'No me pueden sancionar ni por un segundo'

Mauricio Valencia fue destituido e inhabilitado por 11 años para el servicio público, pero la medida fue cambiada por una suspensión de ocho meses. Revive el debate sobre la politización de la Procuraduría.

Mauricio Valencia, el sancionado secretario de Infraestructura de Antioquia. / Luis Benavides

La procuradora segunda delegada para la contratación estatal, Irma Trujillo Ardila, modificó la decisión de primera instancia que en el mes de mayo había destituido e inhabilitado por 11 años al arquitecto Mauricio Valencia Correa, secretario de Infraestructura de Antioquia. El reciente fallo de segunda instancia redujo la sanción disciplinaria a una suspensión de ocho meses en el ejercicio de su cargo.

Este proceso disciplinario se inició después de que se revocara la adjudicación del contrato para construir los 4,1 kilómetros que conectarán la carrera 80 con el túnel Fernando Gómez Martínez (corredor de competitividad, vía a Urabá).

El caso del exalcalde de Medellín Alonso Salazar es el antecedente más cercano que permite enmarcar el debate que genera la modificación de la sanción al secretario de Infraestructura: la posible politización de la Procuraduría. Valencia Correa era la “carta fuerte” de Compromiso Ciudadano por Colombia, partido político liderado por Sergio Fajardo, para las próximas elecciones a la Gobernación de Antioquia.

Valencia habló con El Espectador sobre la sanción de la Procuraduría. Y, por otra parte, permitió el acceso a todas sus declaraciones de renta de los últimos años, para aclarar las dudas que ha suscitado en algunos sectores su relación con el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed).

¿Cuál es su versión detrás de la sanción de la Procuraduría?

Todo se origina con la revocatoria de un proceso de licitación del año pasado. La licitación evidenció una participación importante de firmas extranjeras y nacionales en consorcios. Uno de los términos en los prepliegos, que estuvieron colgados tres meses, advertía que si un documento era incongruente o no hacía alusión a la realidad, daba lugar al rechazo: el formulario evaluaba la capacidad de contratación residual que tuviera una empresa (capacidad de ejecutar sin desbordarse). ¿Fue excesivo? Puede que sí. Los pliegos y prepliegos eran las reglas del partido. Defendimos a muerte los pliegos de condiciones. Nos decían: dejen subsanar (corregir el documento). Si yo lo hubiera dejado subsanar en el proceso, sabía a quién adjudicarle y a quién no. Había más de 1.350 contratos, muchos de ellos fuera de Colombia. En algunos casos, habían sido socios entre ellos. En tres audiencias de adjudicación que hacíamos públicas se rechazó el que quedó en primer lugar, después el segundo, y así sucesivamente. Fue un proceso abierto, transparente, está grabado: eran errores muy elementales, se advertían entre ellos mismos. Después de un proceso largo, a mediados de 2013, llegamos a la tercera audiencia: el que estaba en noveno lugar pasó al primero. Se adjudicó el contrato a la firma Arquitectura & Concreto (A&C) Conasfaltos y una firma española. Cuando lo leí en audiencia pública, una persona allí me dijo: por lo mismo que me rechazaron a mí, ustedes debieron rechazar al que usted le acaba de adjudicar.

¿Y usted qué hizo?

Si yo me hubiera hecho el bobo, los otros ocho proponentes me hubieran dicho que yo estaba favoreciendo a A&C. Luego de leer el documento se evidenció que posiblemente podía haber un error. Le escribimos a la unión temporal A&C y ellos respondieron que efectivamente tuvieron un error pero que el contrato ya había sido adjudicado y que debíamos elaborarlo. Internamente hicimos un análisis muy exhaustivo, con la secretaria general, Clara Luz Mejía, y todo su equipo de la Subsecretaría Jurídica. Fuimos donde el gobernador. Voy a cumplir once años de servicio público y nunca me había tocado una revocatoria; se tomó una decisión por recomendación de la jurídica y todos los equipos: revocar esa adjudicación. De 22 propuestas que recibimos la primera vez, pasamos a 25. Los mismos de la primera participaron en la segunda. Se le adjudicó al consorcio Ferrocol-Loma Hermosa, conformado por Colpatria y una firma española.

¿Por qué el concejal Bernardo Alejandro Guerra advierte una “celebración indebida de contratos”?

Está diciendo que nosotros favorecimos una firma que hace parte de un relacionamiento de trabajo con Fajardo Moreno, que tiene que ver con la familia del gobernador.

Explique esa relación.

Fajardo Moreno, como constructora, tiene algunos desarrollos de proyectos en los cuales Bancolombia financia unos, Colpatria les financia a ellos. Colpatria tiene banco, entidad fiduciaria, etc.; también tiene constructora. Constructora Colpatria ganó la licitación en el segundo momento con esta firma española. De ahí las denuncias del concejal. A&C elevó una demanda hacia nosotros por una utilidad esperada de $3.500 millones. Paralelamente, la Procuraduría tomó como referencia un texto de El Colombiano que decía: “Freno a contratos en la Gobernación de Antioquia”. Fue cuando defendimos nuestra actuación.

¿Qué acciones emprendieron frente al primer fallo?

Solicitamos alegatos, que se hicieran descargos verbales, que fueran tenidos en cuenta testigos que no lo habían sido. Contra mí no puede haber una sanción de un día, ni de un segundo.

¿Qué irregularidades observa en el proceso?

En el fallo de primera instancia fue muy extraño que no se hubieran tenido en cuenta los testimonios de la secretaria general de la Gobernación, por ejemplo, quien participó en la decisión y nos ayudó a tomarla, ni de sus subalternos, que por tener conflicto de intereses. Es más preocupante que no se haya tenido en cuenta el testimonio del representante legal del consorcio, que admite en la audiencia pública que ellos se equivocaron, y que por ese mismo error habían rechazado o descalificado a otros proponentes. Eso lo deja a uno sin los instrumentos de defensa.

Sigue una denuncia ante Fiscalía por enriquecimiento ilícito...

¡Enriquecimiento ilícito es para ladrones, narcos, bandidos! Con una documentación muy detallada, acudí con todas mis declaraciones de renta: qué he tenido, qué ha tenido mi esposa (Inés Mejía Ángel, en actual proceso de divorcio), antes del servicio público, sociedades que tengo. Mi papá es César Valencia Duque; suyo es el Grupo Habitar: son fundadores y socios de restaurantes. Yo era socio y renuncié cuando empecé aquí (servicio público) para no poner en riesgo temas patrimoniales. Y en mi ejercicio como arquitecto he participado en proyectos inmobiliarios múltiples: Astorga Loft, Oficentro Astorga, Forever, Vintage, Promotora La Floresta. Hice casas, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, con la que me gané la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. He hecho diseño, construcción, he sido gestor y socio de proyectos. Todo está en los papeles (desde 1999): acciones, adquisición de un apartamento, un terreno en La Ceja, uno en Rionegro, uno que se llama finca Triganá...

Habitantes del sur del Valle de Aburrá están molestos por el impuesto del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed). El 20% de los contribuyentes afectados por el derrame deberá pagar hasta $50 millones. En Twitter, el concejal Guerra escribió: “Casa de Mauricio Valencia vale aprox. 7 mil millones y sólo paga 747 mil de valorización”. ¿Cómo explicar esto a la ciudadanía?

El concejal se enteró de ese pago de Fonvalmed primero que yo. Yo compré el lote en la parcelación Cedro Verde el 14 de septiembre de 2009, suscribí un encargo fiduciario; después se volvió una escritura pública. Entonces vio la resolución 0725 del 29 de julio de 2009, acto administrativo mediante el cual el alcalde Alonso Salazar decretó de acuerdo al Plan de Desarrollo, y la lista los proyectos que se iban a construir para el derrame de valorización. El artículo segundo resuelve la zona de citación, el perímetro sobre el cual se haría el derrame. El acta número tres del Concejo Municipal de Valorización, del 18 de febrero de 2009, define las obras. Hacíamos parte del Concejo Nora Salazar, como secretaria general, presidenta; Iván Mauricio Pérez, secretario de Hacienda; Carlos H. Jaramillo, director de Planeación, y yo, secretario de Obras Públicas, encargado de la ejecución de los proyectos. Yo sí conocí cuál era el perímetro, las obras a desarrollar. Nosotros conceptuamos cuáles eran las obras a decretar y la zona de citación. Esta resolución la firmó el alcalde. Hay una justificación enorme de la metodología, con qué modelo, cómo se decidió el derrame de valorización. A la fecha de la resolución de la zona de citación todos mis predios (una oficina, el 16% de un local y el 50% de un apartamento) estaban dentro del área de citación. Cedro Verde estaba por fuera del perímetro. Con los predios que yo tenía, sin incluir Cedro Verde, tendría que pagar más de lo que pago hoy, porque luego la zona fue ampliada. Obviamente voy a pagar valorización. No he escrito a Fonvalmed a preguntar por qué me van a cobrar, como otras personas lo habrán hecho.

Tuvo acceso a información privilegiada para decidir sus inversiones de propiedad raíz...

Si alguien quiere tener malicia de las cosas: por supuesto. Estas obras se debieron haber construido hace tres o cuatro años; el hecho de que se hubiera ampliado la zona de citación generó un desgaste administrativo enorme. Lo que está demostrando ahora esa zona de citación, por lo que me llega a mí para pagar, que es casi $1’500.000, fija que había zonas que no generaban ningún beneficio: lo había dicho el estudio de factibilidad y prefactibilidad.

¿En Cedro Verde viven otros funcionarios públicos?

Que yo sepa: Carlos Mario Montoya, del Área Metropolitana.

¿Qué tipo de relación tiene usted con Luis Alberto García, director de Fonvalmed?

Lo conocí cuando yo estaba como secretario de Obras Públicas del municipio de Medellín. Él era el gerente del Plan Integral de El Poblado, en la alcaldía de Sergio Fajardo. Después asumió como director del Fonvalmed.

¿García fue subordinado suyo?

No.

¿En qué falló usted?

Uno apuesta a muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con lo que uno representa como funcionario, la dignificación de la función pública, del deber, aquí no es carreta ni cuento: ni un milímetro me equivoqué. La sociedad tiene que identificar muy bien qué es lo que está pasando, qué poderes se están enfrentando. Esto es ver cómo se sacuden los poderes tradicionales ante una forma digna de hacer la política, no desde la demagogia. Llevo once años en esta actividad, yo sé cómo ser coherente frente a unos principios que nos rigen. A mí el gobernador jamás me ha dicho que trabaje con alguien determinado, eso hace muy fuerte un sistema. Nosotros defendemos la acción de lo público.

¿Volverá al ejercicio de lo público?

Esto lo afecta a uno en el alma, en la intimidad lo pone a uno muy maluco. Hay un bullying político por lo que uno representa: quieren tocar al gobernador. Eso no es sano. Quisiera decirte que sí. Me duele que se corte abruptamente, como ahora. Respondo como jugador de fútbol: miraremos a ver qué pasa.

Mauricio Valencia Correa no reside en la polémica casa de Cedro Verde, cuyo avalúo total y real es de $3.394’468.000. La vivienda es ocupada por su familia. El arquitecto se niega a hablar de persecución política, no quiere señalar a nadie.