Procurador exige protección permanente a territorios chocoanos

Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación, alertó sobre el eventual desplazamiento de comunidades por amenazas a líderes y campesinos en el departamento del Chocó.

Cortesía Procuraduría

La situación en el Chocó es crítica: líderes sociales y campesinos están siendo amenazados por reclamar sus derechos territoriales y cada vez hay más entrada de organizaciones al margen de la ley. Por esta razón, la Procuraduría teme que en los próximos días haya un desplazamiento masivo de miles de habitantes de las comunidades asentadas en las cuencas del Atrato.

Como respuesta a esto, el procurador Fernando Carrillo Flórez se reunió con 20 líderes de tierras de La Larga Tumaradó, Jiguamiandó y Curvaradó y Pedeguita y Mancilla, quienes denunciaron las intimidaciones de las que son víctimas por reclamar sus derechos sobre títulos colectivos que, según reportó la Procuraduría, “en su mayoría estarían siendo utilizados en actividades ilegales extractivas, con minería y explotación de recursos maderables, monocultivos y ganadería extensiva”. Lea más: Denuncian asesinato de líder reclamante de tierras en Chocó

Los ministerios de Defensa e Interior, la Fiscalía General y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas fueron especialmente llamados por el procurador para realizar acciones inmediatas y garantizar la protección de dichos territorios, con el fin de evitar el desplazamiento de las comunidades y las disputas entre grupos armados que tienen presencia en el Chocó, como lo son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), ELN y grupos privados de seguridad.

Además, la Procuraduría iniciará acciones legales para buscar la nulidad del contrato que habilitó el arrendamiento del territorio colectivo de Pedegita y Mancilla por 100 años a la empresa Agromar. Le puede interesar: Procuraduría pide juicio penal y político para el magistrado Gustavo Malo​

"El Ministerio Público hace un llamado a las autoridades a no estigmatizar y a cerrar la brecha de desconfianza ante las denuncias de los líderes y defensores de derechos territoriales en las regiones, y a adoptar medidas de protección efectiva", concluyó la Procuraduría.