'Es necesario diferenciar la minería ilegal de la informal'

Federico César Gamarra, es uno de los investigadores con más experiencia de campo en temas de desarrollo rural y experiencia en proyectos de desarrollo para la Minería artesanal. En su carrera ha hecho parte de forma activa en la formulación de Planes Estratégicos participativos de Desarrollo, Planes Operativos y Presupuesto Participativo a nivel Municipal y Regional.

En la actualidad es el coordinador operativo de los proyectos de ‘RED SOCIAL’. Estuvo de vista en el país para participar como conferencista en panel “Minería y Conflicto Armado en Territorios Étnicos” organizado por la Unidad de Restitución de tierras que tuvo lugar el pasado viernes. En entrevista con El Espectador, habló de la necesidad de crear dispositivos que diferencien claramente la minería ilegal de la informal.

El proceso de restitución de tierras que adelanta el gobierno mediante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), es una de las apuestas por la paz que tiene el actual gobierno. ¿Qué opina de dicho proceso?

Tengo una impresión muy positiva, me parece clave que Estado y la sociedad tengan en claro que las personas afectadas, sobre todo por el conflicto armado necesitan ser reparadas porque sus derechos fueron vulnerados, y que sus derechos deben ser restituidos. Este es un aspecto sumamente clave.

Usted fue uno de los principales conferencias en el panel “Minería y Conflicto Armado en Territorios Étnicos” organizado por la URT. ¿Cuál es su balance?

El foro es un espacio de discusión fundamental, sobre todo porque hay muchas cosas que las personas desconocen o no conocen muy bien, tienen muchos prejuicios frente al procesos, por eso dichas dudas se deben aclarar. También se deben generar espacios de diálogo.

¿Se puede conciliar el desarrollo económico y la preservación de las prácticas culturales de los pueblos originarios?

Yo creo que para mirar hacia el desarrollo se tienen que operar cambios en todos los actores, es cierto que han existido experiencias muy nefastas en los empresarios mineros en América Latina.

Es necesario que ellos también vayan cambiando y de hecho yo he venido observando donde han existido experiencias que van cambiando, no sólo han adquirido el compromiso de cumplir la ley sino también de practicar una responsabilidad social.

Hay otro grupo de empresas que están trabajando en otro punto de orientación, en una política de enclave, entonces, hay que llevarlo a la práctica. Obviamente si tú dejas que los empresarios se propasen, van a avanzar y van a atropellar los derechos de los demás.

¿Qué se debe propiciar en las comunidades?

Debemos generar una búsqueda por el desarrollo sin tergiversar las bases de su identidad cultural, eso también corresponde a sus líderes enfrentar como avanzar en ese proceso. Hay que operar cambios para mirar el futuro como optimismo.

¿Cuál es la tarea del Estado y del Gobierno?

La tarea del Estado, del gobierno y de las comunidades es poner reglas: ‘sí quieres explotar un producto extractivo, debes cumplir estas normas’, y las empresas van a entrar en dichas lógicas.

No se puede generalizar la actuación de las transnacionales porque hay un código de ética por ejemplo, de las 20 empresas que se encargan de la explotación de oro tienen un código de ética, que puede ser declarativo o puede ser práctico, pero todo depende del país en que intervienen, y han expulsado a algunos miembros por no cumplir dicho código. Entonces no podemos hablar de una sola posición sino que existe una interacción.

En el foro, muchos de los asistentes se refirieron de manera reiterada a la necesidad de una ‘reforma agraria’ para consolidad la paz. Una transformación socioeconómica propuesta desde hace décadas, y que la Unidad de Restitución de Tierras ha venido abonando, sin ser propiamente una reforma agraria radical. ¿Qué tan necesaria es una reforma agraria en el país?

Si bien la reforma agraria es una bandera de los procesos de izquierda, todos los países del mundo han pasado por una reforma agraria, es por ello que yo la considero necesaria.

Ahora hay que reflexionar sobre ella, cómo se realiza y en qué condiciones, no se puede reproducir el modelo de los países antidemocráticos, donde el Estado controla todo, ese esquema ya caducó. Hay que desarrollar las ideas de reafirmación de la democracia, del desarrollo económico de nuestros pueblos.

¿Cuál es diagnóstico de la minería artesanal en el país?

No podemos dejar de mirar los problemas de la minería artesanal. Por ejemplo una vez escuche como una minera del Chocó se sumergía en las aguas del río, pero lo hacía con una piedra en la nuca, son situaciones muy duras, ‘no podemos decir, es minería artesanal y dejarlo así’.

También hay que evaluar cuales son las limitaciones y cuál es el impacto en las personas, para que la misma comunidad discuta y desarrolle estrategias de mejoramiento de esto.

La minería ilegal es uno de los problemas más álgidos que enfrenta la realidad nacional. ¿Cómo debería proceder el gobierno en su lucha contra las bandas criminales, sin criminalizar otras prácticas de minería como la artesanal?

El tema de fondo es conocer el dispositivo que califica a las personas que practican la minería de ilegal, no podemos darles a todos ese calificativo, porque hace referencia a un delincuente. Debemos separar a aquellos que son ilegales, a los que requieren un plan de formalización.

Con los ilegales no hay posibilidad de negociación, hay necesidad de reprimir, pero lo realmente importante es generar los que los dispositivos que separen al informal del ilegal, que a su vez sean claros, porque a veces con una política y una legislación no muy clara se afecta a todos los sectores sociales, y eso es lo que se debe evitar.

El informal es quien está en por fuera de la legalidad pero puede aspirar a ella. Y el ilegal es que tiene una práctica que no podrá legalizar jamás.

¿Cuál debería ser la participación de la comunidad en el proceso de restitución de tierras?

A partir de la aplicación de unos dispositivos muy específicos, se está poniendo en la agenda una profunda problemática social que está afectando a miles de ciudadanos en el país. Esto es algo que no se debatía hace años, se deben abrir más espacios de discusión local y regional. Para poder consolidar un tejido social más sólido.