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La disponibilidad de esas tarjetas "debió garantizarse con anticipación para asegurar el derecho al sufragio y evitar el uso de soluciones artesanales, como la eventualmente puesta en práctica por la Registraduría mediante el uso de fotocopias", apuntó la misión en el documento.
El informe preliminar de ocho páginas señala que "la Misión observó falta de tarjetas electorales (...) en algunos puntos de votación en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Medellín".
De acuerdo con la misión observadora, la falta de esos documentos "generó confusión y malestar en los votantes y en las organizaciones políticas en disputa".
La Fiscalía de Colombia informó que abrió una investigación al órgano electoral por lo ocurrido.
De acuerdo con el fiscal general, Néstor Martínez, la indagatoria fue abierta "con el objeto de establecer si se podría haber cometido algún tipo de conducta que resulte relevante desde el punto de vista penal".
La falta de esos documentos ocurrió según el registrador Juan Carlos Galindo porque "por problemas presupuestales no se imprimieron la totalidad de tarjetas (36 millones, el número de colombianos habilitados para votar), solo se imprimieron 15 millones".
A 40 minutos del cierre de la jornada electoral, el funcionario aseguró que la situación estaba "normalizada".
Además de los problemas con las tarjetas, la misión de la OEA manifestó su "preocupación por las agresiones sufridas por algunos candidatos a la presidencia y otros actores políticos en actividades de campaña".
Por ello, el grupo de veedores "condena enérgicamente esos hechos y hace un llamado para el pronto esclarecimiento de los mismos".
El grupo de la OEA, no obstante, destacó que la jornada electoral del domingo "ha sido la más tranquila en muchos años. Ello merece ser reconocido y celebrado".