Procuraduría investigará caso de comunidad indígena que come basura del relleno de Puerto Carreño

Son 700 los indígenas de la comunidad Amorúa, en Puerto Carreño, que comen basura del relleno sanitario para sobrevivir. El procurador Fernando Carillo afirmó que averiguarán que pasó con los programas de alimentación a nivel departamental y municipal. El alcalde Marco Pérez aseguró que no tienen los recursos suficientes para subsanar la situación.

La foto fue tomada el 22 de julio de 2019 por la Defensoría. En ella se ve a un grupo de indígenas esperando el camión de la basura para buscar qué comer. Defensoría del Pueblo

El procurador Fernando Carillo anunció que tomará medidas eficaces frente al caso de los indígenas Amorúa de Puerto Carreño, Vichada, que comen la basura del relleno sanitario para sobrevivir. También urgan entre los desperdicios para encontrar cobre o ropa que puedan comercializar, según se evidenció en un informe de Noticias RCN. 

“Vamos a disponer de la procuradora delegada de familia y el procurador de asuntos étnicos para que procedan a tomar acción. Hay que examinar qué pasó con los programas de alimentación a nivel departamental y municipal, y qué tipo de acciones se están adelantando para que esto no vuelva a suceder”, manifestó el procurador Carrillo.

De acuerdo con Marco Pérez, alcalde de Puerto Carreño, los programas de alimentación no dan abasto con las necesidades de los indígenas porque la administración municipal no cuenta con los recursos necesarios. “Se creó un plan de atención integral para esta población indígena, pero ese plan no es a corto ni a mediano, es a largo plazo. Necesitamos que nos ayuden, no tenemos dinero”, dijo el alcalde Pérez a Noticias RCN.

A diario, más de 20 indígenas persiguen los camiones de basura en busca de alimentos y ropa, según la Defensoría del Pueblo. El pasado 22 de julio esa entidad visitó la zona donde comprobaron la dramática situación. En esa oportunidad denunciaron lo sucedido a las autoridades competentes, pero nada ha cambiado.

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"Desde el 22 de julio de 2019 habíamos advertido la situación de las comunidades Sikuani y Amorúa. El llamado es a que se lleve a cabo un plan de acción rápidamente, porque esto no lo pueden seguir viviendo las comunidades indígenas": indicó el defensor del Pueblo, Carlos Negret. 

Según Aura Upegui, defensora del pueblo en la regional Vichada, son 170 los indígenas que residen en el municipio. “Se han construido planes de acción desde 2016, casi todos destinados a reubicar a la población en los resguardos, pero cuando la población va a los sitios no existen las condiciones de habitabilidad necesarias para permanecer. No hay proyectos productivos o alojamientos dignos”, dijo la funcionaria a la revista Semana. 

Por otro lado, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, manifestó en Twitter que tomará las acciones pertinentes para prevenir que la situación se siga repitiendo. “No vamos a permitir que niños Amorúa permanezcan en relleno sanitario de Puerto Carreño expuestos a todo tipo de riesgos. Personalmente lideraré acciones del Gobierno para que menores de edad reciban atención y cuidado”, dijo la directora.

Asimismo, manifestó que se reunirá con autoridades locales en Puerto Carreño para hacer seguimiento al plan de acción que se definió un mes atrás para revisar por qué no se han tomado las medidas necesarias para evitar que los niños estén en el relleno sanitario. 

La comunidad Amorúa está ubicada en los departamentos de Casanare y Vichada. Su población se estima en 464 personas, según el censo de 2005. Es considerado uno de los pueblos en vía de extinción por su baja densidad de población.

Si la situación se sigue presentando, se estarían vulnerando los derechos fundamentales de esta comunidad que es considerada de especial protección por la Corte Constitucional.

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“Es indignante, inhumano y totalmente rechazable que los niños, quienes tienen sus derechos garantizados y que prevalecen sobre los de los demás (según el artículo 44 de la Constitución), estén abocados a este vejamen. Autoridades nacionales y locales deben actuar”, escribió el procurador Carrillo a través de su cuenta de Twitter.

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* Redacción Nacional

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