Operadores de grúas se quedaron con contratos para hacer tamales

La Fiscalía reveló nuevos hallazgos de lo que sería un nuevo escándalo de corrupción en el manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar en el país.

Archivo - El Espectador

El pasado 13 de julio la Fiscalía recibió varias denuncias durante una jornada de anticorrupción en Bucaramanga. Desde entonces, priorizó 17 investigaciones sobre el manejo de recursos públicos y este viernes dio a conocer los primeros avances de la que denominó “Operación Guane Fase 1”, y que también cubre a otras zonas del país.

Los hallazgos más alarmantes tienen que ver nuevamente con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante el cual se subsidia la alimentación de los menores más pobres de los colegios públicos del país. Según el ente investigador, en el departamento de Santander, hay irregularidades en el contrato que firmaron la Gobernación y la Cooperativa Surcolombiana. El contrato, suscrito el 21 de abril de 2016, se pactó por casi $24 mil millones.

Sin embargo, en septiembre se adicionaron casi $7 mil millones y luego $5.200 millones más. El valor total ascendió entonces a casi $36 mil millones. “Los dineros que, al parecer, se habrían desviado en el departamento, estaban destinados a la alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander”, afirmó la Fiscalía.

Entre las anomalías sobre las que más llamaron la atención los investigadores están que el pliego de condiciones del contrato fue presuntamente definido para favorecer a un solo proponente. Además, en Tolima, Huila y Meta hay evidencias de que los proveedores de los alimentos nunca existieron o eran empresas en procesos de liquidación.

La Fiscalía también afirmó que, en Acacías, Meta, se dio un contrato por $30 millones con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. La compañía no tiene ninguna experiencia ni se dedica a la preparación de alimentos. “Los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes”, agregó el ente investigador.

Por su parte, en Tarqui (Huila), un contrato para la preparación y entrega de postres se firmó con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por $20 millones. Una organización que está inactiva.  

Adicional a esto, la Fiscalía asegura que se dieron falsedades en la contabilidad de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada. “En la contabilidad aparecían gastos en marzo y abril cuando no se había celebrado el contrato. Asimismo, los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias, establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica de la Cooperativa”.

Debido a estos hechos, el pasado 17 de noviembre fueron capturados Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación Departamental de la Gobernación; Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE); y Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.

Los delitos por los que son procesados son celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado y peculado por apropiación a favor de terceros.

En el marco de la “Operación Guane Fase 1”, la Fiscalía también imputará cargos a varios servidores públicos por la supuesta corrupción en la celebración de contratos entre la Alcaldía de Bucaramanga con empresas relacionadas a la Iglesia Manantial del Amor. El ente afirma que personas cercanas y familiares del alcalde de la época, Luis Francisco Bohórquez, crearon sociedades para quedarse con contratos de la alcaldía. Estos ascenderían a$15 mil millones. El exmandatario es investigado.

También se investigan presuntas irregularidades administrativas y financieras en el manejo de recursos desde 2007, cuando se creó la Corporación Parque Nacional del Chicamocha. Hasta ahora, de acuerdo con la Fiscalía, se sabe que tres exdirectores ejecutivos recibieron beneficios económicos que no estaban aprobados por la junta directiva por $350 millones.

En Floridablanca (Santander) los investigados son 18 concejales, por presuntas irregularidades en la elección del personero y el contralor municipal, en 2016. 

 

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