La mujer que se enfrentó al narcoparamilitarismo

Su valentía al luchar contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Henry Pérez y Fidel Castaño le arrebató a su padre y la mandó al exilio.

El exgobernador de Boyacá y padre de la jueza, Álvaro González. / Archivo

Una providencia en la que se ordenó la captura de los temidos narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, y de los comandantes paramilitares Henry Pérez y Fidel Castaño, terminó por exiliar y acabar con la carrera de la persona que reveló la relación entre el narcotráfico y el paramilitarismo. Se trata de Martha Lucía González Rodríguez, la jueza segunda de orden público que investigó las masacres ocurridas en las fincas Honduras y La Negra (Urabá), perpetradas el 4 de marzo de 1988, y que por su trabajo tuvo que exiliarse, y después ver cómo la muerte de su padre fue el acto de venganza de la alianza criminal que ella denunció.

Fue la jueza quien se atrevió a revelar el triángulo criminal entre el narcotráfico, el paramilitarismo y algunas autoridades civiles y militares. Una investigación que la llevó a tomar la decisión más difícil de su vida: abandonar su carrera judicial y dejar su vida, su familia y Colombia. En el expediente se relacionó también al exalcalde de Puerto Boyacá Luis Rubio quien, según personas que conocen a fondo la historia de Martha Lucía, es junto con autoridades militares y autodefensas, el responsable del constante acecho que han sufrido la jueza y su familia durante 25 años de exilio.

Después de abandonar el país el 31 de agosto de 1988, el proceso llegó al despacho de la jueza María Elena Díaz Pérez, quien ratificó la decisión de Martha Lucía y, a pesar de ser una jueza sin rostro, fue asesinada por sicarios el 28 de julio de 1989. En el crimen también fue ultimada toda su escolta. Después de esta situación y bajo el latente miedo que significaba que la justicia actuara contra estos capos, un tribunal ratificó el proceso. La investigación que reveló el actuar criminal en el Magdalena Medio, cuna del paramilitarismo colombiano. De haber tenido en cuenta estas decisiones, el país no hubiese vivido la barbarie de las autodefensas.

La doctora González se convirtió en una de las primeras juezas de orden público en el país, algo así como la primera unidad antiterrorista que tuvo Colombia. Por designación le tocaron las masacres de Honduras y La Negra y fue cuando, según personas cercanas, el paramilitarismo y el narcotráfico se le vinieron encima. Le hicieron varios atentados fallidos, pero especialmente tres la hicieron tomar la decisión de abandonar el país. El primero de ellos, al parecer, fue orquestado entre la Policía y los paramilitares del Magdalena Medio, que intentaron asesinarla mientras realizaba una inspección judicial en una finca llamada La Esmeralda.

Fue en medio de una pista que tenía la Policía en el Magdalena Medio. Un avión de la institución dejó a la jueza junto con 20 personas más que pertenecían a la Fuerza Pública, el DAS y la Dirección de Instrucción Militar. Según relataron personas que estuvieron ese día con la jueza, los hicieron esperar todo el día sin comida ni comunicación. Al regreso del avión que los devolvería a Bogotá, se enteraron de que el plan era que un camión repleto de paramilitares los atacaría. Sin embargo, todo falló después de que el vehículo en el que se movilizaban los sicarios sufriera daños irreparables.

Otro episodio que reveló el deseo que tenían ‘narcos’ y ‘paras’ de asesinar a la jueza, fue cuando un día se demoró en su oficina y no salió a la hora a la que normalmente salía por el riguroso esquema de seguridad —tenían horas determinadas para salir de la casa y regresar, y asimismo había una ruta específica por la cual se desplazaban—. Durante los minutos de más que se quedó en su lugar de trabajo, recibió una llamada en la que le advertían que habían desmantelado un atentado en su contra. El último caso que reflejó que su vida corría peligro fue cuando una camioneta que estaba parqueada a las afueras de su casa la persiguió en contravía por toda la carrera 30 (Bogotá) y sólo desistió de sus intenciones cuando el esquema de seguridad llegó al edificio del DAS.

La situación que finalmente llevó a Martha Lucía a tomar la decisión de irse de Colombia fue un episodio con el exministro de Defensa Rafael Samudio Molina. En esa oportunidad, Molina le hizo un fuerte reclamo por vincular a distintos oficiales a los procesos que adelantaba por las masacres. Sin embargo ella se negó. La respuesta del exministro fue, al parecer, amenazarla al decirle que toda persona tenía un talón de Aquiles, y que si no lo tenía era fácil creárselo o realizarle un montaje para dañarle su carrera. Fue entonces cuando el expresidente Virgilio Barco y el entonces director del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, tomaron la determinación de enviarla como cónsul a Indonesia.

Estando en el país asiático, recibió la llamada que marcó su vida. El 4 de mayo de 1989 asesinaron a su padre, el exgobernador de Boyacá Álvaro González Santana. Sicarios lo acribillaron al frente del Parque Nacional en Bogotá. Quien le dio la noticia fue el entonces embajador en Indonesia Alberto Villamizar. Personas cercanas dicen que su vida dio un giro radical. Se echaba la culpa de haber aceptado el proceso, de haber puesto en peligro a su padre y de haber sido la supuesta artífice del asesinato. Igualmente, se dijo que uno de los principales sospechosos había sido el exalcalde Rubio.

Desde ese entonces, Martha Lucía sólo ha regresado dos veces a Colombia. La primera vez en 1991, cuando nació su primera hija, y la segunda en 2000, cuando el gobierno le quitó su protección, supuestamente porque ya no corría peligro viviendo en el exterior. En esa oportunidad vino a solicitar que no fuera despedida de su cargo de cónsul —que había ejercido en Indonesia y en un país europeo—. Sin embargo, sus esfuerzos de nada sirvieron y regresó a Europa a continuar con su vida en compañía de su esposo, sus dos hijas y sus hermanos, quienes también se fueron de Colombia por la situación de riesgo.

Homologó su título en el exterior y hoy en día trabaja con una fundación que ayuda a inmigrantes latinoamericanos en Europa. Según le revelaron a este diario, aún sigue con el duelo por la muerte de su padre y con la nostalgia de algún día regresar a Colombia, el país al que ella intentó cambiarle la cara, pero una alianza narcoparamilitar se lo impidió. Aún persiste esa prohibición de pisar otra vez este territorio, porque las amenazas continúan y su condena a muerte sólo se acabará cuando haya justicia en su caso.

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@santsmartinez