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Desde las 5 a.m. de este lunes, 23 de septiembre, algunas zonas de Bogotá amanecieron sin transporte público y centenas de trabajadores tuvieron que caminar para salir de sus barrios. Esto, como consecuencia del paro nacional de transportadores que convocó en redes sociales Hernando Chávez, representante de la Unión Nacional de Conductores de Colombia.
“Taponaremos todas las vías de Colombia, entrada y salida de las ciudades, aeropuertos, terminales. No circulará ningún carro, excepto vehículos de emergencia. Me hago responsable de lo que suceda en las carreteras, pero carro que circule que se atenga a las consecuencias”, dice el líder en el video que circula desde la semana pasada.
El motivo del paro, explicó Chávez, es para exigir que le devuelvan la licencia a 45.000 conductores que figuran como infractores reincidentes, conducta que según el Código Nacional de Tránsito acarrea una sanción durante un tiempo de seis meses.
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Pese a que hay afectaciones en Soacha y Chía, transportadores de otras ciudades, e incluso muchos de los conductores en Bogotá, no participan en la jornada, así lo confirmaron a El Espectador varios líderes gremiales.
Desde Cali (Valle), La Mancha Amarilla manifestó que “la convocatoria es en Bogotá, pero como tal no hay una organización de taxistas que se adjudique. Por lo tanto, en Cali y en la mayoría de las ciudades del país desconocemos la actividad”.
En la costa colombiana el transporte permanece normal. Desde Barranquilla (Atlántico), el presidente de Sinchotaxis, Jorge Guerrero, aseguró que no hay directrices para un supuesto paro y, además, dijo que “el llamado parece hacerse por personas independientes conductores de vehículos ilegales”.
Asimismo, Carlos Arturo Rangel, presidente de Asopoder Amarillo en Bucaramanga (Santander) y Darío Duque, presidente de Taxistas Presentes de Medellín, aseguraron que no participarán en la manifestación e hicieron un llamado a nivel nacional para que otros conductores tampoco se sumen.
“Estamos coordinando para que los conductores en otras ciudades no se unan a pelear por un asunto jurídico que se puede reformar o anular con la Ley. No vemos que sea una buena estrategia sino, todo lo contrario, los usuarios pueden tomarlo como algo agresivo por parte del gremio y nosotros rechazamos la violencia”, agregó Duque.
En concordancia, la Asociación de Transportadores (Asotrans), el Consejo Superior de Transporte (CST) y la Asociación Nacional para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), emitieron un comunicado en el que rechazaron el paro y expresaron que “es posible que la ilegalidad esté apoyando esta protesta desde las redes sociales usando los logos de muchas empresas de transporte reconocidas, y no debemos caer en ese tipo de provocaciones”.
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¿Irregularidades en las sanciones?
Hugo Alberto Ospina, presidente de Asoproctax en Bogotá, contó que, aunque la intención del paro es buena, no será apoyada por su mensaje agresivo. El líder agregó que las inconformidades que Chávez manifiesta, aunque válidas, pueden ser resueltas por medio de la Ley, pues muchas de las sanciones impuestas no siguieron un debido proceso, por lo que representan un acto ilegal.“Yo hablé con Chávez y le dije que lo ayudaría, pero que debíamos seleccionar las licencias que fueron suspendidas, porque muchas sanciones son bajo decreto y resolución, situación que no está permitida desde 2016 por el Consejo de Estado”, aseguró.
En abril de 2019, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte informaron que, durante una revisión exhaustiva, encontraron que una serie de normas que fueron declaradas nulas en 2016 seguían siendo utilizadas como norma sancionatoria. Por lo anterior, fue ordenada la restitución de la legalidad en aproximadamente 60.000 casos a nivel nacional, que representaron $171.000 millones en multas.
Ospina aseveró que las Secretarías de Tránsito de todas las ciudades “se están inventando una serie de sanciones que se salen de la regulación”.
“Por ejemplo, la Ley dice que el lugar donde imparten una fotomulta debe estar señalizado como zona de fotocomparendo y el dispositivo debe estar autorizado, además de que debe haber un estudio de siniestralidad de seguridad vial. Cuando no se cumplen esas normas, la multa se anula”, dijo.
El 15 de mayo del presente años, luego de que representantes del gremio de taxistas participaran en una Mesa de diálogo con la Procuraduría General, el ente emitió en un documento en el que ordena una investigación en contra de los titulares del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte por presuntas irregularidades relacionadas con la normatividad de las infracciones y la revisión de taxímetros y plataformas ilegales.