Procuraduría sancionó a nueve militares por casos de falsos positivos

En dos decisiones el Ministerio Público destituyó e inhabilitó por 20 años a un teniente y tres soldados -por su responsabilidad en el homicidio de Gabriel Ocampo- y a un subteniente, un sargento y tres soldados por el asesinato de una indígena Wiwa en estado de embarazo.

- Redacción Nacional
30 de abril de 2019 - 07:24 p. m.
La Procuraduría señaló que los uniformados estuvieron motivados por los premios otorgados a quienes garantizaran éxitos operacionales. / Archivo
La Procuraduría señaló que los uniformados estuvieron motivados por los premios otorgados a quienes garantizaran éxitos operacionales. / Archivo

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a nueve soldados que participaron en el asesinato de personas amparadas por el Derecho Internacional Humanitario y que fueron presentadas como bajas en el marco de confrontaciones con grupos al margen de la ley.

El primer caso ocurrió el 5 de octubre de 2.005 en la vereda El Zancudo, en Argelia (Antioquia), cuando Gabriel Valencia Ocampo fue retenido de manera irregular por los militares un día antes de su muerte. La Procuraduría estableció que la muerte de Valencia no se produjo como consecuencia de un enfrentamiento armado, sino que fue bajo la custodia de los uniformados.

En este caso los sancionados son un teniente del Ejército y tres soldados profesionales, quienes fueron hallados responsables disciplinariamente del homicidio de una persona retenida de manera ilegal y presentada como dada de baja en combate.

Por esos hechos la Procuraduría destituyó al entonces teniente Jairo Ramírez Ortega y a los soldados profesionales, para la fecha de los hechos, Wilson Andrés Bonilla Blandón, Wilson Antonio Garcés George y Lewis Américo Palacio Copete. Además, calificó la conducta  de los uniformados como una falta gravísima cometida a título de dolo.

El otro caso ocurrió en marzo de 2006 durante el desarrollo de la Operación Flamante, que pretendía combatir insurgentes de las Farc y que causó la muerte a Yajaira Cristina Nieves Oñate, de 25 años y miembro de la comunidad indígena Wiwa. Nieves tenía además seis meses de embarazo y era madre de cuatro hijos, uno de los cuales también resultó herido.

La Procuraduría demostró que ni la señora Nieves, ni sus hijos, participaron en algún encuentro armado por lo que sancionó con destitución e inhabilidad general de 20 años a un subteniente del Ejército Nacional, así como a un sargento segundo y tres soldados profesionales por causarle la muerte a personas ajenas al conflicto armado, incluida una mujer en estado de embarazo, en los hechos ocurridos en El Molino, La Guajira.

Los sancionados son el subteniente Nixon Armando Pabón Sandoval, el sargento segundo Samir Enrique Bravo Oviedo y los soldados profesionales Andis Miguel Pacheco Lozano, Nando Padilla Quintero y Felipe Barriosnuevos Gutiérrez,  quienes se encontraron responsables disciplinariamente de grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

El comportamiento reprochable de los disciplinados obedeció a la necesidad de conseguir éxitos operacionales para obtener felicitaciones en sus hojas de vida, así como permisos y premios”, señaló la Procuraduría en el comunicado. En ambos casos existe la posibilidad de apelar.

Por - Redacción Nacional

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