ONIC denuncia confinamiento de 286 familias en Bojayá y amenazas a líderes awá

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Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia temen que los enfrentamientos entre el Eln y el Ejército genere una nueva ola de violencia en inmediaciones del río Bojayá.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció un fin de semana violento para las comunidades originarias en Chocó y Nariño.

Cerca de 289 familias Embera Dóbida se encuentran confinadas por los constantes enfrentamientos entre el Eln y el Ejército Nacional en el resguardo Alto Río Bojayá, según informó la organización en conjunto con la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó (Fedeorewa). Las comunidades en Unión Chocó, Punto Wino, Usaraga y en familias Nambua también se han visto afectadas.

Distintas organizaciones sociales que estudian las dinámicas del Eln en la región aseguran que en este momento hacen presencia en esta parte alta del Litoral Pacífico los frentes Manuel Hernández, Ernesto Che Guevara, cacique Calarcá y Resistencia Cimarrón.

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La ONIC también denunció amenazas contra los líderes awá Segundo Cortés Paí y Javier Cortés, del Cabildo Piguambí Palangala Rodrigo Salazar, en Nariño.

En un comunicado afirman que “los violentos arrecian con sus amenazas en contra de quienes tratan de construir desde el trabajo comunitario, en medio de un conflicto armado que no se ha ido de nuestro territorio, que nos persigue y nos asfixia, y que sigue cobrando vidas”.

Afirman que estas intimidaciones vienen por parte de un grupo armado identificado como “Ejército del Pueblo GUP”.

Sobre los presuntos motivos de los grupos armados para cometer estas acciones, voceros de ONIC en el territorio sostienen que forma parte de una “estrategia militarista que han intervenido en los territorios colectivos sin consulta previa”, luego de adelantos en diálogos comunitarios, encabezados por estos dos líderes, para afianzar objetivos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y Zonas Futuro.

Por último, le pidieron al Gobierno Nacional, a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección hacer un seguimiento riguroso de los casos para garantizar la vida de los líderes.

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