, a la solidaridad que llevó a nuestros cabildos y gobernadores a pedirle a cada miembro de la comunidad que aportara lo que tuviera. Di bultos de choclo, yuca y maíz, además de mi trabajo con la Guardia”, destaca Acosta.

En esa actitud llegan a Bogotá a ritmo de tambores y pitos, cantando el Himno de la Guardia Indígena, que fue grabado por primera vez en estudio y será presentado mañana lunes y durante el paro nacional convocado el 21 de octubre al que se sumará la minga.

Dice el coro: “Guardia, guardia. Fuerza, fuerza. Por justicia y supervivencia hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Pa delante compañeros, dispuestos a resistir, a defender nuestros derechos así nos toque morir por mi raza, por mi tierra”.

* Editor de El Espectador.

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