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La pandemia del COVID-19 ha visibilizado la profunda inequidad presente en las sociedades, particularmente en países en desarrollo como la mayoría de los latinoamericanos. Una parte de la población es más vulnerable porque es la primera en dejar de percibir ingresos y perder el acceso a alimentos y servicios básicos. Además, es la más expuesta al virus por verse arrojada a economías informales o por tener que salir de casa a cumplir labores presenciales. Si a estas personas les llegan donaciones con alimentos ultraprocesados excesivos en azúcar, grasas saturadas y sodio, esto solo empeora su vulnerabilidad e incrementa los riesgos de contraer diferentes enfermedades y hasta de morir por COVID-19.
Por eso la organización Red Papaz ha pedido al Gobierno y a organizaciones internacionales como la Cruz Roja que las donaciones para población vulnerable no incluyan alimentos ultraprocesados. También la ONU y Unicef se han pronunciado sobre la importancia de que la acción humanitaria se realice sin causar daños colaterales. Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, dice que esto implica que las entregas gratuitas de alimentos “no tengan en el centro el producto que se entrega, sino las necesidades de quienes lo reciben”.
En medio de la pandemia, muchas familias han recibido estas donaciones. Solo por mencionar algunos casos, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá celebró en su Twitter la donación de al menos 11 mil gaseosas y 16 mil unidades de alimentos en paquete, mientras que el Ministerio del Deporte aplaudió la entrega de 2000 menús de McDonalds. En el departamento de Santander, en Cartagena y en Tumaco, se han hecho donaciones de productos sucedáneos de leche materna (lo que llamamos leche de tarro) para madres cabeza de familia y población vulnerable.
Hay abundante evidencia sobre los riesgos para la salud que generan estos alimentos ultraprocesados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros organismos, han dejado claro que el consumo de estos productos está asociado a la obesidad, el sobrepeso y Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. En su Modelo de Perfil de Nutrientes (2016), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que estas enfermedades están entre las primeras causas de mortalidad en las Américas.
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Las donaciones de sucedáneos de leche materna son particularmente riesgosas y van en contra de los lineamientos internacionales y las normas en Colombia. La lactancia materna debe ser la principal fuente de alimentación de los bebés y trae innumerables beneficios para su nutrición y desarrollo. En cambio, las leches de tarro que desestimulan la lactancia natural son un alimento más entre tantos productos ultraprocesados del mercado y generan múltiples riesgos relacionados con infecciones y malnutrición.
Una de las personas que visibilizó las donaciones de sucedáneos de leche materna es Paula Ardila, nutricionista-dietista y consejera en lactancia materna y alimentación complementaria. Dice ella que se han encontrado empresas tratando de hacer pasar estas fórmulas por donaciones. “Cuando el niño deja de succionar leche, la producción de leche materna se disminuye. Cuando se acaba la donación, que dura por mucho una o dos semanas, las madres sienten que se quedaron sin leche en sus senos y empiezan a adquirir estas fórmulas. Y como no hay plata, tienen que rendir las fórmulas o disminuir las porciones, o para obtener las fórmulas reducen la compra de alimentos para el resto de su familia”, señala la experta.
En Tumaco, además, se entregaron fórmulas que requieren agua potable para su elaboración y para la esterilización de biberones, sin tener en cuenta que muchas de las familias que las recibieron carecen de este servicio, lo cual aumenta los riesgos de salud. “Las donaciones se dieron en un programa de asistencia psicológica, pero nunca hubo un nutricionista o un profesional de la salud que avalara que esos niños necesitaran ese suplemento”, añade Ardila.
El problema con estas donaciones es aún más preocupante en los tiempos que vivimos, pues los pacientes de COVID-19 con cuadros clínicos más graves son en un alto porcentaje aquellos que sufren de obesidad o han sido diagnosticados antes con ECNT. En el documento ‘Relevancia de las acciones políticas dirigidas a garantizar una alimentación saludable durante la actual pandemia del COVID-19’, un grupo de docentes colombianos encontraron que este vínculo se ha probado en países como China, Estados Unidos, Francia e Italia.
Una de las autoras del documento es Mercedes Mora, nutricionista y docente investigadora de la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana. Mora explica que las personas con un adecuado estado de salud y nutrición tienen una severidad más leve cuando se contagian de COVID-19, no llegan a requerir ventiladores ni unidades de cuidados intensivos, por lo tanto, la mortalidad en ellas no es tan alta. “El riesgo de contagio es el mismo para todo el mundo, pero el riesgo de que se agraven es mucho mayor en personas con obesidad o enfermedades crónicas. Ahí está el link con el peligro de consumir alimentos no saludables a largo plazo, más grave aún si entre los beneficiarios de las donaciones hay diabéticos o hipertensos”, dice la experta.
Entonces, parece obvio que es mejor no donar comida chatarra en medio de un problema como el que enfrenta Colombia de salud pública, en el que no se sabe cuándo va a acabar la actual pandemia ni qué otras pandemias vendrán. Sin embargo, los detractores de esta iniciativa de Red Papaz se multiplican en las redes sociales y los medios de comunicación, con una serie de argumentos que vale la pena cuestionar.
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Un primer falso dilema es plantear que, si la población vulnerable no recibe estas donaciones, entonces no recibirá nada. Es decir que, como son pobres, no tienen otra opción que conformarse con la comida chatarra, aunque ponga en peligro su salud, o si no que se mueran de hambre. El prejuicio latente en este pensamiento es que hablamos de una población que no solo no tiene la capacidad de acceder a alimentos saludables, sino que no los necesita o no tiene derecho a tenerlos. O peor aún, que aquello que es basura para unas clases sociales privilegiadas, es alimento para las menos privilegiadas. Viéndolo así, más que una muestra de altruismo estas donaciones hacen visible el doble rasero al juzgar las necesidades de las personas según sus recursos, un factor de discriminación e inequidad estructural.
Si desde hace años se hubiesen implementado fuertes políticas de seguridad alimentaria para todos los colombianos, ni siquiera tendríamos esta discusión. Por ejemplo, si tuviésemos el etiquetado de advertencia en los productos (no solo la información nutricional, sino un sello visible que advierta sobre los riesgos para la salud), sería más fácil determinar cuáles son o no saludables, y los no saludables no podrían incluirse en donaciones, ni estarían en entornos escolares o en hospitales, como lo explican las nutricionistas Ardila y Mora. Mientras esta iniciativa que promueve cambios en el etiquetado aún enfrenta obstáculos en Colombia, en otros países como Chile, Perú, Uruguay y Brasil ya es una realidad.
Recientemente, el Ministerio de Salud de Colombia emitió lineamientos para las donaciones durante la pandemia, aunque provisorios y no vinculantes. El documento recomienda “limitar” la donación de alimentos altos en azúcar, sodio, grasas trans y grasas saturadas, que pueden “conducir a un mayor riesgo de que aparezcan ECNT asociadas a mayor riesgo de complicaciones en caso de contagio por COVID-19”. Sugiere “restringir” la donación de carnes embutidas (hamburguesas, salchichas, mortadelas) y gaseosas, bebidas azucaradas, jugos industrializados, refrescos en polvo, cereales azucarados, productos en paquete, snacks y comidas rápidas, entre otros. También resalta que se debe “limitar” la donación de sucedáneos de leche materna, así como de chupos y biberones que desestimulan la lactancia natural.
Pero las donaciones con varios de los productos mencionados empezaron a darse durante la pandemia y las instituciones han mirado para otro lado o han aplaudido a los donantes.
En vez de celebrar, es posible y deseable obtener donaciones de alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Mientras las grandes compañías ponen gaseosas y leche de tarro en los hogares vulnerables, en el campo colombiano suelen perderse grandes cosechas de alimentos saludables, porque no tienen cómo llegarle a la gente.
Según Mercedes Mora, el Gobierno puede y debería establecer cadenas de producción que favorezcan no solo a los consumidores de una población, sino a los productores locales: “el deber ser es que el Estado se encargue a nivel regional de establecer estas cadenas para que la gente coma lo que conoce, lo que los productores cultivan y lo que es sano. Quizás cueste lo mismo construir un camino para transportar alimentos saludables, un camino que permanecerá en el tiempo y favorecerá a toda la población, que llevarle un camión de alimentos no saludables y generar una cadena paternalista que no va a durar lo mismo que el COVID-19”.
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La segunda idea errónea que se escucha por parte de algunos líderes de opinión consiste en que una alimentación con mejores valores nutricionales es demasiado cara, complicada, sofisticada e inalcanzable para las poblaciones vulnerables. Pareciera rondar la percepción de que Red Papaz pretende que los menores con hambre sean alimentados con tofu al vapor, frutos secos y bebidas de almendras, o dietas vegetarianas o veganas. Pero una alimentación nutritiva no implica este tipo de productos, puede ser más económica y está al alcance de todos. Una fruta, un vaso de leche entera, un plátano y unas lentejas seguramente son menos costosos y tienen mejores nutrientes que cualquier menú hecho con alimentos ultraprocesados.
Hay personas y empresas dispuestas a donar alimentos saludables. Carolina Piñeros, la directora de Red Papaz, dice que durante la pandemia ha habido una silenciosa movilización desde los campesinos que desean hacer donaciones. “Agricultores y mercados campesinos también se han solidarizado, aunque sus iniciativas no tienen tanta publicidad. Lo que podría hacer el Gobierno es conectar a los campesinos que producen con los que consumen en una misma región, pero se ha encargado de conectar a las empresas que traen productos foráneos”, explica Piñeros.
Si se tratase de un gesto altruista, el Estado y hasta las compañías de alimentos ultraprocesados podrían sacar de sus bolsillos para hacer llegar mercados saludables a las familias que los necesitan. Lo que sucede es que las donaciones en realidad no son gratis, sino que vienen acompañadas de un despliegue publicitario para promocionar la imagen del “benefactor” y a la larga traer réditos económicos. Como señala la nutricionista Mercedes Mora, “muchas comunidades que ni siquiera conocen este tipo de alimentos piensan que son muy buenos al recibirlos por parte de grandes compañías en momentos difíciles. Más allá de la crisis, se crea lo que llamamos fidelidad de marca. Llegan en un momento tan vulnerable desde el punto de vista afectivo, que crean un consumo posterior. La gente después los va a buscar y los va a consumir”.
Los alimentos naturales no procesados o mínimamente procesados no son una preferencia de alta cocina de un grupo de unos papás privilegiados, sino que hacen parte de la alimentación tradicional en Colombia y las Américas, que según la OPS tiene un perfil nutricional recomendado para mantener la buena salud. En cambio, los snacks en paquete, los refrescos instantáneos, las gaseosas, sí vienen de un puñado de poderosas compañías que han llevado a una homogeneización de los hábitos alimenticios, afectando a consumidores y productores locales.
Un tercer punto es que la iniciativa de Red Papaz es a veces percibida como la de unos padres de familia que buscan perseguir a las grandes marcas e imponer el estilo de vida que ellos consideran saludable. Un panelista de una de las más importantes emisoras en Colombia la calificó recientemente como una especie de “fundamentalismo dañino”.
Sin embargo, como se ha intentado explicar aquí, la cuestión no es de gustos y no es subjetiva. Red PaPaz no está sugiriendo una dieta, sino llamando a que se implemente aquello sobre lo que existe un amplio consenso entre la comunidad científica y médica. Lo que ha señalado Red Papaz, como explica su directora Piñeros, es la importancia de que el Gobierno tenga un criterio y una normatividad clara sobre los productos a donar, más que señalar a las compañías. No se busca prohibir que los menores de vez en cuando disfruten de un caramelo o una gaseosa, sino evitar que la entrega gratuita de estos productos se institucionalice y se convierta en un hábito alimenticio, bajo el disfraz de una ayuda o una medida de protección en épocas de emergencia.
En el reino de la desinformación abundan falsos dilemas como los anteriormente expuestos, además de intereses de poderosas empresas que ponen dinero en los medios de comunicación a través de pautas publicitarias (por lo que medios y periodistas enfrentan dilemas que sí son verdaderos, pero que no son el foco de este artículo). En un asunto tan importante en la actualidad como la salud pública es mejor que el Gobierno, la sociedad civil, los periodistas y analistas alimentemos el debate con información veraz, no nos dejemos endulzar el oído por poderosos intereses y heroísmos envenenados, y no nos saciemos con nuestros propios prejuicios.