Las "ollas" están mutando

Así lo afirma Rubén Ramírez, director del Ceacsc.

 Para Rubén Ramírez, si la institucionalidad civil no puede permanecer en el Bronx, la intervención humanitaria y policial habrá fracasado. / David Campuzano El Espectador
Para Rubén Ramírez, si la institucionalidad civil no puede permanecer en el Bronx, la intervención humanitaria y policial habrá fracasado. / David Campuzano El Espectador

Según el funcionario, la presión de las autoridades y la visibilidad pública  disminuyen las dimensiones  los centros de distribución y consumo masivo de estupefacientes.

La intención del gobierno nacional de desmantelar 24 centros masivos de expendio y consumo de drogas en todo el país pone los reflectores sobre las acciones que ha llevado a cabo la administración distrital y la Policía para convertir a los habitantes del sector conocido como el Bronx en sujetos de derechos y desmantelar el entramado criminal que allí anidó durante más de una década.

Rubén Ramírez es el director del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc). Sus investigaciones y propuestas académicas son escuchadas con atención por el alcalde Gustavo Petro. De su oficina han salido propuestas como el Camad (Centro de Atención Médica a Drogodependientes), los centros de consumo controlado de metadona para consumidores problemáticos de heroína y, la más reciente, la reducción del riesgo y el daño del bazuco mediante el suministro de marihuana.

Para Ramírez, los problemas que enfrenta el propósito del presidente Juan Manuel Santos son que el negocio del microtráfico está cambiando a pasos acelerados ante la intervención estatal, que las “ollas” están consolidadas alrededor del consumo y no del expendio y que el enfoque policial puede mutar o propagar el cáncer de la victimización a la que son sometidos los consumidores por agentes criminales.

¿Cómo caracteriza la intervención de la Bogotá Humana en el Bronx?

El proceso tiene dos miradas. Una, que es la represiva, ha desarticulado expendios de drogas mediante la inteligencia policiva y, en consecuencia, ha atacado a quienes han victimizado a los cerca de 7.000 bogotanos que habitan o visitan ese sector. La otra es la del componente social. Al habitante de calle no se lo puede expulsar de su sitio sin tener alternativas para garantizar sus derechos. Eso se ha ido logrando, pero el éxito depende de su permanencia en el tiempo.

¿La intervención humanitaria se consolidará en el tiempo?

El trabajo que está realizando el Distrito tiene como objetivo atacar la cifra escandalosa de 277 habitantes de calle asesinados por lógicas de consumo y expendio. Lo que se ha logrado determinar del bazuco es que su consumo está asociado a un proceso de violencia para la adquisición y como consecuencia de sus propios efectos. Para reducir esos indicadores de alto impacto hay que buscar alternativas. Si usted simplemente reduce la oferta mediante capturas y no ataca la demanda, ni sus causas, los consumidores van al Amparo, o al ferrocarril de la 19 o a cualquier parte. Ocurrirá una diáspora de jíbaros y consumidores.

Pero todo eso depende de las instituciones civiles...

Aquí hay un abordaje determinante y positivo. La institucionalidad distrital cuenta hoy con los siete edificios que estaban en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Desde ahí se puede garantizar la permanencia, por lo menos física, del componente social. Otro, la atención de los Camad, un punto de encuentro entre la persona que tiene problemas de consumo y la posibilidad de su rehabilitación. Igualmente, evitar que las ollas se constituyan como un centro de consumo no regulado mediante un proceso hacia los centros de consumo regulado. Y que haya alternativas para los seres humanos, como la mitigación del riesgo y el daño del bazuco con el consumo guiado de marihuana.

¿Existen en Bogotá más “ollas” por desmantelar?

La institucionalidad no puede perder de vista que hay un proceso de diversificación de expendio ocasionado por la presión de la Policía y la judicialización. Domicilios motorizados, redes en torno a colegios, casas de barrio, son los nuevos modelos. No son las grandes concentraciones que se presentaban por el gran flujo de consumidores. Son microprocesos de distribuidores que están buscando evitar la formación de “ollas”. Hoy funcionan más las redes que el Bronx, San Bernardino, o las zonas de rumba donde, claro, hay concentración de consumidores y expendedores, pero donde debe funcionar la inteligencia judicial y policiva, al tiempo que el componente humano y civil, que es lo que ayuda a superar el gran problema. El gran reto de la institucionalidad está en evitar que la droga llegue a las ciudades, pues como ya no hay lugares de acopio para el abastecimiento de toda la población urbana, lo que ingresaba antes para un distribuidor queda en manos de 100 o 200 jíbaros que no son fáciles de controlar.