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Maureen Hooker O’neill, magíster en Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Caribe, compartió durante seis meses el día a día de 15 personas, entre los 13 y 60 años, consideradas sordas por la Confederación Nacional de Sordos de Colombia, es decir, quienes tienen una pérdida auditiva mayor a 90 decibeles y por su condición clínica es improbable que puedan adquirir una lengua oral.
“El estudio mostró que son una comunidad distinta, tienen una lengua de señas nativa propia que debería usarse. Les ponemos audífonos, trabajamos con sus familias y los entes territoriales, además de buscar que se integren a la sociedad e instruirlos en los colegios, pero hasta ahora todo ha fracasado porque su lengua no es tenida en cuenta”, enfatiza la también fonoaudióloga Hooker O’neill.
El estudio adelantado por la magíster es el primero centrado en esta comunidad de 100.000 pobladores, entre los cuales el 70 % son continentales, es decir, los colombianos que viven en el continente; el 25 % corresponde a raizales hablantes de creole; el 5 % agrupa personas que se comunican en inglés y solo un 0,5 % emplea la lengua de señas, según el censo más reciente.
Abusados lingüísticamente
Las personas contactadas para el estudio provienen de familias raizales multilingües (hablantes de creole, español e inglés) y residentes en sectores tradicionales como Elsy Bar, San Luis Gough, Sound Bay, Platform y Mission Hill, en San Andrés y Bottom House, Free Town y Old Town, en Providencia.
Dentro de los aspectos estimados se indagó sobre el lugar de residencia, la configuración familiar (si vivían con sus padres y si estos eran separados), el tipo de participación en los diferentes escenarios (el colegio, el trabajo o la iglesia). Además, en entrevistas individuales ofrecieron información sobre sus gustos y aficiones.
Así, la magíster Hooker constató que los hablantes obligan a los sordos a acoplarse a su lengua. Ni siquiera los familiares son conscientes de que las señas que utilizan forman parte de su lengua. A esto se suman las escasas oportunidades en el ámbito laboral, pues solo acceden a trabajos que no exigen capacidades intelectuales o cognitivas, por ejemplo se dedican a ser vigilantes o cuidadores de carros.
De hecho, las personas sordas de mayor edad consideran su estado auditivo como una enfermedad y no reconocen la lengua de señas como aquella con funciones similares a las orales, que les pudiera ayudar en la vida, así como tampoco los demás elementos de su cultura. La mayoría son personas solteras que viven con su grupo familiar y dependen económicamente de ellos.
Esta situación, afirma la magíster, es consecuencia de la poca educación que reciben, ya que en las instituciones educativas no hay infraestructura necesaria, ni políticas de inclusión, tampoco recurso humano capacitado para atender esta población.
La investigación comprobó que en los entes académicos y de registro no existen estudios realizados en el archipiélago sobre esta comunidad. Según la Oficina de Atención a Discapacitados de la Secretaría de Educación Departamental, alrededor de 50 niños están vinculados al programa de inclusión al aula, pero no poseen registros sobre las acciones pedagógicas y sociales que posibiliten la inclusión educativa y social en edad escolar. Por otro lado, la Secretaría de Salud reporta que existen 23 personas sordas con un rango de edad de entre 20 y 44 años.
Sin apoyo institucional
Otro aspecto por destacar es la falta de instituciones donde las personas con discapacidad auditiva puedan adquirir una lengua de señas estructurada. Esto se debe a que, por un lado, estas personas y sus familias no poseen una red institucional de apoyo y tienen poco contacto entre sí, puesto que viven en diferentes sectores de las islas.
De igual manera, los padres de familia que participaron en el estudio no han sido formados en este sistema lingüístico como segunda lengua, para que puedan transmitirla a sus hijos en situación de discapacidad auditiva.
Adicionalmente, en la isla hacen falta nativos en lengua de señas que sirvan como modelos pedagógicos para el proceso de enseñanza. “Al no tener instituciones gubernamentales ni privadas con adecuada información académica, estas personas estarán en desventaja, marginalizadas, abusadas lingüísticamente y explotadas laboralmente”, advierte la fonoaudióloga.
Mejorar las condiciones de esta población implica el fortalecimiento de las herramientas usadas por los entes oficiales para recolectar información de las personas que padecen una pérdida auditiva en el archipiélago. “El proceso es limitado y los datos obtenidos no coinciden con la realidad de este grupo social. Si bien existe un programa de discapacidad en la Secretaría de Salud que facilita ayudas técnicas, no ofrece la cobertura suficiente porque la cantidad de casos registrados es mínima”, precisa.
También, es importante que el sistema público escolar reconozca a estas personas como un grupo étnico minoritario e implemente estrategias que logren la integración de estos factores dentro del plan escolar y desarrolle medidas de inclusión.