Preocupante situación para líderes de tierras

La Defensoría del Pueblo denunció que líderes del Carmen de Bolívar también están siendo hostigados por desconocidos.

Cinco miembros de una familia serían los responsables del asesinato del líder de restitución de tierras Jairo Mejía Martínez el 16 de junio de 2012. Al parecer, el clan familiar habría contratado a un grupo de sicarios para que fueran hasta la finca que Mejía administraba en el corregimiento de Guateque, Montería (Córdoba), lugar en el que fue acribillado.

Miembros de la Dijín capturaron este miércoles 15 de mayo a Abel Antonio Cerpas Hernández, Pedro Manuel Cerpas Acuña, Abel Segundo Cerpas Acuña, Never Enrique Cerpas Acuña y Jaison José Cerpas Acuña porque serían los actores intelectuales del crimen. La Fiscalía, por su parte, les imputó cargos por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas por el crimen del líder campesino.

La historia entre el clan familiar y Jairo Mejía inició en 2010, cuando los Cerpas Acuña se apropiaron del terreno de ocho hectáreas de la finca Aguaviva –vereda Tierra Grata, del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) – que pertenecía al líder. Estas tierras fueron abandonadas por Mejía Martínez y su familia después de que sufriera un atentado y fueran desplazados forzosamente.

Según los registros Incoder seccional Córdoba, estas tierras eran las que Mejía estaba reclamando suyas y que fueron despojadas ilegalmente por la familia Cerpas Acuña. Además, la víctima era un reconocido líder de un grupo de campesinos que adelantaban procesos de restitución de tierras en los Montes de María –departamentos de Sucre y Bolívar– que fueron arrebatadas por grupos paramilitares.

Con base en las declaraciones de uno de los sicarios, Edwin Enrique Fernández León, alias ‘Bola de Cambio’, la Unidad Nacional contra Bandas Emergentes (Bacrim) concluyó que los Cerpas Acuña pagaron $5.000.000 por el asesinato de Mejía para evitar de cualquier forma que les quitara las tierras de la finca Aguaviva. Los cinco miembros de la familia Cerpas fueron enviados a la cárcel del Ternera (Cartagena) como medida de detención preventiva.

La historia de Jairo Mejía y su familia ha estado marcada por la guerra. Según la Fiscalía la víctima había sido desplazada en 1999 a causa de la guerra que libraban paramilitares y guerrilleros en el departamento de Córdoba. Sin embargo, regresaron a su hogar seis meses después, momento en que inició su pelea contra los Cerpas Acuña que querían arrebatarle su finca. En agosto de 2011 Mejía fue objeto de un atentado: la Fiscalía cree que desde entonces los Cerpas estaban buscando hacerse a las tierras de Mejía a través de la violencia.

Continúan las amenazas

Este viernes 17 de mayo, la Defensoría del Pueblo denunció que miembros de la junta directiva de la Asociación de Campesinos de la vereda Mandatú, zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), fueron amenazados a través de panfletos. El mensaje hace referencia a que los van asesinar porque supuestamente son colaboradores del frente 37 de las Farc.

“Queridos campesinos de Mandatú, no queremos más reuniones porque ustedes lo que están conformando es una revolución. Queremos la renuncia de todos los integrantes de la directiva, en especial la del señor presidente, porque o si no que se atenga a las consecuencias. En dicha asociación sabemos que existen personas que fueron colaboradores de las Farc frente 37”, es lo que se lee en el panfleto.

Estas amenazas se suman a las 22 denuncias que registró el Programa Somos Defensores, formado por organizaciones no gubernamentales. Esta misma organización alertó que en lo que va corrido de 2013 se han presentado 15 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Asimismo, manifestó que los ataques contra líderes campesinos se han agudizado por la implementación de la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras.

Otro de los sectores que se ha visto perseguido por las amenazas de estos grupos es la justicia. El pasado 22 de marzo 54 jueces y magistrados especializados en restitución de tierras le solicitaron al presidente Juan Manuel Santos a través de una carta que el Gobierno les brindara esquemas de protección. Asimismo, el periodismo no ha sido ajeno a las amenazas y ocho periodistas de Valledupar (Cesar) recibieron un panfleto de un grupo que se hacía llamar “Ejército anti-restitución de tierras” en el que les decían que iban atentar contra sus vidas por ser ‘sapos’ y meterse en temas que no les incumbían.