ONG colombianas 'rajan' al Gobierno ante la ONU

En el informe que presentarán las ONG Colombianas ante las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal de la situación de los DD.HH en Colombia, discrepan con las cifras que presentó el Gobierno y creen que en estos años la situación de derechos humanos en el país.

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A pesar de que las ONG colombianas celebran que se haya destinado esfuerzos para combatir la violación de derechos humanos en el país, discrepan con las cifras que presentará en Gobierno ante las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal sobre la situación de derechos humanos en Colombia porque alegan que la impunidad sigue siendo un grave problema para el sistema judicial colombiano. En el documento, una coalición de ONG 'rajan' al Estado en la materia.

Según las cifras que presentaran, entre otras, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Plataforma Colombiana, La Alianza, Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, y Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, en Colombia el nivel de impunidad de crímenes contra sindicalistas es del 97%.

En cuanto al tema de los delitos de guerra, entre los que se encuentran torturas, desapariciones forzadas, reclutamiento y delitos sexuales, Colombia tiene un gran camino que recorrer para reparar a las víctimas y condenar a los culpables. Según el informe de las ONG, de los 91 expedientes que se conocen por tortura, apenas el 11% están en etapa de juicio. En cuanto a los delitos por violencia sexual que se vive en el conflicto interno las cifras presentadas establecen que de los 191 casos conocidos el 91% están en etapa de investigación y judicialización, el 7% fueron archivados, el 2% terminaron en sentencia condenatoria, concluyendo que el 97% de los casos se encuentran en la impunidad.

Otro de los temas fundamentales en los que se teme que no se establezcan condenas ejemplares, se lleven a juicio a los máximos responsables y se reparen a las víctimas son las ejecuciones extrajudiciales. Las ONG dicen que en la Fiscalía hay 1.579 procesos por este delito, ningún general ha sido vinculado a este escándalo y, apenas, hay 16 condenas. Manifestaron, de nuevo, su preocupación por la reforma al fuero penal militar, ya que, aseguran, "es un retroceso ya que permite que la Justicia Penal Militar investigue detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y crímenes de guerra".

Está percepción también la tuvo la delegación de la Corte Penal Internacional que visitó recientemente al país y dijo que altos mandos militares no han sido llevados a los estrados judiciales.

Los asesinatos de defensores de derechos humanos es otro de los puntos críticos del informe. Según el documento, se han presentado un total de 357 agresiones en 2012 de la siguiente manera: "202 amenazas, 69 asesinatos, cinco desapariciones, 50 atentados, 26 detenciones arbitrarias, un caso de uso arbitrario del sistema penal, tres casos de hurto de información y un caso de violencia sexual".

Uno de los factores que mayor preocupación genera el informe de las ONG son los índices de pobreza e inequidad que persisten en el país. Según cifras presentadas del 44,7% de personas que viven condiciones mínimas de vida, el 10,6% vive en pobreza extrema, convirtiendo a Colombia en el segundo país con mayor desigualdad en la región. Asimismo, establece que el 0,43% de la población posee 63% del territorio rural del país.

A esto, se suma que el 53% de las personas que han sufrido desplazamiento forzado y tienen derecho a la restitución de tierras son mujeres, niños y niñas, lo que preocupa a las ONG de que no se repare a estas víctimas por su situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la violación a los derechos de las personas LGTBI, que hoy es un tema de prioridad en la agenda nacional, las ONG aseguraron que en Colombia no existe una verdadera información condensada sobre los delitos que se cometen contra esta comunidad. Indicaron que entre 2006 y 2011, 542 personas fueron asesinadas por su condición sexual y sólo 20 de estos casos han tenido sentencias: dos absoluciones y 18 condenas. La razón para las ONG, es que la mayoría de estos expedientes son "archivadas o tramitadas como delitos pasionales y se omite investigar posibles motivaciones relacionadas con la orientación sexual o identidad de género de las víctimas".

Por último, le dieron su visto bueno a los diálogos en La Habana pero pidieron abstenerse de "dar pasos hacia un escalamiento del conflicto armado como mecanismo para obtener ventajas durante las conversaciones; respetar de manera inmediata el Derecho Internacional Humanitario e iniciar lo más pronto posible el cese de hostilidades".
Además exhortaron a que las partes en diálogo garanticen "la participación de la sociedad civil y en especial de las mujeres en el proceso de paz". Su informe completo será dado a conocer mañana, al igual que el informe del gobierno Santos sobre los logros de la política de derechos humanos.

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