Presos de las enfermedades

Atraso en los pagos impide renovar contrato entre la cárcel Picaleña de Ibagué y el Hospital Federico Lleras Acosta.

La cárcel Picaleña  cuenta con una población de 5.729 hombres y 492 mujeres. / Juan Carlos Escobar
La cárcel Picaleña cuenta con una población de 5.729 hombres y 492 mujeres. / Juan Carlos Escobar

Hace un mes Juan Camilo Lizarazo Aristizábal, de 29 años de edad y preso en la cárcel Picaleña de Ibagué, murió porque no le trataron un aneurisma cerebral.

Al notar que el estado de salud de su hijo se agravaba por no ser atendido debidamente, y con la angustia de saberlo ignorado, su madre Luz Marina Aristizábal buscó apoyo en la Personería de la ciudad.

El joven presentaba dolor fuerte de cabeza, cosquilleo, inmovilidad en un brazo, dificultad para caminar, entre otros síntomas.

La Personería, en cabeza de Isaac Vargas Morales, logró que le hicieran un examen especial y le descubrieran la enfermedad, pero era demasiado tarde.

“Los médicos manifestaron que ya no lo podían salvar”, dijo el personero.

Actualmente, la cárcel Picaleña, que cuenta con una población de 5.729 hombres y 492 mujeres, registra 3.000 autorizaciones represadas.

Hay deficiencia en el servicio de salud que presta Caprecom, la entidad encargada de los enfermos de las cárceles, señaló Darío Rodríguez, delegado de la Personería.

Hay cuatro médicos (dos por cada turno. “Debería haber por lo menos diez para evacuar los requerimientos” y agrega: “Se otorgan citas con el médico general para seis meses y para especialistas o programación de cirugías, hay reclusos esperando desde hace uno y dos años”.

La situación ha llevado a varios presos a interponer acciones de tutela (153), pero el incumplimiento de las sentencias resueltas a favor ha originado 78 incidentes de desacato, dos de ellos iniciados por la Personería.

Según informó el área de sanidad de la cárcel al Ministerio Público, en la lista de espera para ser atendidos hay 256 presos con hipertensión y 39 con diabetes. En cuanto a patologías de alto costo, hay 7 internos con cáncer, 12 con tuberculosis, 25 con VIH (22 hombres y 3 mujeres) y 47 padecen esquizofrenia.

El perfil epidemiológico de los internos registra dermatomicosis (hongos de los pies), virosis, diarrea, gastritis y cefalea (dolor de cabeza). Hay un presidiario que presenta diagnóstico de enfermedad pulmonar destructiva crónica.

Según constató la entidad gubernamental, el mal estado en las baterías sanitarias provoca que los internos hagan sus necesidades fisiológicas en cualquier parte o dentro de bolsas que arrojan donde sea.

La falla en el suministro de agua también es grave, ya que es puesta 15 minutos en la mañana, 15 al mediodía y 15 en la tarde.

“Es una situación que atenta contra la dignidad humana, contra los derechos humanos. Estamos accionando todos los mecanismos necesarios para que se cumpla con los fallos”, afirmó Isaac Vargas Morales.

El gerente de Caprecom, Hárold Bautista Vargas, indica que en el interior de la entidad se está diseñando un plan para poder evacuar las 3 mil autorizaciones represadas desde el año pasado, pero para ello se necesita coordinar con la dirección de la cárcel la logística para sacar a los internos y prestarles la atención requerida.

El funcionario dijo, además, que hay traumatismo en la atención, porque en marzo pasado venció el contrato entre Caprecom y el Hospital Federico Lleras Acosta, que no se ha podido renovar por falta de acuerdo en las tarifas de prestación del servicio. Caprecom le debe al hospital $22.036 millones.

Por su parte, Álvaro Monsalve, subdirector de Atención a Establecimientos Carcelarios, estuvo en Ibagué con entes como la Procuraduría Regional, la Personería, la Secretaría de Salud, la dirección de la cárcel, entre otros. Mosalve se abstuvo de dar detalles del encuentro por no estar autorizado para ofrecer declaraciones a la prensa, pero señaló que se está a la espera de la regulación del régimen carcelario por parte del Ministerio de Salud, pues en este momento existe un vacío normativo que impide definir la forma de mejorar la situación por la que atraviesa el sistema carcelario en Colombia.