"Presidente, suspenda el envenenamiento"

Una reflexión desde los territorios sobre la posibilidad de que el gobierno de Juan Manuel Santos suspenda las fumigaciones con glifosato por sus supuestos efectos cancerígenos.

EFE

Justo cuando estamos en Washington dando inicio a una reunión en la que trataremos sobre el Informe de Alternativas al Encarcelamiento con la Comisión Interamericana de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), nos llega la histórica noticia de que el Ministerio de Salud de Colombia recomienda suspender de manera inmediata el injusto, inconveniente y antiambiental programa de fumigaciones aéreas que utiliza de forma masiva hace más de 21 años por todo el país el cancerígeno glifosato producido por la compañía Monsanto.

La recomendación del ministro Alejandro Gaviria, acoge la petición de la Corte Constitucional que hace dos años le pidió contemplar el principio de precaución en el caso de que no exista evidencia científica que permita deducir que este agrotóxico no causa daño a la salud animal, vegetal o las personas. En medio de la falta de actuación de las autoridades sanitarias colombianas, apareció el reporte de la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud (de la que Colombia es signataria) que estudia los riesgos de cáncer. Esta Agencia elevó a la categoría 2A el químico glifosato considerándolo posible causante de cáncer en las personas.

Horas antes de que se pronunciara el Ministerio de Salud, el subsecretario de Estado para Latinoamerica William Bronwsfield había dicho que no estaba de acuerdo con que Colombia suspendiera las fumigaciones, argumentando que el glifosato es inofensivo y que no hay quejas sobre daños a la salud de las personas. Es falso. Hay múltiples quejas en 21 años de aspersión ininterrumpida (hasta cuatro veces en el año, sobre la misma zona), que no se investigaron nunca seriamente, por falta de aprestamiento de hospitales públicos y del Instituto Nacional de Salud. El Sr Bronwsfield, sin embargo, dijo que las fumigaciones no se debían suspender hasta que no se firme un acuerdo con las Farc, lo que muestra que siempre fue cierto que los Estados Unidos impusieron este programa para quitarle finanzas a la guerrilla pero pisoteando los derechos de las comunidades rurales.

Alguien debiera informarle a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado que su fondo de indemnizaciones por los daños colaterales de las fumigaciones nunca se implementó y por ello menos del 4% de todas las quejas a nivel nacional fueron atendidas. La muestra es que un departamento como el Guaviare se ha atendido menos de 10 casos en dos décadas. Se debe recordar que las aspersiones acabaron con decenas de cultivos de café en Cauca; acabaron con la piña en Nariño; mataron los cauchos en Caquetá y Guaviare, y hasta afectaron pequeños plantíos de palma, arrasaron con los proyectos productivos que financió USAID en Putumayo. Y hace poco tiempo llegaron las protestas de campesinos en Anorí (Antioquia) y en otras zonas del norte del país, por el uso "indiscriminado" del químico.

Además, la Contraloría General de la República pidió hace 14 años el fin de las fumigaciones. La respaldaron varias Universidades como Unillanos, quien probó que el glifosato causa malformaciones en peces. Las quejas también llegaron a los tribunales. En Cartagena actualmente se tramita una acción de grupo por los daños de las fumigaciones a las comunidades del Sur de Bolívar; en el Tribunal de Popayán hay otro caso con casi 35.000 demandas contra el Estado; en la Corte Internacional de La Haya avanza la demanda internacional de Ecuador por daños en la frontera; la Corte ordenó consulta previa con comunidades indígenas y afros y prohibió la fumigación en parques naturales; y en varias entidades reposan quejas de posibles afectaciones a la salud de indígenas y niño. En 2014, se registraron casos en Chocó, Nariño y Cauca, entre otros, a lo que se suma que el Sistema de Población Desplazada recibe miles de familias que son víctimas de las aspersiones con Glifosato. Por eso será que el Ministerio de Salud pide su suspensión, mientras el Departamento de Estado nos pide que le sigamos comprando el veneno.

La decisión del Ministerio de Salud implica a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que debería cancelar la licencia ambiental con que cuenta el PECIG, pues compete al Ministerio dar las recomendaciones técnicas al respecto. También el concepto del Ministerio de Salud debe ser acogido por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que su secretario, Javier Flores, quiere continuar la fumigación. Pero el Presidente de la República puede tomar la decisión de suspender el Programa debido al mandato de la Corte, a la recomendación del Ministerio de Salud y a los pedidos nacionales e internacionales de que haga algo concreto para demostrar su compromiso con las reformas de políticas de drogas.

Casualmente, el próximo 7 de Mayo en Nueva York el Ministro de Justicia Yesid Reyes debe participar en el dialogo interministerial de Naciones Unidas preparatorio de la Cumbre especial sobre drogas que se realizará en esa ciudad dentro de un año. Colombia ha pedido tomar decisiones centradas en el ser humano y en los derechos de las personas antes que en las sustancias o las plantas. No sobra recordar que en las negociaciones de paz en La Habana para finalizar el conflicto, las fumigaciones han sido parte de la discusión. A esto se suma que el Presidente Juan Manuel Santos en diciembre anterior había ordenado en Putumayo el adelanto de una experiencia piloto de sustitución integral de cultivos sin el uso de las fumigaciones. El envenenamiento de tierras, aguas y bosques debe detenerse, señor Presidente, por consideración a la salud de los colombianos, detenga el circulo vicioso de la fumigación, migración, conflicto, resiembra, fumigación.