Ojo al cambio de "olla"

Delia Hernández, psiquiatra caleña reconocida por su trabajo en tratamiento y prevención de conductas adictivas, cree que el desmantelamiento de los centros de distribución de droga no ataca el problema de raíz.

Delia Hernández es psiquiatra y coordinadora del subcomité de adicciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Mientras este miércoles 5 de junio la Fuerza Pública y el presidente Santos celebraron la noticia de que 23 ‘ollas’ fueron desmanteladas, que 1.641 personas fueron capturas y que 38 estructuras criminales fueron identificadas, esta profesional en prevención de conductas adictivas asegura que la medida, aunque hace mucho ruido, no ofrecerá ningún beneficio a largo plazo ni para los consumidores de drogas ni para la ciudadanía en general.

¿Qué hacen los drogadictos cuando acaban con sus expendios de alucinógenos?

Buscan otros lugares. Lo que pretende la medida es atacar el tráfico, la oferta de sustancias, pero lo hemos dicho desde hace mucho tiempo: atacar la oferta sin acciones tendientes a disminuir la demanda no es una medida benéfica.

¿Cómo no puede ser benéfico que, por ejemplo, se capturen a 1.641 personas relacionadas con el microtráfico en 20 ciudades del país?

Se van a capturar muchas personas, sí. Y dependiendo de la cantidad de drogas que les encuentren, los van a mandar a las cárceles para seguir atiborrando esos lugares. Pero los consumidores, simplemente, van a buscar otros sitios dónde comprar.

¿Cómo pueden tener acceso a la droga si las ‘ollas’ ya no estarán?

Los expendedores que se escaparon, sus familias o sus redes, porque sabemos que las tienen, van a irse a otros lados. Una encuesta escolar reciente nos mostró que los niños dicen que les es muy fácil acceder al alcohol y a otras sustancias. Si es fácil para los niños, mucho más para los adultos: muchos consumidores ni siquiera tienen que salir a las ‘ollas’, sólo llaman y se las llevan a sus casas.

¿Qué otros lugares están identificados como expendios de estupefacientes?

La mayoría de las universidades tienen sitios de consumo. Lo que hace el consumidor es buscar otros lugares porque no se está atacando la raíz del problema: no estamos educando adecuadamente ni a nuestros jóvenes ni a nuestras comunidades. Esta es una medida que hace mucho ruido, pero no creo que impacte de manera importante el fenómeno del consumo, de oferta, ni siquiera de seguridad ciudadana.

¿Ni siquiera la seguridad ciudadana? Pero si en las ‘ollas’ hay también ‘oficinas’ de cobro, sicariato, crimen organizado…

Sí, claro, y seguramente sobre ese tipo de crímenes sí se vea algún tipo de impacto. Pero, con respecto al tráfico de drogas, lo que va a pasar es que los ‘narcos’ se desplazarán, con su gente y sus armas, y pondrán en riesgo otros lugares.

¿Quizá podríamos copiar experiencias de otros países?

Hay experiencias interesantes en varios países como Perú, Holanda, Portugal o algunos estados de Estados Unidos, pero lo primero que hay que mirar es el contexto de esos países. Tienen otras estructuras y sistemas de gobierno, la presencia del Estado genera en los ciudadanos una mayor sensación de seguridad, aquí nos sentimos desprotegidos. No me refiero a medidas represivas sino a transparencia, mecanismos de veeduría y control sobre todas las instancias públicas, la corrupción socava todo eso.

¿Sigue fallando Colombia en su lucha contra el narcotráfico?

Todas las cifras de consumo en el país muestran que las medidas hasta ahora implementadas no han sido útiles ni para disminuir ni el tráfico ni el consumo. Los estudios nos muestran que prohibir sin educar, sin tener un Estado coherente que proteja a la ciudadanía, no es útil, no sirve. El no a legalización o la regularización se apoyan más en argumentos políticos que científicos, pero si no se realiza una reforma coherente al sistema de salud, un proceso adecuado de intervención en los sistemas educativos y en las campañas de prevención de consumo, investigación que permita saber la manera acertada de incidir en el comportamiento de los jóvenes, no vamos a lograr nada.