Otra demanda contra Colombia

Es ante la OEA, por el incumplimiento de fallos que le permitirían a la firma norteamericana Sea Search Armada rescatar el tesoro hundido en 1708 cerca de las Islas del Rosario.

Monedas acuñadas en el Nuevo Reino de Granada, como estas, iban a bordo de los galeones en la Colonia.
Monedas acuñadas en el Nuevo Reino de Granada, como estas, iban a bordo de los galeones en la Colonia.

El pasado Viernes Santo fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington una denuncia de Sea Search Armada contra la República de Colombia, pidiendo que a través de esa entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) se obligue al gobierno de Juan Manuel Santos a cumplir los fallos judiciales que le otorgaron derechos a esa multinacional norteamericana para rescatar el famoso tesoro del galeón San José.

El alegato de 43 puntos, conocido por El Espectador, resume treinta años de la puja entre SSA, antes llamada Glocca Morra, y el Estado colombiano; la primera en busca de hacerse al cargamento de oro, plata y esmeraldas, apoyada en conceptos favorables de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y los gobiernos desde el de Belisario Betancur hasta el de Santos impidiéndoselo hasta tanto no haya en el país una ley que regule el patrimonio cultural sumergido, tema que apenas está en discusión en el Congreso.

El galeón español San José naufragó el 8 de junio de 1708 durante una batalla con la flota inglesa en cercanías de las Islas del Rosario, en el mar Caribe colombiano. Se dirigía a Cartagena partiendo de Portobello (Panamá), donde embarcó carga que provenía del Virreinato del Perú, “avaluada en más de 10.000 millones de dólares”, según la demanda, y consistente en monedas y barras de oro y plata pertenecientes a comerciantes peruanos.

La firma registrada en el Estado de Delaware, Estados Unidos, y representada legalmente por Jack Harbeston, director de Sea Search Armada, asegura en este nuevo documento que la República de Colombia, como estado miembro de la OEA, violó los artículos 21 (derecho a la propiedad privada) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según él, la propia Comisión Interamericana ha dicho que “no basta con la existencia formal de los recursos y providencias judiciales, sino que éstos deben tener efectividad, es decir, deben dar resultados a las violaciones de derechos contemplados en la convención”.

Como informó este diario, SSA ya había demandado a finales de 2010 al Estado colombiano, reclamando una indemnización de 17 mil millones de dólares por concepto de pérdidas logísticas y contractuales generadas desde 1982, cuando empezó a buscar el galeón San José en el mar Caribe con autorización del gobierno y de la Armada Nacional. Esa causa fue desestimada por prescripción, pero SSA apeló en Semana Santa ante la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es por los presuntos daños causados por el desacato del gobierno a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de julio 5 de 2007, donde se decidió en última instancia que la cazatesoros estadounidense sí fueron los “descubridores” del lugar donde se encontrarían los restos del San José, cerca a las Islas del Rosario, y que tienen derecho al 50% de lo que se considere tesoro, es decir, las piezas repetidas que no constituyan patrimonio cultural sumergido del país, el cual es inalienable e intransferible.

Precisamente esta semana, mientras los abogados designados por el Gobierno Nacional se ponían al tanto ante ese tribunal de Virginia, se conoció la demanda ante la OEA. Ayer circuló en Washington una versión de que, en Virginia, Colombia habría entregado la mitad del tesoro a SSA. Sin embargo, una fuente del Gobierno dijo que eso es falso y que lo único que sucedió es que se reconoció que el fallo de la Corte Suprema de 2007 que le dio derechos a SSA está vigente, pero que no ha sido ejecutado no por incompetencia del Estado, sino porque todavía no existe el marco legal para hacerlo, hasta tanto el Senado apruebe el proyecto de ley 125, que ya fue aprobado por la Cámara a finales del año pasado y que fija las condiciones técnicas para saber qué es y qué no es tesoro y cómo se extraerían esas riquezas del mar Caribe colombiano, donde según expertos internacionales como el italiano Claudio Bonifacio, hay cerca de 1.200 galeones hundidos de la época de la Colonia.

El funcionario dijo que Colombia mantendrá esa posición ante la Corte de Columbia y ante la OEA si la demanda es admitida.

El proyecto de ley, presentado al Congreso por el Ministerio de Cultura, ha sido objeto de fuerte polémica porque grupos de investigación de las universidades Externado y Nacional han advertido que favorece intereses económicos de multinacionales —que recibirían la mitad de los tesoros hundidos— más que los intereses culturales de la Nación, cuya prioridad debe ser proteger in situ aquellos bienes arqueológicos en aguas nacionales. Para ellos, no ha habido un debate público y a fondo del tema.

Mientras el Senado dice la última palabra y los académicos ya preparan demandas ante la Corte Constitucional, la nueva demanda ante la OEA insiste en que el gobierno de Juan Manuel Santos se ha negado sistemáticamente a reconocer los derechos de SSA y que la última comunicación fue que una vez haya normas legales regulatorias, el propio Estado colombiano se ocupará de localizar y rescatar el San José. Sin embargo, se sabe en los círculos científicos que sólo unas pocas multinacionales tienen la capacidad técnica para hacer una operación de este calado.

SSA señala a la corrupción oficial como causa del desacato a la sentencia de la Corte Suprema y la “confiscación de los tesoros”. Acusa a la Comisión de Especies Náufragas del Gobierno, de la que hacen parte el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Cultura, el director de la Dimar, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el secretario jurídico de la Presidencia (quien además es secretario técnico de la Comisión) y cinco expertos designados por el presidente, entre ellos Fabio Echeverri Correa, Germán Montoya Vélez y Rodolfo Segovia Salas, “personajes muy conocidos en Colombia, con extraordinaria influencia en todos los gobiernos, quienes a partir del denuncio del descubrimiento en 1982 se dedicaron a asaltar en su beneficio personal esos tesoros ajenos”. Este diario habló en el pasado con Echeverri sobre estos cargos y él los rechazó de plano. El demandante dice que en su momento entregará pruebas.

El documento de la SSA se vale incluso del reciente fallo con el que Colombia perdió parte del mar Caribe en La Haya para afirmar que la política nacional frente a las riquezas de sus aguas continentales es contradictoria.

Temas relacionados