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Desde hace exactamente un mes no ha vuelto a circular un solo barril de crudo por el oleoducto de 770 kilómetros que va desde el campo petrolero Caño Limón (Arauca) hasta el puerto de Coveñas (Sucre). Tras el atentado con explosivos hecho por un grupo armado ilegal contra un tramo de la tubería a la altura del municipio de Toledo (Norte de Santander), no ha podido reiniciarse el bombeo de petróleo, ya que miembros de la comunidad indígena u’wa se resisten a que se hagan las reparaciones y piden al Gobierno que las petroleras se retiren de sus territorios. Por lo pronto, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, es consciente de que el promedio de producción petrolera para abril no superará el millón de barriles, resultado que sí se vio en enero y febrero.
“Esta parálisis también ha terminado afectando el transporte de petróleo por el oleoducto Bicentenario. Estamos hablando de 72.000 barriles de crudo que se están dejando de mover a diario”, manifestó a El Espectador el ministro de Minas y Energía, quien reiteró que la capacidad de almacenamiento del campo Caño Limón está copada y no puede superar los 800.000 barriles.
“La producción queda atrapada al no poderse transportar por oleoducto. La capacidad de transporte por carrotanques es limitada y muy costosa, ya que mover un barril cuesta US$27”, explicó Acosta.
Pero más allá de que se deje de mover el volumen de crudo en mención, agregó que durante el último mes se han dejado de exportar 2,5 millones de barriles. “Esto afecta las regalías, pues el sobrecosto para transportar el producto en camiones es deducible del monto de las mismas”.
Aunque el pasado 18 de abril el Gobierno trató de dialogar con los representantes de la comunidad u’wa, el encuentro no se dio. Sin embargo, los ministros de Minas y Energía, Ambiente e Interior hablarán hoy con los líderes indígenas y les pedirán que se permita el acceso al sitio donde está la ruptura del tubo para así restablecer el bombeo. “Esta es una situación inaceptable a la que nos hemos visto abocados. Buscamos una salida dialogada sin recurrir a medidas de fuerza”, dijo Acosta.
“El oleoducto pasa por el territorio u’wa y la comunidad pide al Gobierno que se detenga el paso de esa tubería. Esto pone en riesgo a la población dadas las actividades de los grupos armados ilegales. Los u’wa han dicho que si el oleoducto tiene que pasar lo haga por fuera de su territorio”, manifestó a este diario el representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Feliciano Valencia.
Asimismo, el líder señaló que las comunidades indígenas han manifestado “una alta preocupación por la presencia de petroleras en Arauca. Las empresas de esa región no están teniendo en cuenta la consulta previa y el consentimiento libre que determina la ley”.
Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), dijo que, en lo que va de 2014, la industria petrolera ha presenciado 20 atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que atraviesa los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Cesar, Córdoba y Sucre. “Todavía hay tres sitios en el tubo que están pendientes de reparaciones de tres ataques. Uno queda en una zona donde los u’wa no dejan entrar a hacer el arreglo, afuera del resguardo”.
En medio de este panorama, Martínez estima que la meta de un millón de barriles en abril se aleja y reconoce que los ataques terroristas a la infraestructura petrolera han ido en aumento a medida que avanza el año. Sin embargo, cree que el anuncio hecho por el Gobierno de aumentar el pie de fuerza en Arauca puede arrojar resultados efectivos para la industria.
“El hecho de dejar de transportar petróleo por este oleoducto representa pérdidas de US$8 millones al día (cerca en $16.000 millones). Al mes, esto se traduce en US$240 millones (aproximadamente $480.000 millones)”, comentó el consultor en hidrocarburos Julio César Vera, quien cree que al cierre de este mes el promedio de producción diaria puede bajar de 977.000 barriles —ese fue el registro de marzo— a 920.000 o incluso 930.000.
“Colombia es respetuosa de los derechos de las minorías, pero esto tiene un límite. No se puede ir en contra de todo el país. El Estado está limitado en sus posibilidades de actuar y esto se ha vuelto casi un tema de chantajes a la industria del petróleo”, aseguró Vera, al tiempo que calificó como preocupante que en lo corrido del último año el sector haya sido blanco de más de 500 bloqueos y que el oleoducto Trasandino —entre Ecuador y Tumaco (Nariño)— haya recibido 20 ataques en este año.
hsandoval@elespectador.com
@hector_sandoval