En la Plaza de la Memoria en Barranquilla, este sábado el Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, reconoció la responsabilidad del Estado colombiano por la muerte del campesino Ómar Zúñiga Vásquez y la tortura de su madre, Amira Vásquez de Zúñiga, en el municipio de San Jacinto, Bolívar.
Los hechos sucedieron en junio de 1992 cuando miembros de la I Brigada de Infantería Marina llegaron a la finca La Hicotea y se llevaron en un camión a Ómar Zúñiga y a su madre. Durante varios días, fueron torturados. Luego, liberaron a Vásquez y, aunque le dijeron que su hijo había escapado, pocas horas después de que la soltaran, el cadáver de Zúñiga fue encontrado.
En la ceremonia estuvo presente la familia de Zúñiga, representantes de la Fiscalía, ONG de ayuda a víctimas y representantes de la Unidad para las Víctimas. Según recogió el periódico El Universal, Carmen Zúñiga, hermana de la víctima, que, aunque aceptan el perdón, “queremos que quienes mataron a mi hermano paguen con cárcel y nos indemnicen”.
En el acto, el ministro Londoño dijo: “Asumimos la obligación de continuar trabajando en la reparación integral de su familia, no sin antes reiterar el perdón público por lo sucedido. Hoy nos juntamos para conmemorar la vida y la existencia de un hombre trabajador y alegre miembro de familia, contra quien se cometieron tan lamentables hechos”.
Además de la ceremonia pública, las demás medidas que acordaron las partes en el Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son: la entrega de los restos de la víctima (que ya fueron recibidos por su familia) y la reparación integral por los hechos sucedidos en 1992.