Niños víctimas de delitos sexuales pueden testificar contra parientes

Corte Constitucional protege derechos a una menor de seis añosque señaló a su tío de abusarla sexualmente y cuyo testimonio fue descartado en un proceso penal porque no se le advirtió que podía abstenerse de acusar a su familiar.

Foto:  123rf
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La advertencia no es nueva. Una vez más la Corte Constitucional insiste en recordarles a los jueces que los derechos de los menores de edad prevalecen sobre el derecho fundamental al debido proceso de sus victimarios.

El llamado se produce a raíz de un caso en el que un hombre fue denunciado por, supuestamente, abusar sexualmente de su sobrina de seis años de edad, en un proceso penal en el cual el hombre salió absuelto por falta de pruebas para incriminarlo.

A esa conclusión llegaron una jueza y el Tribunal Superior de Risaralda, que coincidieron en no admitir como prueba la entrevista hecha a la niña por una defensora de familia. La razón de esta negativa: haber omitido darle a conocer a la víctima que no estaba obligada a declarar contra su tío, lo que se traduce en la violación del artículo 33 de la Constitución Política.

Al confirmar la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), el Tribunal Superior de Risaralda consideró que en este caso se presentaba una tensión entre dos derechos: los de la menor víctima “a que el Estado investigue los presuntos hechos cometidos en contra de su integridad sexual, para que el responsable sea castigado penalmente por su conducta”. Y los del procesado a que “el juicio en su contra se adelante con estricto acatamiento al debido proceso, garantía que comprende el no ser acusado por un pariente cercano si a éste no se le ha puesto de presente el deber de no declarar”. Para el tribunal, en esa tensión tuvo mayor relevancia el derecho del procesado, por lo que debía excluirse como medio probatorio la entrevista rendida por la ofendida.

En su declaración ante una defensora de familia la niña narró, con pena, que el tío “me da besitos en la boca, en los senos, en la vaginita (...). El tío me metió el dedo en la vagina y el pene”.

Sin embargo, para Andrés González Tamayo, fiscal sexto seccional Caivas de Pereira, quien dirigió la investigación, con la decisión de excluir la entrevista de la menor dejó “sin piso probatorio el proceso penal, impidiendo que con ello se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y reparación de la niña”.

Con ese argumento interpuso una acción de tutela que el 19 de abril de 2012 fue declarada improcedente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que al no haber sentencia de primera instancia el proceso se hallaba en curso, por lo que el afectado puede reclamar dentro del trámite del mismo el respeto de las garantías constitucionales supuestamente violadas.

Descontento con la decisión, el fiscal insistió e interpuso otra tutela para tumbar la decisión del Tribunal Superior de Risaralda y lograr que la entrevista forense fuera tenida en cuenta como prueba para revocar la absolución del supuesto agresor.

Al estudiar el caso, la Corte Constitucional —en sentencia T-117 del 7 de marzo de 2013— encontró que el tribunal incurrió en una deficiencia probatoria en su decisión por negar de manera arbitraria, irracional y caprichosa la entrevista efectuada a la niña (ver ‘Pruebas mal valoradas).

Para resolver la disputa jurídica sobre la introducción de esa prueba en el proceso penal, la Corte Constitucional indicó que aunque el artículo 33 de la Constitución Política dispone que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, lo anterior no significa desconocer ciertas excepciones para determinadas personas en cuanto a la obligación de declarar en un proceso penal fundadas en: (1) la protección a la familia; (2) el derecho a no autoincriminarse; y (3) la protección de las actividades profesionales”.

Bajo esta perspectiva, anotó la Corte “que lo realmente importante no es que se cumpla con el requisito de enterar al declarante sobre la facultad que tiene de abstenerse de incriminar al pariente. Lo verdaderamente trascendente es que el testigo “no sea obligado a declarar en contra de las personas contenidas en el artículo 33” de la Constitución Política.

Citando a la Corte Suprema la Corte señaló que “al margen de lo anotado, conviene precisar que la omisión de la prevención sobre la ‘excepción al deber de declarar’ constituye una simple inobservancia que no afecta la validez de la diligencia”.

Con esos argumentos, concluyó que “la entrevista forense a los menores abusados es crucial en la investigación penal, por lo que es vital que ésta se lleve a cabo por expertos en psicología o cualquier otra ciencia del comportamiento humano y que éstos generen un ambiente de confianza que influya en la declaración libre y espontánea del menor de los hechos materia de investigación”.

Nada diferente a lo realizado por Mariana Agudelo, defensora de familia del Centro Zonal Pereira Caivas, quien durante la entrevista forense a la menor aplicó las exigencias legales para este tipo de casos.

Para la Corte Constitucional, es evidente que en la entrevista “se aportan datos significativos que demuestran del relato de la menor una serie de conductas realizadas en contra de su integridad, narración a la que fue posible llegar luego de la aplicación de técnicas especializadas por la defensora de Familia, a fin de lograr que la niña, en un ambiente de confianza y tranquilidad, expresara las situaciones de las cuales fue víctima. La experta se enteró de lo sucedido de primera mano, presentó un panorama real de la situación, analizó la credibilidad del testimonio rendido e indagó sobre su aspecto emocional, familiar, social y educativo. Como se puede apreciar, la defensora de Familia logró, luego de aplicar su conocimiento técnico, que la menor contara de manera espontánea lo sucedido con su tío”.

En consecuencia, dice, “al aplicarse técnicas y conocimientos especializados en la entrevista que favorablemente condujeron al relato de los hechos por la menor, no puede por ello el Tribunal afirmar que la diligencia era ilegal al no hacerse la salvedad del artículo 33 Superior, toda vez que era claro que al cuestionar la menor sobre dicho precepto legal, resultaría de un lado afectando la espontaneidad de su relato y además carecería de todo sentido dada su incapacidad de comprender los efectos legales del acto”.

En este sentido, la Corte determinó que el Tribunal erró al considerar que debía excluirse el relato de la menor simplemente porque no se llevó a cabo con la salvedad de la norma constitucional, “lo que evidencia la ocurrencia de un defecto fáctico por omisión en la valoración de la prueba, pues tanto juez como el Tribunal negaron la prueba sin ponderar los intereses en juego, por ello resulta para esta Sala un defecto fáctico que se descarte el valor de la prueba testimonial tan determinante, bajo el equivocado que su recepción infringió garantías constitucionales que como se explicó anteriormente no se predican de la entrevista forense en el marco de delitos sexuales contra menores”.

Con los anteriores elementos de juicio la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alexei Julio Estrada, revocó las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Pereira, y ordenó al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) que profiera una nueva providencia en la que se haga una valoración probatoria de la entrevista realizada a la niña víctima de abuso sexual.

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La importancia de la entrevista forense

La entrevista forense a la víctima en el proceso penal es un elemento central al inicio de la actividad investigativa, ya que de la información obtenida de esta fuente primaria, la autoridad judicial se podrá formar una visión de los hechos, las personas que participaron, las posibles motivaciones y un sinnúmero de antecedentes que le servirán para comenzar a desarrollar hipótesis de trabajo, y con ellas dar las instrucciones preliminares a los organismos auxiliares para que se efectúen las primeras diligencias investigativas.

De esta manera, la entrevista, interrogatorios o contrainterrogatorio que realizan los especialistas de la ciencia del comportamiento humano (psicólogos) deben evaluar al menor-víctima en el marco de un ambiente relajado, informal en medio del cual se escucha, registra y analiza las manifestaciones del afectado sobre hechos que interesan al proceso. Inclusive, la mayoría de las veces se deben introducir actividades lúdicas apropiadas para la edad del menor.

Pruebas mal valoradas

La sentencia T-554 de 2003 de la Corte dejó sin efectos la decisión de un fiscal que precluyó una investigación penal sin la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se requería para determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que se le había imputado al sindicado.

En la sentencia T-458 de 2007 la Corte cuestionó a una jueza por valorar defectuosamente un dictamen pericial y deducir erróneamente que la menor sí tenía capacidad para discernir y consentir la relación sexual llevada a cabo. “Es una valoración defectuosa de una prueba que terminó separando el fallo de lo que realmente aparecía como probado”, anotó la Corte.