“Nos condenaron por ser militares”: sentenciado por “Operación Dragón”

El mayor (r) Hugo Alfonso Abondano. / Cristian Garavito - El Espectador

El pasado 23 de enero fueron condenados los oficiales (r) Hugo Alfonso Abondano Micán Julián Villate y Marco Fidel Rivera a 48 meses de prisión por supuestamente orquestar un plan para intimidar y desprestigiar al sindicato de las Empresas Municipales (Emcali) en el año 2004.  Una de las víctimas fue el senador Alexander López, quien esa época asesoraba a Sintraemcali luego de años de haber sido uno de sus principales dirigentes. Tras conocer el fallo, López aseguró que esta era la prueba del plan criminal que se orquestó desde el Estado para asesinar líderes sindicales y cometer crímenes de lesa humanidad. 

Ante esa afirmación, el mayor (r) del Ejército Hugo Abondano se contactó con este diario y explicó que el fallo jamás habla de delitos de lesa humanidad y dio los argumentos por los cuales apeló la decisión, la cual consideró que es producto de un montaje. Explicó el contexto en el que se desarrolló el contrato de aesoría con Emcali, que no existió ninguna “Operación Dragón” -nombre que sacaron de unas anotaciones en las que aparecían películas de Bruce Lee- y que los condenaron por ser militares y por quedar en medio de una pelea que desde la época de los hechos sostiene Alexander López y Eva María Uribe, la Superintendente de Servicios Públicos del gobierno de Álvaro Uribe. 

¿Cuándo sale del Ejército y entró al negocio de la seguridad privada?

En 1996 me nombraron comandante de un batallón de contraguerrilla en Antioquia. Tenía jurisdicción en 10 municipios en los que estaba el complejo hidroeléctrico en esa zona del país, como Porce, la Araña, San Carlos, etc. Ahí conocí al entonces director de riesgos de ISA (Isagén), Hubert Botello. Yo salí del Ejército en el año 2000. Para el  quien en 2003 me dijo que se iba a retirar de ISA y planteó crear una empresa para dar asesorías en manejo de riesgos. La sociedad CIL (Consultoría Integral de Riesgos) se creó en febrero de 2004 y empezamos realizar estudios de riesgos a clientes como la Frontino Gold Mines, Gecelca, Enertolima, entre otras. Botello era muy reconocido en el sector eléctrico por su trayectoria de 20 años.  

En junio 2004 la empresa Consultaría Integral Latinoamericana (CIL) firmó un contrato con Emcali para presta una asesoría en seguridad. Usted y otros dos oficiales, Julián Villate y Marco Fidel Rivera, terminaron condenados a 48 meses de prisión por gestar un plan contra el sindicato Sintraemcali. ¿Cómo fue el contexto en el que se firmó ese contrato? 

Emcali tenía serios problemas. Estaba intervenida y buscaban la forma de recuperar las pérdidas de energía. Además, se presentaron hechos de terrorismo, atentados y fraudes al interior de la empresa, por lo que el gerente interventor de Emcali, Carlos Potes, llamó a Hubert Botello. El contrato era para hacer los estudios de riesgo de las subestaciones eléctricas de Emcali, para evitar las pérdidas de energía y establecer los riesgos sociopolíticos. 

¿En qué consistió ese estudio de riesgos sociopolíticos, que es la génesis de la condena en su contra?

Es importante entender la realidad de ese entonces de Emcali. Los primeros días de mayo del 2004 el entonces presidente Álvaro Uribe se sentó a hablar con trabajadores, proveedores y la comunidad para salvar a Emcali. Hubo un acuerdo con los trabajadores, acreedores y bancos. Por eso, cuando se dice que Sintraemcali estaba luchando para evitar la privatización es mentira. Luego, el 27 de mayo de 2004, algunos trabajadores y miembros del sindicato se tomaron las torres de Emcali porque estaban en contra de ese acuerdo con el Gobierno.  Argelino Garzón y Apolinar Salcedo, gobernador y alcalde, logran un acercamiento para que dos días después salieran sin ningún problema. Firman un acuerdo para renegociar condiciones de las pretensiones laborales que se habían pactado para salvar a Emcali.

Por esas mismas fechas tres miembros de la seguridad de Emcali en la planta de agua Mallarino, la más importante del acueducto de Cali, armaron artefacto que se les explotó. Uno murió y los otros dos quedaron heridos. Cuando la Policía llegó, algunos miembros del sindicato impidieron la entrada hasta que no se lavó la escena de los hechos. También habían capturado al tesorero de Emcali con armas y explosivos en un baúl de un carro en el que se transportaba. Dijo que se lo había prestado la empresa y que no sabía nada. 

Pero ¿eso qué tiene que ver con el estudio de riesgos sociopolíticos?

Es el contexto. Por ejemplo, se habían perdido $12.000 millones del fondo de empleados de Emcali y se estaba investigando. En medio de las pesquisas, de una forma rara, se quemó la oficina en la que estaban todos los documentos. Las denuncias en ese entonces es que ese dinero se utilizó para la campaña de López. También investigaron la pérdida de más de $15.000 millones de las becas que otorgaba Emcali porque personas falsificaron documentos. Miembros del sindicato fueron condenados por el fraude. 

¿Y qué relación tiene este contexto con el estudio por el cual lo condenan? 

Esto lo que demuestra es que Emcali era una empresa que tocaba reestructurar y que fue víctima presentaron hechos de terrorismo y fraude, por lo que se debía de hacer un estudio de riesgo. 

*Por solicitud del entrevistado, para mayor claridad en las anteriores preguntas, se cita un aparte de la sentencia para explicar la necesidad del estudio de riesgos sociopolíticos: 

“Como es bien sabido, los riesgos sociopolíticos tienen que ver con inseguridad, violencia y delincuencia a las cuales se encuentra sometida una determinada empresa ante la inconformidad manifiesta de sus trabajadores por diversas circunstancias. Y su estudio requerirá, en todo caso, de un diagnóstico, es decir, la identificación de aquellas causas que colocan a la entidad afectada en condición de riesgo y, en segundo término, una gestión, que para el evento se traduciría en sugerencias para una administración adecuada, en busca de acabar o, al menos, minimizar aquellos preocupantes trances”.

El fallo dice que, bajo la legalidad de ese estudio de riesgos, se cometieron ilegalidades como seguimientos miembros del sindicato, la consecución de información personal y familiar de miembros de Sintraemcali, y la obtención de información de inteligencia militar. ¿Qué relación tenían esas actividades con el contrato de asesoría? 

Falso. No se demostró que hubiéramos realizado seguimientos. Nuestra actividad fue meramente documental. Solicitamos a las autoridades, al mismo Sintraemcali, a EMCALI, a la prensa local y nacional, documentos de sus archivos donde se evidenciaban esos riesgos. Eso no es una actividad ilegal y por eso precisamente es que estamos apelando ante el Tribunal Superior el fallo. En el punto dos del contrato, el estudio de riesgos sociopolíticos, se debía establecer qué delitos se podían cometer en la entidad, como hurto, fraude, atentados, homicidios o tomas. Y lo que decía el contrato es que estábamos autorizados a obtener información reservada e ir a las instituciones del Estado a requerirla. Según el fallo, lo que hicimos de inteligencia fue ir al DAS, al Ejército y la Policía por información. Y sí, sí fuimos a las instituciones con el contrato porque estábamos cumpliendo con el contrato. No solo recibimos información del sindicato, porque en el caso de las becas también estaban metidos los administrativos y gerentes de otras áreas. Hicimos estudios de todos, desde el gerente hasta los vigilantes.

¿Pero el fallo dice que ustedes montaron una campaña de desprestigio con información reservada que tenían de líderes sindicales?  

No señor. El fallo no dice eso. Dice que estábamos recopilando la información posiblemente para hacer una campaña de desprestigio. En el proceso está probado que no hicimos ningún documento ni declaración ni ninguna publicación ni siquiera un correo electrónico hablando de los riesgos encontrados en EMCALI para alguien diferente a EMCALI que fue quien nos contrató. Eso de que queríamos desprestigiar el sindicato es un supuesto

¿Cuál es el único documento reservado que hay en el expediente? Ese documento, que estaba entre los que obtuvieron en el allanamiento y no lo nombran, es uno que dice que en el año 2002 llegó una denuncia al Superintendente de Servicios Públicos, la Procuraduría, la Personaría, la Policía y el Ejército, que hablaba de presiones desde el sindicato a la administración y supuestos actos fraude y hurtos. Ante esa denuncia, el Ejército en 2003 sostuvo que el Eln tenía infiltrado el sindicato.

¿Qué pasó con esa información? 

El Ejército le mandó esa información a la Fiscalía, que inició una investigación. Envió investigadores a Cali en el 2004, y en mayo de 2004, antes de que nosotros llegáramos, entregan su informe confirmando lo que decía el Ejército. Carlos Marmolejo, miembro de Sintraemcali, dijo en su declaración que en la negociación que sostuvieron con el gobierno ese mes de mayo para ajustar las condiciones laborales, le hicieron una reclamación pública al comandante de la Tercera Brigada por esa investigación, porque los iban a hacer matar. Me pregunto: ¿si esa información en realidad era reservada si ya los miembros de Sintraemcali la conocían?

¿Pero era legal que como contratistas ustedes tuvieran acceso a ese tipo de documentos? 

Nos llegó ese documento. El coronel (r) Julián Villate, el único que trabajó en el estudio de riesgos y no 10 personas como se cree, fue quien recogió esa información para hacer el análisis. ¿Cómo hago un análisis de riesgo de atentados, extorsión o fraude si no tengo la información? ¿Cómo hace una investigación si no se va a la fuente? Y la fuente de los delitos es la institucionalidad. Nosotros realizamos la actividad de análisis de riesgos, totalmente ajustados al Decreto 1537 de 2001, y a la Guia de Administración de Riesgos, elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Claramente se establece que son fuentes legítimas de la información para hacer el diagóstico: los datos históricos, los análisis teóricos, las opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes involucradas. Todos los documentos que nosotros teníamos eran absolutamente legales. Los obtuvimos con fuentes legales legítimas en forma totalmente transparente, sin violar la ley. No hay ninguna prueba de lo contrario. Por eso afirmamos que el fallo es contrario a Derecho

¿Solo encontraron esa información sobre los miembros de Sintraemcali? 

No. También se incautaron más de tres mil documentos y  información que teníamos sobre grupos y personas generadores de riesgo para EMCALI tanto a nivel externo de la entidad como grupos subversivos, grupos delincuenciales, bandas criminales, grupos políticos locales con clara influencia dentro de la entidad, así como al nivel interno como directivos y  personal no sindicalizado. Pero de eso no se revisó nada porque el interés de las supuestas víctimas era únicamente visibilizar lo que teníamos que vinculara al sindicato.

¿Y en el allanamiento en la casa de Julián Villate solo se encontró la información de Sintraemcali?

No, encuentran todo el material. Pero solo se focalizaron en lo que hay contra el sindicato. Lo otro lo dejan oculto. Ese allanamiento es un montaje. 

¿El allanamiento que se realizó el 25 de agosto de 2004 cuando comenzó toda la investigación? 

Sí, es un montaje. Por eso es importante el contexto. Luego de la toma de Emcali, se creó un documento de 150 páginas que el Ministerio de Trabajo envío a la OIT, porque esa toma fue declarada ilegal por el gobierno el 30 de mayo. Nosotros firmamos contrato el 15 de junio por 4 meses. Al declararlo ilegal, la empresa llamó a descargos a quienes participaron en la toma. Ninguno se presentó y por ese hecho la entidad los despidió a todos. 

Volvamos al allanamiento…

Una semana antes del allanamiento, Juan Guillermo Gómez, una persona que trajo Hubert Botello para investigar el tema del fraude, decidió reunirse con el periodista Adolfo para ver si en medios había información al respecto. Flores puso de contacto para el intercambio de información a la periodista Rocío Salgar. Descubrimos que el periodista Flores y el sindicato tenían relaciones, por lo que el primero les comentó lo que estaba buscando Juan Guillermo Gómez. La posición del sindicato no era la mejor por los hechos que sucedieron y varios de la dirección quedaron despedidos tras la toma. Lo que hicieron ellos, según lo dijo en juicio una de las víctimas en mi proceso, Berenice Celeyte, fue organizar una estrategia jurídica para reincorporar a sus trabajadores, por lo que necesitaban saber que había en la investigación de Gómez. 

¿Y eso qué tiene que ver con el allanamiento? 

Antes del allanamiento, Flores se contactó con Juan Guillermo Gómez para entregarle información. Gómez le respondió que el contacto en Cali era el coronel (r) Julián Villate. Le dio la dirección del apartamento y le dijo que si también quería podía mandársela al apartamento en el que él vivía en Medellín. El único que tenía esa dirección de Gómez era el periodista Flores. En Sintraemcali, al ver la situación, se reunieron con el fiscal Fredy Manzano, quien les recomienda poner ante su despacho una denuncia por un posible atentado contra Alexander López.

Les recibe la denuncia el 25 de agosto de 2004 a la 1:00 p.m. y esa misma noche, a las 8:00 p.m., ordenó y realizó el allanamiento en las direcciones que entregó Juan Gómez en Medellín y en Cali. Esa denuncia decía que a través de un anónimo le habían dicho a López que atentarían en su contra y que estaban participando Julián Villate, a quien podía ubicar en Cali; Juan Guillermo Gómez, que estaba en Medellín; y un señor Marco Fidel Rivera en Bogotá. Además, dijo que los habían visto en reuniones con el jefe de seguridad de Emcali y haciendo visitas al Ejército y al DAS. 

¿Por qué supone que ahí hay algo ilegal?

El fiscal ordenó el allanamiento el mismo día que Flores citó a Gómez para entregarle la información en Cali. Rocío Salgar estaba ese día, y según dijo, apenas Julián Villate llegó, ella hizo una llamada para decir que ya estaban reunidos. De inmediato ocurre el allanamiento. Durante 14 años pedimos el testimonio de Rocío Salgar en la Fiscalía, pero nunca llegó. Solo la juez fue quien la encontró. A Alexander López le entregaron todo. Violan la cadena de custodia y la reserva sumarial. Hay un documento que prueba que a las 11 de la noche abrieron el computador de Villate y el custodio de las pruebas era el fiscal Manzano. El allanamiento fue un miércoles en la noche y el entregó todo el material en la Fiscalía el martes. Duró con todo seis días y ni siquiera entregó acta de allanamiento. 

El allanamiento es ilegal porque fue realizado por un Fiscal que debió declararse impedido, porque él mismo se autonombró para realizarlo y cometió múltiples irregularidades durante el allanamiento, incluida adulteración del acta, violación de la reserva sumarial, inexistencia de la cadena de custodia. Desaparecieron el video que se tomó durante la diligencia. ¿Le parece poco?

¿Qué se registró en el acta de allanamiento? 

Lo que convenía únicamente a las supuestas víctimas: lo relacionado con el sindicato. Encuentran en el allanamiento una carpeta en el que está el documento de inteligencia mencionado anteriormente. Y encuentran un contrato de odontología de Sonría. A Villate se le dañó una muela y fue a que lo atendieran. En ese contrato, Villate anotó en la parte de atrás las cinco películas de Bruce Lee que vio en un documental que estaban dando en televisión. En la hoja de atrás tenía unos números de cuenta anotados y en la parte de abajo los nombres de películas, entre las que estaba de primera "Operación dragón". Se tomó totalmente fuera de contexto el nombre de una película para tergiversar los hechos. 

¿Por qué toman ese nombre?

Hay que preguntarle al Fiscal Manzano y a las supuestas víctimas, pues ellos fueron quienes cambiaron el acta del allanamiento y han bautizado malintencionadamente este proceso con ese nombre, cuando la misma Juez en su fallo es clara en afirmar que no existe ningún documento con el nombre de "Operación Dragón". El acta fue manipulada para que dijera lo que ellos querían. El allanamiento fue el 25 de agosto de 2004 y dos días después Alexander López realizó una rueda de prensa en la que dice que tiene el acta de allanamiento y los documentos encontrados. ¿Cómo obtiene un acta dos días después si todavía no es sujeto procesal? Hay una carta de fecha de él de 21 de septiembre de 2005 dirigida a la Procuraduría en la que alega que después de un mes no ha podido constituirse como víctima. ¿Por qué tenía esos documentos y lo que había dentro del computador?

¿En esa carpeta qué otros documentos estaban? 

En la carpeta no estaba el contrato de odontología. Ese estaba encima de la mesa de noche. Dentro del cajón estaba una carpeta en la que se encontraros dos copias del informe de inteligencia, el documento de la queja de los trabajadores de Emcali. También se llevaron la información del computador de Villate.

¿En el marco del contrato hicieron seguimientos a líderes sindicales?

Jamás.

En el 2008 usted y los otros dos oficiales (r) fueron vinculados al proceso formalmente mediante indagatoria. ¿Qué pasó en esos años? 

En el 2006 hay un debate en el Congreso para hablar sobre el DAS. Como quedó registrado en la Gaceta del Congreso, Alexander López hace una intervención en la que dice que llevaba dos años sin que pasara nada con su proceso. El fiscal (Mario Iguarán) dice que, con su respuesta, muchos van a pensar que está prevaricando, pero que el proceso de López dio la orden a los fiscales de acusar como sea porque en ese caso ya había una orden de archivo por falta de pruebas. Es decir, pasaron dos años y no tenían ninguna prueba porque no hubo ninguna Operación Dragón. 

¿Qué sucedió después?

Contactan a Daniel Cuellar. Cuando empezó el contrato con Emcali, el mayor (r) Marco Rivera llegó el 18 de junio de 2004 a Cali y nos pidió un conductor para moverse en la ciudad. Solicitó a ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales Retirados del Ejército) unas hojas de vida para contratar a alguien y le enviaron la de Daniel Cuellar, quien había sido soldado años atrás. Él tenía una enfermedad terminal. Fuimos vinculados al proceso en el año 2008, después de que las supuestas víctimas presentaran a su famoso testigo Daniel Cuellar ante la Procuraduría y despues de que lo desaparecieron del país, sacandolo por Caracas Venezuela, sin que a la fecha haya aparecido. Al respecto se insturó una denuncia ante la Fiscalía por desaparición forzada. 

En el año 2009 los funcionarios de la Procuraduría entregan el informe de investigación, donde sugieren que se debe precluir el proceso por falta de pruebas, pues Alexander Lopez aunque aseguró que las tenía, nunca las aportó. Así mismo manifiestan que analizadas todas las afirmaciones de Daniel Cuellar, todo lo dicho por él es totalmente falso, por lo que le compulsan copias a la Fiscalía por falso testimonio y falsa denuncia. Documento obrante en el proceso.

¿Qué roles cumplió Daniel Cuellar? 

Lo contratamos como conductor y mensajero. Desconocíamos que en el momento de la contratación ya había sido condenado por falsedad en documento público y condenado en primera y segunda instancia.

¿Qué pasó después con Daniel Cuellar?

Fue contactado por la supuesta periodista Rocio Salgar para hablar con Alexander Lopez, quien lo presentó ante la Procuraduría (no ante la Fiscalía) para presentar una “queja”. Y en esa queja se introdujo el dolo a nuestras actividades legítimas. Según la investigación que adelanto la Procuraduría, ese testimonio fue comprado con el ofrecimiento de sacarlo del país para darle asistencia médica en el exterior. Lo cual se cumplió. Luego de declarar ante la Procuraduría, lo sacan del país. Desde ahí se perdió su rastro.

Pero ese testigo fue desestimado por la jueza.

Sí, dicen que todo es mentira, pero es el único que dice que hubo seguimientos. El único que dice que cuando ellos recibieron unos documentos del DAS, dedujo que se iba a hacer algo contra los del sindicato. Que también le entregaron unos planos para atentados. Todo eso es mentira. Pero lo peor es que al juicio llevaron a los dos investigadores de la Procuraduría que le tomaron la declaración, quienes dicen que Cuellar es un mentiroso.

¿Ustedes pudieron controvertir a Cuellar?

Nunca. Para esconderlo y evitar su contrainterrogatorio, los abogados de las supuestas víctimas y las mismas supuestas victimas, recurrieron a muchas mentiras sobre su paradero y sobre como salió del país. Durante cinco años que el testimonio de Cuellar llegó a la Fiscalía solicitamos que ubicaran a Cuellar. Lo único que hacían era preguntarle al abogado de la parte civil, Jorge Molano, el mismo que asiste a Cuellar ante la Procuraduría cuando fue a ampliar su declaración. Dese 2007, antes de que abrieran un proceso formal, Molano era abogado de víctimas y del victimario. La fiscal no hizo nada para encontrarlo. En el 2009 el abogado Molano dijo que Cuellar estaba en Suiza asilado o refugiado. La fiscal nos pide unos cuestionarios para enviar una carta rogatoria. Se le entregaron. Pero nunca mandó el cuestionario. Cierran el proceso en 2013 sin permitirnos defendernos del testimonio de Cuellar.

Empieza el juicio y se ordena que hay que hacer esa prueba. La jueza hace una carta rogatoria mal hecha a la Cancillería. Se la devuelven diciéndole cómo debía ser el trámite. Hace otra carta para el consulado en Suiza y nuevamente se la devuelven porque estaba mal diligenciada. Molano interviene y dice que habló con Derechos Humanos y Acnur Colombia y que podían colaborar. Les dirigimos una carta a las organizaciones que nos respondieron que no tenían la potestad ni capacidad de hacerlo. El 5 de diciembre de 2018 se decretó que la diligencia se iba a hacer la Suiza. Uno de nuestros abogados fue a Suiza y allá le dijeron que no se iba a hacer nada porque no se podía como habían dicho en octubre. Se canceló la audiencia de Cuellar y la prueba nunca se hizo.

¿Murió algún sindicalista o se produjo algún atentado mientras se desarrollaba el contrato?

Jamás. Y es una pregunta que no tiene por qué hacerse, pues en el expediente no hay nada que hable de amenazas, ni atentados ni lesa humanidad. Por eso es concierto simple el cargo.

A ustedes los condenan a 48 meses de cárcel por concierto para delinquir simple con el agravante de ser miembros del Ejército. ¿Por qué las víctimas insisten en que se trató de una política de Estado para eliminar líderes sindicales? 

Porque la primera versión de Alexander López era que se trataba de un plan en su contra por la lucha para evitar la privatización de Emcali. Su verdadera intención era buscar la forma de restituir a los empleados que habían sido despedidos por la toma. Y otra cosa es que esto hace parte de la pelea entre López y la entonces Superintendente de Servicios Públicos Eva María Uribe.

¿Y eso que tiene que ver con el plan para eliminar líderes sindicales?

No sé, que ellos lo demuestren porque el mismo fallo dice que no hay nada de atentados, amenazas ni homicidios contra sindicalistas. Es más, la juez, en agosto del 2015 se declaró impedida para seguir con el Juicio, por lo que lo remitio a los Juzgados de descongestión de la OIT en Bogotá, porque supuestamente podia haber algo contra ellos. Ese juzgado calramente afirmó que no había nada contra lideres sindicales o contra algún sindicalista y lo envío a la Corte Suprema para que dirimieran la competencia, y la Corte le dio la razón.

¿Usted está diciendo que las declaraciones de Alexander López están dirigidas contra Eva María?

No. Inicialmente querían el reintegro de sus trabajadores. Y hay otro tema, a los trabajadores los reintegran y demandaron al Estado por $140.000 millones de los años que estuvieron por fuera. El abogado de ese proceso también es Jorge Molano. 

¿Su conclusión es que la condena en su contra está relacionada con la demanda civil que presentaron los sindicalistas de Emcali? 

Eso deben determinarlo las autoridades y muy especialmente la Agencia de Defensa del Estado. Pero es muy concidente que en todos los procesos figure siempre el mismo abogado. El abogado del testigo falso es el mismo de la parte civil y de la demanda por miles de millones al Estado. Además, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hay pruebas de que existió una operación de exterminio contra miembros del sindicato. Lo que le dije a la juez es que ellos están pretendiendo que aquí queden pruebas. Ellos pidieron, sin pruebas, delitos de lesa humanidad. El objetivo es demandar al Estado. 

¿Algo para agregar?

No existió la tal Operación Dragón. Es un tema político y de pelea con Eva María Uribe. Nos dañaron la vida durante 14 años a Julián Villate, a Marcos y a mí. Nos condenaron porque éramos militares. Que en el mismo fallo, el juzgado afirma que Alexander Lopez faltó a la verdad en estrados y por ese motivo debería el tribunal compulsarle copias. Asimismo, que el magistrado Hernando Pérez Bedoya, quien se declaró impedido en este proceso, no debería seguir conociendo del proceso. Pero, por motivos que se desconocen, sigue conociéndolo.

*Nota del editor: Apartes del artículo y la entrevista fueron modificados por solicitud del entrevistado Hugo Abondano, quien solicitó hacer algunas aclaraciones.