¿La nueva clave del desarrollo?

Obras como la adecuación del río Magdalena para su navegabilidad y la conexión integral del departamento con la Ruta del Sol serán realizadas mediante Asociaciones Público Privadas. ¿Qué tan idóneo es este modelo?.

Mediante una alianza público-privada se garantizará la navegabilidad por el río Magdalena. / El Espectador
Mediante una alianza público-privada se garantizará la navegabilidad por el río Magdalena. / El Espectador

El desarrollo de la infraestructura vial y su mantenimiento se ha convertido en un dolor de cabeza para la mayoría de los departamentos. En Cundinamarca, un modelo combinado de asociaciones público-privadas (APP) y de mantenimiento de vías terciarias por parte de las alcaldías municipales puede ser la salida para un sector que ha estado históricamente sometido al atraso.

Con la Ley 1508 de este año, propuesta por el gobierno Santos, el Congreso de la República le dio un impulso a las APP, un modelo de construcción de infraestructura que ha tenido éxito en países europeos y norteamericanos. Hasta ahora se está poniendo a prueba en el país y se ha topado con bastante resistencia por parte de gremios y empresarios que vieron en el modelo de concesión, que dio al traste con, por ejemplo, el sistema férreo colombiano, la mejor oportunidad de negocio. Sin embargo, la Gobernación encontró en el modelo una oportunidad para desarrollar proyectos de gran envergadura que podrían darle mayor competitividad a la región.

Las APP se pueden aplicar a carreteras, hospitales, infraestructura turística, instalaciones administrativas, entre otros proyectos, y las hay de dos tipos: de iniciativa pública y de iniciativa privada. Las primeras cuentan con más del 20% de financiación del Estado. Se parecen a una concesión. Los estudios de factibilidad los hace el Estado y abre una convocatoria para los estudios, la construcción y la administración.

Un ejemplo de este tipo de APP son las obras para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, logrando que llegue a tener siete pies de calado de Barranquilla a Puerto Salgar. La entidad encargada de proponer la obra fue Cormagdalena y cuenta con un aporte económico de entidades públicas por cerca de $800.000 millones: $600.000 millones del gobierno nacional, $60.000 millones de Cormagdalena y $120.000 millones que provienen de las regalías de los departamentos beneficiados con el proyecto.

Las otras APP, de iniciativa privada, tienen una inversión del Estado inferior al 20%. La empresa o particular que propone una alianza de este tipo debe presentar un análisis de prefactibilidad a la entidad territorial a cargo, la cual evalúa la viabilidad de la obra propuesta y su rentabilidad social y luego da unas indicaciones gruesas sobre ajustes al proceso.

Para algunos especialistas, este tipo de APP tiene la ventaja de que, una vez hechas las correcciones, se aprueba la factibilidad y los estudios propuestos por el ente privado, y, surtida esa etapa, se hace una convocatoria pública abierta en la que pueden participar las empresas que quieran, sin restricción de número, pero teniendo en cuenta los estándares de calidad y experiencia que exige la magnitud de la obra. El gran cambio está en que los oferentes pueden mejorar en su propuesta las condiciones que presentó la empresa que tuvo la iniciativa (quien gana el proyecto no es necesariamente quien lo propuso), pero debe pagarle al diseñador un porcentaje por el trabajo realizado. Sin embargo, el proponente original, puede “contrapresentar” una oferta.

Otro factor determinante, que los empresarios aprovechan, es que, si bien las APP no pueden superar los 30 años en manos de privados (si lo hacen o así se pacta, el gobierno nacional debe intervenir), pueden generar un usufructo en las obras.

En el departamento han sido bien recibidas seis APP de origen privado. Se propuso la vía Girardot-Cambao-Puerto Bogotá, sin embargo, las autoridades vieron que el proyecto ya estaba en ciernes en la Agencia Nacional de Infraestructura y, por disposiciones de la ley, se priorizó la concesión. Otra, que se encuentra en evaluación, es la tecnología para fotomultas que, en asocio con la Secretaría de Movilidad, se desplegaría por todo el departamento.

Además de dos vías muy importantes para la conectividad del departamento: la vía Ubaté-Lenguazaque, que podría extenderse hasta Villapinzón, y la de Briceño-Zipaquirá-Pacho-La Palma-La Aguada-Caparrapí, que conectaría con la Ruta del Sol en Puerto Salgar.

El departamento, también recibió solicitudes para la construcción de dos vías en las que está involucrada Bogotá. Una de ellas conecta al nororiente de la ciudad, en la calle 153 con carrera 7ª, con el municipio de La Calera, que sería la primera “vía ambiental”, de acuerdo con el gobernador Álvaro Cruz. La otra va de la calle 170 a la vía que comunica a Patios con Guasca; su propósito es aliviar el flujo de tráfico pesado en la capital.

Todas ellas tendrían como método de financiación un peaje.

Otro proyecto que le llama la atención al gobernador Cruz es la construcción de un hospital de segundo y tercer nivel en Soacha. Sin embargo, hay un punto controversial, ya que, como sería de origen privado, la administración del hospital estaría a cargo de quien lo construya. Pero no habría lucro.

Si bien todos los proyectos que actualmente están en curso generarían grandes beneficios para los cundinamarqueses, el gran interrogante que se abre es si, para fomentar el desarrollo, vale la pena dejar que bienes de uso público sean administrados por privados y si, más allá de la financiación de los proyectos, los privados obtendrán mayores ganancias a las que tendrían si el modelo de obra fuera la concesión.

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