Periodismo regional reclama protección

La amenaza de muerte contra ocho reporteros de Valledupar revela el oscuro panorama de esta profesión en el país.

El pasado lunes, en horas de la madrugada, un panfleto escalofriante llegó a las puertas del diario ‘El Pilón’ y a la emisora Maravilla de Valledupar, para advertirle a ocho periodistas que abandonaran la ciudad en menos de 24 horas. "En nombre del grupo Anti-Restitución de Tierras en la costa Caribe (se) le informa a todos los vallenatos que los siguientes periodistas (sapos) son declarados objetivo militar y tienen 24 horas para salir de la ciudad. Debe quedarles claro que si siguen metiendo las narices en los casos de restitución de tierras y víctimas, ustedes serán las próximas", cita el comunicado.

El mensaje, firmado por criminales que están en contra de la indemnización y el retorno de campesinos desplazados por la violencia en la Región Caribe, prendió las alarmas de las autoridades del departamento del Cesar que desde el martes ejecutan un esquema de seguridad para proteger la vida de los periodistas, entre los cuales figuran Reines Asprilla, de El Heraldo; J. J. Daza, director de la emisora Maravilla; Herlency Gutiérrez, periodista de RCN; Damaris Rojas, del periódico Al Día; Katia Ospina, de Noticias Uno y CM&; Ubaldo Anaya, de RPI; Martín Mendoza, de Caracol Televisión, y Óscar Arzuaga, de Radio Guatapurí.

La periodista Damaris Rojas le contó a El Espectador que su trabajo, al igual que el de sus colegas, se ha dirigido a cubrir el tema de restitución de tierras, informando cuántas y cuáles familias han logrado vincularse al programa del Gobierno. "Hoy nos quieren callar para no continuar informando a la gente. He realizado varios artículos dándole voz a las víctimas que manifiestan sus quejas sobre las reclamaciones", comentó.

Aunque se desconoce quiénes conforman el “grupo Anti-restitución”, el periodista J.J. Daza afirma que ha recibido denuncias de personas que se están vinculando al programa de restitución y han sido víctimas de intimidaciones por parte de esta presunta organización ilegal. También, el comunicador explicó que esta es la tercera amenaza que ha recibido en menos de dos años. "A través de la emisora, no solo he informado sobre restitución en la región sino de otros temas de corrupción en grupos políticos que se quedan con las regalías de la región, producto del carbón, así como la forma en que los alcaldes de turno se han llenado sus bolsillos de dineros públicos. Ahora mi familia y yo tenemos miedo. Tendremos que decidir si quedarnos o salir del país", dijo Daza.

Otra de las periodistas que aparece en la lista, Katia Ospina, dijo que estas amenazas "buscan impedir que denunciemos las negras intenciones de los grupos armados de bloquear el proceso de restitución de tierras y reparación a las víctimas. Esta situación no solo perjudica nuestro trabajo, nuestras vidas, sino también el derecho a la verdad", y agregó que la Policía realiza constantemente rondas por los medios donde trabajan los profesionales amenazados y en sus viviendas.

En lo que va corrido de 2013, según cifras de la Flip, se han presentado 30 amenazas contra periodistas, ocho obstrucciones al trabajo periodístico, dos exiliados, uno fue herido en ejercicio de su labor y otro objeto de atentado (Ricardo Calderón). Actualmente, la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior tiene bajo protección a 94 periodistas de todo el país.

Este miércoles, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) manifestó su preocupación ante la escalada de amenazas contra los periodistas y aseguró que las medidas de protección y apoyo a los periodistas víctimas de agresiones son fundamentales pero no son suficientes.

"El Estado se encuentra en la obligación de adelantar con prontitud las investigaciones que permitan identificar y castigar a los autores materiales e intelectuales de estos delitos pues, solo así, se evitará que se siga intentando silenciar la prensa".