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Organizaciones sociales del Huila y Caquetá invitan a un pacto por la vida y la paz en el territorio

En el documento, dirigido a grupos armados ilegales y a organizaciones del Estado, piden garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, firmantes de la paz y la ciudadanía en general que actualmente se sienten en riesgo por la ola de violencia y el olvido estatal.

07 de abril de 2021 - 10:08 p. m.
En Caquetá hay aproximadamente 520.000 habitantes. El 50 % de su población se encuentra en la zona rural.
En Caquetá hay aproximadamente 520.000 habitantes. El 50 % de su población se encuentra en la zona rural.
Foto: Cortesía

Más de 30 organizaciones sociales y populares de Caquetá y Huila firmaron una carta en la que invitan al Gobierno Nacional y a los grupos al margen de la ley a firmar un pacto por la vida y la paz en el territorio. Esta iniciativa nació tras la serie de hechos violentos que han tenido que enfrentar las comunidades en los dos departamentos.

En Caquetá, por ejemplo, recientemente apareció un panfleto firmado por la estructura de disidencia de las Farc autodenominada Segunda Marquetalia, Bloque Sur, en el que declararon objetivo militar a líderes políticos, militares, periodistas y a quienes están “en contra de las ideas revolucionarias”.

Sumado a eso, el pasado martes 30 de marzo, fue asesinado Germán Medina, exgobernador del departamento, luego de ser baleado por dos sujetos que llegaron en una motocicleta hasta su vivienda en el barrio Torazo, de Florencia.

“Las situaciones presentadas nos ponen a las comunidades y organizaciones sociales de los territorios en disputa, en una situación muy preocupante, en el marco del escalonamiento del conflicto armado, alejando cada vez más las posibilidades de construir una paz que se base en la solución de los problemas sociales que dieron origen a la confrontación armada”, detallan los firmantes de la carta.

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Un informe, presentado el 23 de febrero de este año, de la oficina Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, ratifica la ausencia de una presencia integral del Estado en las regiones que han sido afectadas por el conflicto armado de manera más profunda. En ese informe se muestra que en el 2020 se presentaron 76 masacres que ocasionaron la muerte a 292 personas entre afrodescendientes, indígenas, mujeres, niñas y niños.

“Las organizaciones sociales que desarrollamos trabajo en estos territorios, que hemos padecido los rigores de la guerra y las vulneraciones de nuestros derechos antes y durante los años de conflicto, proponemos a las autoridades territoriales: Alcaldías y Gobernaciones, al Ministerio Público, a la Comunidad Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, a las iglesias y a los diferentes actores que conviven en el territorio, avanzar hacia la construcción de un “Pacto por la Vida y la Paz en el Territorio” desde las experiencias propias que posibilite construir desde el diálogo y con todos los actores que hacen presencia en el territorio, una ruta que permita proteger la vida de quienes no se encuentren en armas”, explican las organizaciones sociales.

En total son tres puntos los que proponen a las organizaciones del Estado y a los grupos armados ilegales. Primero, garantía del derecho a la vida y a la paz sobre todas las cosas y que se privilegie el diálogo con todos los grupos como principio de estabilización y superación de los conflictos. Segundo, que haya respeto del principio de distinción, que excluya de las hostilidades a los líderes y lideresas sociales, firmantes del acuerdo de paz y al conjunto de la población civil que habita los territorios. Tercero, un cese de la persecución y estigmatización de los habitantes de parques naturales, cultivadores de hoja de coca y excombatientes.

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“Es hora de apostarle a los pactos por la vida y anhelamos que la iniciativa tenga eco en la institucionalidad y en los grupos armados de todo tipo, atendiendo este clamor de la sociedad civil que también exige al Estado un acuerdo humanitario, una paz completa y la negociación política con todas las insurgencias y grupos armados”, concluye la carta de las organizaciones.

Algunas de las organizaciones que firmaron la carta fueron: Cooperativa Multiactiva Agropecuaria Por La Paz (COAGROPAZ), Instituto Para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Cooperativa de Consumo Responsable AYNI Economías Vecinas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Fundación Misión Y Vida Corporación de servicios Integrales las ceibas (COOPRPOINTEGRAL CEIBAS), Coordinadora Nacional De Procesos Sociales, Populares Y Comunitarios Programa De Desarrollo Y Paz del Huila Y El Piedemonte Amazónico (HUIPAZ), Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (ASOCOOPH), Asociación Campesina Del Perijá (ASOPERIJÁ), Asociación Campesina De La Guajira (ASOCAGUA), Frutos De Paz Raíces del Sur Semillas De Paz Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanas de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP), Colegio Medico de Colombia Seccional Huila Juventud Rebelde Colombia Caguán Vive.

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