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Para los pescadores artesanales de San Andrés, el popular adagio que asegura que “el remedio resultó peor que la enfermedad” se aplica en toda su dimensión tras las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con motivo del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en noviembre del año pasado. Es una situación que se discute en voz baja. Pocos quieren reconocer que la entrega de $1’800.000 —durante seis meses— a cerca de un millar de pescadores ha generado tantos problemas que algunos hubieran preferido que el presidente Juan Manuel Santos no hubiera tomado semejante medida.
Kent Francis, exgobernador y miembro de la comisión que orienta el Plan San Andrés, dice que la entrega de subsidios es perversa, no significa un estímulo para el sector y ocasiona distorsiones y desbalances en la vida de los raizales. “Esta situación ha generado dificultades en las familias, porque antes el pescador salía tres o cuatro veces a la semana y en esa medida entregaba el dinero en su casa. Pues ahora el hombre no sale y recibe toda la plata en un solo pago, entonces entrega una parte a la familia y se ‘parrandea’ el resto”.
Y, como suele suceder en los casos en los que se entregan beneficios estatales, surge la trampa. El pastor Raymond Howard, líder de la Primera Iglesia Bautista, reconoce que entre su feligresía se habla de cobros indebidos para aparecer en las listas de beneficiarios del subsidio. Hasta una canción que circula entre los raizales, titulada La lista, habla de las peripecias que hacen los pescadores para estar entre los elegidos.
La gobernadora Aury Guerrero explicó que después del anuncio del presidente Santos se creó una comisión para determinar cómo se entregarían los subsidios y fue el Departamento para la Prosperidad Social la entidad que definió los requisitos para elaborar las listas de beneficiarios. Se determinó que serían las asociaciones de pescadores artesanales las que debían certificar la calidad de pescador y pasar un listado de aspirantes. De allí se excluirían aquellas personas que tuvieran otro trabajo, los pagos de salud y pensión cubiertos o procesos penales pendientes.
Los primeros meses de este año fueron traumáticos, porque los pescadores se sintieron engañados. Sentían que cada día les imponían un nuevo requisito y muchas trabas para reclamar el subsidio, mientras la Gobernación depuraba listas cada mes a solicitud del Gobierno Nacional. Aunque ninguna entidad lo reconoce, los filtros intentaron detener la avalancha de solicitudes que pudieran provenir de quienes no eran pescadores.
Según la Secretaria de Agricultura y Pesca del departamento, antes del fallo de la CIJ, sólo en San Andrés había 1.030 pescadores artesanales registrados en sus censos. Después del anuncio del presidente Santos de entregar subsidios, la cifra subió a 1.297. Hoy, a pesar de la continua depuración de las listas, hay más de 1.500 personas aspirando a la subvención.
Si los aspirantes son o no pescadores es una pregunta incómoda para todos. Pedro Livingston, presidente de la asociación San Luis Fish and Farm, reconoce que hoy tiene 119 pescadores afiliados y que antes del fallo eran apenas 40. “Eso es culpa del Gobierno, que exigió que los pescadores independientes tenían que afiliarse a una cooperativa. Aquí todos nos conocemos y nosotros estamos certificando a los que son pescadores. Yo espero que los demás lo hagan de la mejor manera”.
De todas maneras, a estos hombres que durante generaciones han vivido de lo que produce el mar, les parece injusto que los excluyan de un auxilio estatal porque pagan pensión y salud o porque tienen procesos penales. “A los cafeteros no les piden esos requisitos para entregarles la plata, eso no nos quita la condición de pescadores”.
Hay quienes aseguran que ese subsidio no fue oportuno, porque los pescadores artesanales no son los más afectados con el fallo de la CIJ. “Ellos van a pocas millas del archipiélago y ahí no hay problema para pescar, las realmente perjudicadas son las empresas dedicadas a la pesca industrial, porque sus embarcaciones deben disputarse los bancos de langostas con los barcos nicaragüenses en el sector de Luna Verde, entregado por el fallo a Nicaragua”, dice Eduardo Lunazzi, un reconocido periodista local.
Don Pedro reconoce que hasta el momento ellos no han tenido problemas para pescar, incluso en los cayos, donde no se han encontrado con los guardacostas nicaragüenses. “Aquí no se ha medido lo que representa esto para el futuro de los raizales, estamos frente a un escenario de guerra o de la explotación de petróleo en nuestras aguas”.
Ante las críticas, la subsecretaria general de la Presidencia, Paola Buendía, le dijo a El Espectador que el subsidio responde a una solicitud puntual de los pescadores al presidente cuando se conoció el fallo de la Corte. “Los pagos se realizan a los que son certificados por la Secretaría de Agricultura y Pesca del departamento, única entidad competente para hacerlo”.
Para los isleños, este tipo de situaciones se presentan por el histórico desconocimiento de su realidad y por la improvisación de los sucesivos gobiernos. Un líder de los pescadores que no quiere ser mencionado para no generar más divisiones en su gremio lo resume así: “Se equivocaron, eso no fue idea de los raizales, fue una medida del Gobierno para apaciguar los ánimos. No queremos que nos regalen nada. Ojalá eso no hubiera sucedido”.
“Colombia sí aplica el fallo”: pescadores industriales
Autoridades y pobladores reconocen que los más afectados con el fallo de la CIJ son los pescadores industriales, cuyas faenas se realizan en aguas colombianas que fueron entregadas por decisión de La Haya a Nicaragua. En Luna Verde, en el vértice del meridiano 82 con el paralelo 15, hay un banco de langostas históricamente explotado con medidas de conservación por parte de colombianos: tienen veda de cuatro meses y deben pescar con trampas que eviten la captura de los ejemplares más jóvenes. Antes del 19 de noviembre, 24 embarcaciones de diferentes nacionalidades pescaban con permiso de Colombia, hoy sólo quedan cinco. Las demás pescan para Nicaragua, porque allí les ofrecen menos trámites, permisos baratos y pueden seguir pescando en Luna Verde con buzos y de manera indiscriminada.
Juan C. Marín, dueño de tres barcos, dice que se redujo el espacio para pescar. “Antes del fallo, aparecían dos o tres barcos nicaragüenses y la Armada colombiana los sacaba. Ahora uno ve 20 y la Armada no los puede tocar. Ahí Colombia está aplicando el fallo. Terminamos nuestra faena en enero por acoso de los guardacostas nicaragüenses, que nos pedían salir de sus aguas. Es difícil competir así”.