Procuraduría ha recibido 42 denuncias por delitos electorales

La mayoría de quejas se han registrado en Bogotá, Antioquia, Bolívar y Cundinamarca.

En las tres primeras horas de las elecciones, la Procuraduría General recibió 42 quejas de ciudadanos pon irregularidades con posibles delitos electorales y dificultades en logística electoral.

Igualmente, atendieron 8 consultas sobre el censo electoral, relacionadas principalmente en el registro de cédulas, la firma de los tarjetones por parte de los electores, entre otras.

De estas quejas, 7 corresponden a Bogotá; 4 al departamento de Antioquia; 2 a Bolívar; 3 a Cundinamarca, el mismo número al Tolima; 2 al Valle del Cauca y los departamentos de Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Santander y Sucre registran cada uno 1 denuncia.

La mayoría de las denuncias recibidas de la capital del país hacen referencia a dificultades en materia logística como falta de claridad en la información para ubicar las mesas de votación de algunos electores y demoras en el ingreso de sufragantes a los puestos de votación; también se registró una queja por la emisión de propaganda política a través de una emisora local.

En Antioquia se han reportado casos de cédulas inscritas que no aparecen reportadas, como en el municipio de Bello (Antioquia) donde, según la denuncia, 11.000 cédulas enfrentan esta situación.

En el municipio de San Pedro de Urabá se denunció trasteo de votos desde los corregimientos de San Vicente del Congo y Pueblo Bello que pertenecen a Turbo.

Desde el mismo municipio se informó a la Procuraduría que un candidato, presuntamente apoyado por la administración local, recibió aportes económicos de funcionarios del hospital y de la alcaldía, y que desde la misma campaña se dio instrucción a los jurados para votar dos veces: una en la mesa donde están como jurados y otra en la mesa donde están originalmente inscritos.

Un caso similar fue denunciado en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca se ha denunciado que un candidato a la alcaldía instaló muy cerca de la entrada del puesto de votación “una cooperativa” y asegura que no está haciendo campaña electoral, sino que está afiliando a las personas que así lo deseen.

Entre los casos denunciados por los ciudadanos en otras regiones del país, se registra posible participación en política de servidores públicos, presencia de propaganda política cerca de los puestos de votación y posible compra de votos.

Igualmente, en el pasar del día varias personas han denunciado el recibimiento de mensajes de texto en el que se les invita a votar por cierto candidato.

Ante este hecho la procuradora delgada para la función pública, María Eugenia Carreño señaló que esta actividad está prohibida, “puesto que no se pueden hacer ninguna alusión ni publicidad para votar”.

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