Por denunciar casos de acoso, profesora habría sido despedida de U. de Ibagué

Mónica Godoy denunció que su despido se debió a la "presión que ejerció" al conocer y denunciar varios hechos de supuesto acoso laboral a las vigilantes de la institución y por un posible caso de abuso sexual a una estudiante al interior del campus universitario.

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Hasta el pasado jueves 17 de agosto, Mónica Godoy trabajó como profesora en la Universidad de Ibagué, cuando fue despedida, según dice, de manera injustificada por denunciar varios casos laboral y sexual al interior de la institución, a varias vigilantes y a una estudiante. Una situación que, aunque no ha sido negada por la universidad, tampoco ha recibido muchas respuestas.

La historia es así. Godoy llegó a la Universidad de Ibagué el 18 de enero de 2016 para ser docente del área de Lenguaje de la Facultad de Humanidades y a partir de marzo de este año, empezó a coordinar el diplomado de Equidad de Género. En abril, cuando ya completaba más de un año trabajando como profesora, Godoy inició varios talleres de sensibilización con los vigilantes, encargados por la rectora de ese momento Carmen Inés Cruz.

Los talleres, explicó Godoy en un comunicado que publicó luego de su despido, se plantearon “por una queja que interpuso una de las mujeres vigilantes de la universidad porque tanto ella, como sus compañeras, estaban siendo víctimas de acoso laboral y sexual desde hace años por parte de uno de los supervisores y algunos de sus compañeros”. Así, en un correo fechado el pasado 6 de abril, Godoy envió su “propuesta de trabajo con los vigilantes”, mensaje que fue respondido por Cruz pidiendo que “cuanto antes, se ponga en marcha esta propuesta que formula la profesora”.

Cuando empezaron las capacitaciones, la profesora se percató de una grave situación: el acoso que denunciaban las cinco mujeres vigilantes era “sistemático y se presentaba en una relación de poder, porque lo hacía uno de sus supervisores”. Además, encontró que ya en febrero una mujer había denunciado ante el Comité de Convivencia de la institución, pero que no recibió respuesta por escrito. Y, por último, que las quejas que ellas estaban poniendo además de no tener solución por parte de las autoridades de la universidad, estaba generando más estigma entre los mismos vigilantes.

Las denuncias hechas por las vigilantes eran varias y tenían un común denominador: uno de los que más las hacían era uno de los supervisores. “Eran objeto de burla constante, les ponían apodos. Una de ellas me comentó que le decían ‘billete 20’, porque decían que por 20 mil pesos ella se acostaba con cualquiera. Infundían rumores diciendo que eran prostitutas, fáciles. El supervisor les mandaba imágenes pornográficas e incluso a una de ellas la tocó mientras estaba en el baño. Les hacía insinuaciones sexuales, las seguía por las cámaras de la universidad, por radio les hacía mensajes que no estaban relacionados con su trabajo”, dijo Godoy en diálogo con El Espectador.

Así las cosas, en junio, cuando la universidad ya había cambiado de rector (el 20 de abril llegó al cargo Hans Peter Knudsen), la institución empezó a actuar, pero la forma de hacerlo también suscitó las críticas de Godoy. Para ese momento, el supervisor señalado de ser el principal “perpetrador” de los abusos ya había sido degrado del cargo y trasladadode sede. Y, después de esa decisión, le siguió la de despedir a varios vigilantes, primero fueron tres que también podrían estar involucrados por las mujeres de haberlas acosado.

Cuando sucedieron los primeros, Alejandro Yepes, director administrativo de la universidad, acudió donde la profesora, pero ella le mostró su desacuerdo con esta decisión, pues podría propiciar mayores estigmas contra las mujeres vigilantes: “Él me llama y me dice que necesita hablar conmigo y me dice que le parece que esa era la medida correcta. Pero yo le digo que cómo se le ocurre hacer despidos de tres posibles agresores sin un proceso de investigación. Eso incrementa la presión sobre ellas, porque por haber hablado: hay una revictimización por parte de la universidad”.

Aun así, los despidos continuaron. La universidad decidió no renovar el contrato de, primero, otros seis celadores que, según cuenta Godoy, no tenían nada que ver con el hecho y, después, de una de las vigilantes que habían denunciado ante las directivas de la universidad.

Ante este panorama, la profesora envió un correo dirigido al rector y a la vicerrectora en el que manifestó “mi desconcierto frente a la decisión que tomaron de despedir a una de las vigilantes a partir del 31 de agosto. No entiendo cuáles son los motivos que sustentan esas medidas, máxime cuando ustedes conocen bien la situación que ellas han tenido que sufrir”. Pero el rector Knudsen justificó la decisión aseverando, en otro correo, que “en la totalidad de los casos, incluyendo el que usted menciona, se han llevado acabo los procedimientos y análisis requeridos, para tomar la decisión que la universidad considera pertinente”.

El último caso en este tema sucedió a pocos días antes del despido de la propia Godoy. La profesora cuenta que el 12 de agosto invitó a una de las vigilantes a su clase, pues estaría invitada una profesora experta en derechos de las mujeres, a quien le comentaron la situación en busca de consejo. Pero al siguiente lunes, varios funcionarios de la institución, incluyendo a su jefe directa y a un supervisor, abordaron a la vigilante para decirle que “no podía hablar con nadie de su caso, fuera del cuerpo de vigilancia”. Pero la respuesta de Yepes fue que “no tengo ni idea acerca de que me habla”.

El caso del supuesto abuso sexual

Pero las denuncias de Godoy no eran solo por el acoso laboral de las vigilantes. Mientras dictaba el diplomado, encontró un caso que resultó más escabroso: una de sus estudiantes le contó cómo habría sido abusada sexualmente en 2016 por un instructor del gimnasio de la universidad, dentro de las instalaciones de la institución.

El 7 de abril del año pasado, el instructor del gimnasio “cita a la estudiante a las 6:30 am en las instalaciones de la universidad, la mete a un cuarto pequeño que hay en el gimnasio, le pide que se desnude porque es mejor el masaje y empieza a acariciarla. Le acaricia su vagina, sus piernas, sus senos. Él se desnuda y le pide que lo masturbe. Ella sabe que las cosas están mal, que no lo está disfrutando, que pare. No grita, porque es muy temprano y no había gente que le ayudara en ese momento. Él le insiste que tengan relaciones sexuales, ella se niega y él accede y la deja ir”, relató Godoy.

No es sino hasta junio de ese año que la madre de la estudiante de 23 años, cuyo nombre Godoy no reveló por cuestiones de protección, acudió a Gestión Humana para denunciar este caso. Pero la “doctora Irma Villanueva, de Gestión Humana, le dice que era muy raro, porque nunca había existido una queja al respecto y que nunca había pasado algo similar. Que ella informaría a sus superiores y la volverían a llamar para iniciar el proceso”.

A pesar de eso, hasta junio de 2017, cuando Godoy conoció el caso, no había pronunciamiento de la universidad. Entonces, la profesora le pidió a la joven que escribiera una carta describiendo lo que había pasado para enviarla a las autoridades de la institución y en la que manifestó su intención de denunciar lo que fuera necesario. La misiva la envió el 7 de julio. El 9 de julio recibieron respuesta, en la que pedían el nombre de la funcionaria con la que había hablado la madre de la joven en 2016, dato que fue enviado el 12 de julio.

Pero no fue sino hasta el 2 de agosto que respondió la institución, diciendo que habían iniciado una investigación disciplinaria. Aun así, Godoy es critica del actuar de la universidad, al considerar que lo que debió hacerse desde un principio, ante la sospecha de este delito en el campus de la universidad, era poner en conocimiento de las autoridades pertinentes este hecho, y no esperar más de un año.

Ahora, Godoy, que fue despedida el 17 de agosto con la explicación de las directivas de la universidad de que su “estilo no encajaba con la institución” (algo que ella considera que fue causado por la presión a las autoridades para que actuaran ante los posibles casos de abuso), está a la espera de que se solucione toda esta situación. Sobre el caso del presunto abuso sexual aseguró que el 2 de agosto se instauró la denuncia ante la Fiscalía. Además, radicará los procesos ante el Ministerio de Trabajo por su despido y el de las vigilantes por acoso laboral y sexual.

La respuesta de la Universidad

Aunque El Espectador intentó contactarse con un vocero de la Universidad de Ibagué sobre este caso, la respuesta que recibió este diario fue que el único pronunciamiento al respecto sería el comunicado publicado el pasado martes.

En el documento aseguran que “los planteamientos de la Dra. Godoy corresponden a su visión e interpretación de unos aparentes hechos de acoso (en proceso de investigación interna), en relación con personal vinculado laboralmente con la Universidad de Ibagué. Esa visión e interpretación es respetada por la Universidad de Ibagué”, pero que la institución “no toma decisiones sin los elementos de juicio suficientes para asegurar, al máximo posible, que su actuación se enmarque dentro de la normatividad y con garantías respecto de los deberes y derechos de las partes involucradas”.

En cuanto al caso de la estudiante que habría sido abusada sexualmente, la universidad no se refirió sobre este tema en específico en su comunicado.