"Podría demostrar que lo que he dicho es verdad"

El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, quien acaba de retirarse por período cumplido, se rebeló contra el silencio de los integrantes de los altos tribunales y levantó un velo que ha resultado cómplice y ha cubierto lo que ocurre en el Palacio de Justicia. Aquí habla de casos graves y concretos en los que triunfó el derecho, pero con no pocos intentos de torcerlos.

“(El magistrado) Rojas Ríos insistió con una intensidad impresionante… en que había que indemnizar a Guerra de la Espriella (condenado por recibir plata del cartel de Cali)”: Dice Nilson Pinilla / Gustavo Torrijos - El Espectador

¿Hay tráfico de influencias en la selección de las tutelas que la Corte Constitucional revisa?

Eso nunca ocurrió en mi caso ni en el de la mayoría de los magistrados, pero, ¡qué bueno que se hiciera una revisión de las numerosas insistencias para seleccionar tutelas de Jorge Pretelt!

Exactamente, ¿qué significa “insistir” en la selección de una tutela?

Como todos los fallos de tutela llegan a la Corte, hay una primera sesión en donde se seleccionan aquellos que serán revisados. Entonces hay unos que quedan por fuera. Pero la ley prevé que se pueda insistir en que una tutela que no se escogió sea seleccionada. Es una medida positiva porque se pueden cometer errores de criterio.

Entonces, ¿por qué le preocupa que Pretelt sea el que más insistencias para revisar tutelas haya presentado?

Porque él no se ciñe a los criterios de defensa del interés general o de los derechos, sino que insiste en grado sumo cuando hay en juego, por ejemplo, intereses de personas muy adineradas de la Costa Atlántica que podrían estar relacionadas con él por lazos de amistad.

¿También se puede hablar de “mañas” en la Corte cuando un magistrado “engaveta” fallos incómodos durante semanas o meses para demorar el efecto adverso de los mismos?

El término “engavetar” que usted usa es muy descriptivo y ocurre.

¿Quién o quiénes usan ese mecanismo?

Ha sucedido con Jorge Pretelt.

Deme un caso.

El exalcalde de Barranquilla Alejandro Char y la empresa constructora de su familia tuvieron un grave problema con un barrio de esa ciudad que fue construido en un sitio donde se estaban hundiendo los suelos. Los afectados interpusieron tutela contra la constructora y contra la Alcaldía, que dio los permisos. La entonces magistrada de la Corte Clara Inés Vargas falló a favor de los afectados, dando la orden a la constructora y a la Alcaldía de solucionar el problema, pero no fue cumplida. Y por eso, estando ya Jorge Iván Palacio, la Corte retomó el caso. Con él hacíamos sala Pretelt y yo, que estuve de acuerdo en que había que hacer cumplir la tutela. Pretelt tuvo en su escritorio la decisión desde agosto de 2012 hasta enero del año siguiente, sin salvar el voto ni firmarla. Nosotros dos tuvimos que sacar un auto en presencia del presidente de la Corte y de la secretaria general para publicar la decisión y que surtiera efecto. Este es un caso clásico en que se “engavetó” un fallo y se demoró así la acción de la justicia.

¿El magistrado Pretelt es cercano a la familia Char de Barranquilla?

Jorge Pretelt Chaljub tiene una relación reconocida con Alejandro Char Chaljub.

Usted y su colega Palacio tuvieron que publicar también la decisión de ambos sin la firma de Pretelt en una tutela del entonces magistrado William Giraldo, quien quería permanecer en el Consejo de Estado a pesar de que tenía que retirarse. ¿Pretelt volvió a usar la “gaveta” para demorar el fallo que no favorecía a Giraldo?

Sí. Lo tuvo “engavetado” unos cuatro meses. Jorge Iván expidió un auto en el sentido de que en un fallo de tutela precedente, a favor de Giraldo, se había conculcado el debido proceso de los candidatos a reemplazar a Giraldo. Henry Villarraga era quien había fallado la tutela que favorecía a Giraldo. Anulamos esa decisión y se ordenó rehacer la actuación desde el inicio. Pero nos hicieron un escándalo dizque porque nosotros dos estábamos parcializados. Nadie pensó en que si eso fuera cierto, ¡hubiéramos fallado a favor de Giraldo y no en su contra! El hecho es que cuando le llamamos la atención a Pretelt para que firmara o salvara el voto, nos dijo que “en diciembre no se saca a nadie”. Entonces Jorge Iván y yo procedimos a hacer pública la decisión sin Pretelt.

¿Es verdad que trataron de vengarse de usted por este caso?

No sé si se trataba de venganza, pero inmediatamente después Villarraga presentó ante sus colegas un proyecto en el cual le ordenaba a la Corte Suprema que elaborara una terna para reemplazarme en virtud de que yo estaba en edad de retiro forzoso. Fue tan vergonzoso que ni sus propios compañeros le quisieron firmar el proyecto.

¿Cree que en estos y otros casos hay dinero de por medio?

No puedo afirmarlo, pero sí sé que hay una gran desconfianza en posiciones tan intensas y combativas como las de, por ejemplo, Alberto Rojas en el caso de José Guerra de la Espriella contra el Estado por su condena en el Proceso 8.000. Y en el caso del pleito de Granahorrar, también contra el Estado, en el que se juegan inmensos recursos públicos.

¿Por qué usted siempre se refiere a Pretelt y a Rojas? Éste llegó a la Corte con cuestionamientos muy serios, pero mucho tiempo después de Pretelt.

Pretelt estaba casi siempre solo, aunque encontraba apoyo ocasional. Rojas Ríos llega en un momento muy oportuno para Pretelt y éste tiene una gran ventaja: es muy generoso.

Y, ¿qué quiere decir con eso?

Que tiene propiedades que, según me han dicho, son espléndidas y adonde puede llevar a sus invitados a divertirse. También que le gusta mucho atender gente.

El caso de José Guerra de la Espriella, precisamente de una familia muy poderosa de la Costa Atlántica, ha sido tortuoso: fue condenado por sus relaciones con la mafia en la época del 8.000. Pero un comité de la ONU le pidió al Estado colombiano indemnizarlo. Ya la Corte falló en su contra. Sin embargo, ¿algún magistrado defendió al condenado?

El dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas salió a favor de Guerra y condenando a Colombia a iniciarle un nuevo proceso y a indemnizarlo. El argumento era que no se había hecho audiencia pública para su juzgamiento. Pero eso no podía hacerse porque en aquella época mataban a los jueces. La primera ponencia en la Corte Constitucional, a favor de acatar el dictamen del Comité de la ONU, la presentó Alexei Julio, quien actuaba temporalmente en la Sala Plena, mientras llegaba el reemplazo de Humberto Sierra.

¿Qué argumentó Pretelt?

No participó porque se declaró impedido por “amistad íntima” con Guerra.

¿Cómo se tomó la decisión final de no acatar la sugerencia del Comité de la ONU?

Cuando eligieron a Rojas Ríos, éste continuó con el caso porque estaba en ese despacho. Yo le di mucha importancia al tema porque, ¡imagínese a los contribuyentes colombianos dándole su dinero de impuestos a una persona que había recibido plata del cartel de Cali! Rojas insistió con una intensidad impresionante y, a pesar de una defensa jurídicamente impecable a favor del Estado hecha por la defensora Adriana Guillén, en que había que indemnizarlo. Pese a los esfuerzos de Rojas, la votación fue 6-1 en contra de favorecer a Guerra y, de paso, a los demás condenados del 8.000.

Supe que fue muy accidentado el proceso sobre la propiedad de unos predios en la isla Tierra Bomba. Se los disputaban los familiares del exmagistrado José Alfredo Escobar Araújo, entre otros, su cuñado Reginaldo Bray, el del lío de Dragacol. ¿Hubo intereses fuera de los jurídicos en este caso en la Corte?

Se trataba de la disputa sobre la presunta propiedad de unos predios que en realidad son baldíos del Estado. No tenían mayor valor hasta cuando la Armada anunció que iba a construir allí una base y con ella llegarían muchos beneficios. En el otro lado de la isla habitaban unos afrodescendientes. La disputa sobre la posesión de esa parte evoluciona en los estrados, uno de los cuales había ordenado la extinción de dominio de cinco predios que estaban en poder de los socios de Dragacol. Cuando un fiscal levanta el embargo y después se ordena, por medio de una tutela que se restituyan los predios, le añadieron una ‘ñapa’: en lugar de 78 hectáreas iniciales se ordenó devolver más de 400. La mayoría de la sala echó para atrás la “ñapa”, pero empezaron a enredar el proceso.

¿Cómo?

Iniciaron una operación increíble: milagrosamente le hicieron una promesa de compraventa de una pequeña porción de uno de los predios a un sobrino del magistrado Palacio que había trabajado el caso por reparto aleatorio. Esa persona no tiene ninguna cercanía con Jorge Iván y, además, nunca tuvo con qué pagar. Recusaron a Palacio, pero como la decisión ya estaba tomada, no surtió efecto. Como otras veces, los dos estábamos esperando que Pretelt firmara o salvara el voto. Y, de nuevo, “engavetó” el caso. En esta ocasión no fueron meses sino días.

Pero el enredo no terminó allí. ¿Por qué?

Porque como no prosperó la recusación, pidieron la nulidad de la decisión alegando que se quebrantó la cosa juzgada. Era un argumento absurdo. La batalla en Sala Plena fue enorme y muy difícil, a pesar de que era evidente que no había ninguna causal. Como el caso pasó a mi despacho, yo sustenté la no aceptación de la nulidad. Pretelt, que trataba de favorecer a los socios de Dragacol, contó con el apoyo de Rojas Ríos y a ellos se les sumó Luis Guillermo Guerrero. Fue necesario designar dos conjueces impecables y con sus votos se aprobó mi providencia, en que se restablece el derecho en cuanto a los predios de Tierra Bomba. Cuando Pretelt vio que el asunto era tan contundente, cambió sorpresivamente su posición.

¿Es verdad que a usted y a Jorge Iván Palacio los denunciaron ante la Comisión de Acusación de la Cámara también por sus decisiones en este caso, como se dijo en su momento?

Sí. Uno de los interesados en esos predios presentó queja disciplinaria contra Jorge Iván por no haberse declarado impedido y contra mí por no haberlo obligado a retirarse del caso. Así de ridículo fue el argumento. El representante Constantino Rodríguez, el mismo que archivó el proceso por el carrusel de las pensiones en la Judicatura, favoreciendo a Villarraga y sus colegas, nos abrió investigación a nosotros dos con una gran diligencia. Buscaba que yo también tuviera que declararme impedido.

Y si usted se hubiera tenido que declarar impedido, ¿a quién habría tenido que pasar la ponencia?

A Jorge Pretelt.

En el pleito aún pendiente, de Granahorrar contra el Estado, los socios de esa extinguida entidad financiera pretenden indemnización multimillonaria porque, según dicen, fueron intervenidos injustamente por el gobierno de la época. ¿Cuánto se está jugando la Nación en esa reclamación?

Hace dos años la cuenta iba por $640 mil millones y ahora podría llegar a cerca del billón de pesos.

Eso es toda la plata del mundo. ¿Quién tiene esa ponencia?

Mauricio González rechazó la tutela del Consejo de Estado a favor de las pretensiones de Granahorrar. Y la sala lo apoyó. Pero los interesados acudieron, otra vez, a la nulidad. Le correspondió el estudio de nuevo a González, quien presentó un magnífico proyecto. Pero Rojas Ríos hizo un discurso terrible para demostrar que supuestamente se quebrantó el debido proceso porque no se hicieron unas notificaciones a los socios de Granahorrar, siendo que la persona jurídica fue debidamente notificada. Es tan débil la argumentación, que uno no se explica por qué Rojas insiste en eso.

¿Por qué lo haría? Dicen que Rojas conoce bien el derecho.

No lo sé, pero es insólito que un conocedor del derecho procesal como él desconozca las teorías del hecho notorio y la conducta concluyente que indican que los supuestos afectados conocían perfectamente la situación.

¿Pretelt apoya aquí también la posición de Rojas?

Sí. Lo más doloroso es que hayan logrado engañar a Luis Guillermo Guerrero. Si se hubiera votado, habríamos quedado 4-3. Con mi salida, la decisión simplemente se pospuso. El país tiene que estar vigilante porque, como le digo, se juega casi un billón de pesos de recursos públicos.

¿No será que usted es muy suspicaz y que las posiciones de Pretelt y Rojas son simplemente interpretaciones distintas del derecho constitucional?

Los medios de comunicación han venido insistiendo en probables conductas de ellos no fundamentadas en derecho. Por ello, tengo razones para sentirme altamente preocupado. Hago un llamado a que se mantenga e incremente el control social sobre esas actuaciones.

¿Está consciente de que lo pueden denunciar penalmente?

Sería una gran oportunidad para desarrollar la exceptio veritatis y así demostrar que todo lo que he dicho es verdad.