“No queremos más el sello de víctimas”: líderes comunitarios

Germán Valencia y Stephany Sánchez han vivido en carne propia el conflicto armado en el sur del país. Ahora hablan de sus expectativas y temores frente a la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.

 Germán Valencia, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y Stephany Sánchez, de la Red Caquetá Paz.  / Óscar Pérez
Germán Valencia, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y Stephany Sánchez, de la Red Caquetá Paz. / Óscar Pérez
En Caquetá y Cauca el conflicto armado ha sido una constante. Tomas guerrilleras, secuestros, asesinatos colectivos han marcado la historia de ambas zonas del país. Así lo cuentan Germán Valencia, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y Stephany Sánchez, de la Red Caquetá Paz y de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, quienes trabajan para que la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc sea una realidad.
 
Valencia y Sánchez son víctimas de la guerra que durante más de 50 años ha enfrentado al Gobierno con las Farc y que se encuentra próxima a terminar. Los dos hablaron este martes en el debate “Paz y derechos humanos, el desafío colombiano” organizado por El Espectador, la Usaid y la Universidad Santo Tomás. Este diario dialogó con ellos sobre sus expectativas y sus temores frente a la próxima implementación de los acuerdos. El principal reto que ven es que un proceso que debe pertenecer a los colombianos sea politizado por los sectores que ven en él una forma de beneficiarse.
 
¿Cómo conciben la paz desde las regiones?
 
Stephany Sánchez: Soy de Peñas Coloradas (Caquetá), de donde nos sacó el Ejército, escudándose en que nos quisimos ir. Ellos se ubicaron en el pueblo y empezaron a pelear con la guerrilla, ¿cómo no iban a querer que la ciudadanía se saliera? Nosotros, las víctimas del conflicto, los jóvenes, hemos inculcado en nuestras regiones que la paz es algo que queremos y llamamos a gritos. Que no tiene que haber personas que intercedan para desviar lo que es ahora un sueño, pero que queremos que sea una realidad. Como caqueteños no queremos más el sello de “víctimas”, sino cambiar la página. Somos iguales a todo el mundo. Somos capaces de construir un país nuevo, diferente.
 
Germán Valencia: Que la gente que hace la guerra, deje hacerla. Ese es el llamado que nosotros hacemos desde el 2008, después de un enfrentamiento de más de 16 días en el resguardo de Tacueyó en la vereda La María (Toribío, Cauca). La población civil quedó en medio del fuego cruzado. Ese día le dijimos al pueblo colombiano que era necesario que el Gobierno y los grupos armados se sentaran a hablar para terminar la guerra.
 
Vemos con agrado que el Gobierno y las Farc se hayan sentado a buscar una salida, que para nosotros no es la paz, sino la terminación de un conflicto de más de 50 años. A pesar de que siguen los asesinatos selectivos a líderes sociales y a comuneros, el narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia común y la minería, el contexto al menos sí ha cambiado. Hoy la gente ve este diálogo de manera positiva. Los pueblos indígenas llamamos a los colombianos para que se apropien de los acuerdos. No son los partidos políticos, los grupos religiosos ni los sectores de derecha, sino los pueblos colombianos, los encargados de decir cómo será la implementación.
 
¿Qué estrategias han implementado las comunidades para perdonar?
 
S.S.: Las organizaciones sociales de base son las más indicadas para entablar conversaciones con quienes nos han hecho daño, para construir algo diferente desde los mismos territorios. Hemos creado espacios de reconciliación donde perdonamos y damos la oportunidad a los actores armados de contarnos qué perspectiva tienen de lo que está pasando. Nos falta mucho camino, pero en lo que llevamos ya somos ganadores, porque en Cartagena del Chairá queremos paz.
 
G.V.: La historia del Cauca está marcada por la guerra. Ha habido muchos hechos que han ido contra los pueblos indígenas, pero también hay que revisar la historia del departamento desde una óptica positiva. El movimiento indígena caucano ha hecho procesos de perdón y esa es nuestra apuesta: perdonar y generar espacios de reconciliación. Hay dos experiencias que mostrar: la primera es el programa piloto de atención a desvinculados, donde hemos atendido a gente que ha sido parte de la guerrilla y ha querido regresar a nuestras comunidades. Otro espacio es la guardia indígena, que protege tanto a militares como a guerrilleros.
 
Desde hace un tiempo las Farc han pedido perdón a través de actos, ¿esta reparación simbólica es suficiente o hay que ir más allá?
 
S.S.: No es tanto que pidan perdón, sino que no se reiteren en lo que ya pasó. No es desmovilizarse y ya, es que ellos apuesten por lo mismo que nosotros como víctimas le apostamos. Pedir perdón es lo de menos, el deber ahora es construirlo.
 
G.V.: Los gestos de las Farc en cabeza de algunos dirigentes son de buena voluntad, pero para llegar a un ejercicio efectivo del perdón debe haber acciones prácticas y concretas que generen confianza, porque finalmente eso fue lo que se perdió a lo largo de estos 50 años. Para nosotros, los pueblos indígenas, no puede haber perdón si no hay respeto a los procesos sociales, si no hay desmonte de estrategias implementadas por ellos en nuestros territorios, ni respeto a las autoridades tradicionales, ni reconocimiento a los procesos alternativos. Debe haber una recomposición social, territorial y organizativa.
 
¿Cómo ven ustedes los planes de posconflicto para resarcir los daños ambientales que han causado todos los actores armados?
 
S.S.: Hay que entender que nosotros mismos somos los culpables del daño, pero también el Gobierno. En el caso del Caquetá, la ganadería extensiva es uno de los impactos ambientales más fuertes y nosotros los jóvenes hemos hecho un llamado a los campesinos a cambiar sus estrategias, pero debe ser una garantía desde el Estado. Al igual que con los cultivos ilícitos, se requiere un cambio integral y la garantía estatal de comercialización.
 
La Amazonía colombiana es la mayor riqueza del país y nosotros nos hemos esforzado por cuidarla, pero no podemos sin el apoyo que nunca nos han dado. Una sola golondrina no llama al agua.
 
G.V.: Ese es un gran temor que tenemos, los que hemos sufrido la guerra. No vaya a ser que con la excusa de los diálogos de paz entre otro modelo que también nos agreda, como es el modelo representado por los megaproyectos. Si uno hace el balance desde el tema del acuerdo y el cese bilateral, la minería ilegal en Colombia ha aumentado. El Chocó está desbaratado, el Cauca afectado por la agroindustria y en el Putumayo hay comunidades o procesos a punto de resquebrajarse, debido al ingreso de las petroleras desconociendo y avasallándolo todo.
 
Nuestra apuesta es decirle al Gobierno cómo es que nosotros estamos pensando el desarrollo y la economía, para que los modelos no agredan a los territorios ni a las comunidades. La preocupación ha existido desde la instalación de la mesa, por eso estuvimos activos participando. Al final incluimos un capítulo étnico en el proceso, donde le decimos tanto a la guerrilla como al Gobierno que la paz no puede ir en detrimento de afros, indígenas y campesinos, ni mucho menos de nuestros derechos especiales, es decir, el derecho a la consulta previa para instalar cualquier iniciativa industrial en nuestros territorios.
 
Este año ha arreciado la violencia hacia los líderes sociales y defensores de DD.HH., ¿creen que se están repitiendo episodios como el genocidio de la UP?
 
S.S.: Lamentablemente en el Caquetá ya tenemos la muerte de un líder en San Vicente del Caguán. Nuestra incidencia en muchos espacios ha hecho que seamos para el país un inconveniente. Ya se perdió la confianza con la institucionalidad y eso es lo que hay que cambiar ahora, porque así no se construye una paz como la que queremos.
 
G.V.: Ojalá eso no vaya a pasar, porque de ser así iría en contravía con el sueño, al anhelo y el querer de todos los que apostamos por la paz. Sería nefasto para Colombia. El Gobierno tiene tres retos ahora: buscar formas y estrategias de cómo combatir el narcotráfico y no a los cultivadores, combatir el paramilitarismo, ya que de allí vienen los asesinatos selectivos, las amenazas, las persecuciones. Y revisar la norma colombiana frente a la minería.
 
El domingo es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿ustedes creen que Colombia tiene algo que celebrar?
 
S.S.: Hay que conmemorar a todas las personas que se les han violado los derechos. Hay que proponer estrategias para que estos se cumplan en todas las regiones y se respeten sin distinción. Debido a la desintegración social y a la falta de oportunidades de los jóvenes, se necesita mucho apoyo y no económico sino de presencia. Es triste, porque si en Cartagena del Chairá una vaca se enferma, le llevan el médico veterinario a la finca, pero si el campesino se enferma, el médico no va a hasta allá, al campesino hay que sacarlo hasta el pueblo o hasta la ciudad.
 
G.V.: El Gobierno, como responsable, debe asumir compromisos con las personas a quienes se les han violado los derechos; en este caso a las víctimas. Aquí, en un país de tantas víctimas, hay más bien que reconocerlas, pero también el mundo debe reconocer la tierra como un sujeto de derecho.
 
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