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Piden condonar las deudas de víctimas en el Catatumbo

La Comisión de Paz del Senado adelantó una audiencia en el Catatumbo en la que organizaciones sociales pidieron garantías para proteger a la población. Esto debido al conflicto armado que se ha agudizado en la región.

La Comisión de Paz del Congreso sesionó en el Catatumbo donde organizaciones sociales pidieron garantías para proteger a la población. Esto debido al conflicto armado que se ha agudizado en la región. Archivo El Espectador

La Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo realizó varias propuestas ante la Comisión de paz del Senado en una audiencia en la que los parlamentarios viajaron al municipio de Playa de Belén, Norte de Santander, para escuchar las preocupaciones de la comunidad en torno a las recientes dinámicas de conflicto que se configuraron en la región. 

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“¿Dónde está el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito?, ¿Dónde están las garantías de seguridad para los ex combatientes y los líderes y lideresas sociales?”, fueron algunas de las preguntas que hizo la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo en una carta dirigida a los congresistas.

Además, resaltaron que las crisis social y humanitaria que se presenta en la región, no se reduce solamente a la actual confrontación armada entre el Eln y el Epl, por lo que realizaron varias propuestas y solicitudes como el compromiso de suspender hostilidades que afectan a la población civil.

“Se respeten sin excepción a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, las juntas de acción comunal y se reconozca el acuerdo de paz con las Farc, como un mecanismo para avanzar en la búsqueda del cierre definitivo del conflicto armado a través del diálogo”, se lee en la carta firmada por la organización del Catatumbo.

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Otro de los puntos claves que solicitó la Comisión por la Vida a la Gobernación y a las Alcaldías, es a familias que por la crisis humanitaria no pudieron cumplir obligaciones de crédito a tiempo. “De igual manera subsidiar a aquellas familias que teniendo obligaciones con empresas privadas o particulares no pudieron cumplirlas por la crisis humanitaria. Esto está reconocido en la Ley 1448 de 2011, artículo 128”, se lee en el comunicado donde agregan que se requiere un plan de inversión para la recuperación de las pérdidas de los pequeños y medianos agricultores.

Además, solicitaron al Congreso de la República haga seguimiento y control político a la política de Catatumbo sostenible, zonas futuro y PDET.

 

El Catatumbo fue una de las zonas más afectadas por el paro armado anunciado a mediados de febrero por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército de Popular de Liberación (Epl). La guerra entre estos grupos armados tiene sus antecedentes en 2016, cuando se rompió un acuerdo de no agresión al que habían llegado ambos grupos. La guerra alcanzó tales dimensiones que tan solo en 2018, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 16.000 personas tuvieron que desplazarse en esa región.

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Según la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, los asesinatos en la zona han aumentado pese a los intentos de incrementar el pie de fuerza en la región. “En el periodo de 2015 a 2019 se ha registrado un incremento del 77% de la tasa de homicidios en la región. Tibú presentó una tasa de homicidios de 244 por 100.000 hab. en 2019”.

La Defensoría del Pueblo publicó en 2019 cuatro alertas tempranas para los municipios de El Tarra, Ábrego, La Playa, Teorama y Puerto Santander, donde advirtió el incremento de los enfrentamientos entre el Eln y el Epl.  

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (Fip), sostiene  que la región tiene tres dinámicas que deben ser abordadas de manera conjunta: primero, la inestabilidad en la regulación que ejercen diferentes grupos armados ilegales, lo que ha generado procesos de fragmentación y disputa. Segundo, la presión e influencia de la crisis venezolana; y tercero el deterioro de la seguridad y el impacto humanitario. 

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Los resultados que dejó el paro armado anunciado por ambas estructuras ilegales fueron un golpe para la región. En municipios como Playa de Belén, Ider Álvarez, alcalde del municipio, explicó que los niños no asistieron a clases y había desabastecimiento de alimentos. “Esta semana incineraron dos motocicletas, y un carro recibió disparos. Además, la situación es difícil para los campesinos, porque a finales del mes de enero se recoge la cosecha que se sembró en noviembre, con la cual todos tienen esperanza, porque estamos en verano y se puede vender más caro el producto. Sin embargo, no se puede sacar ni un bulto de cebolla”, dijo. 

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* Redacción Nacional

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