Las promesas incumplidas para los LGBT que quieren donar sangre

La Corte Constitucional dijo en 2012 que la orientación sexual de un donante no es un criterio de selección de riesgo de enfermedades infecciosas y ordenó al Ministerio de Salud reformular la reglamentación. Cuatro años después, la entidad no ha cumplido.

“Las madres no querían que cargaras a sus bebés. La gente no quería darte un beso en la mejilla". Así narró Edmund White, un conocido novelista norteamericano, el drama de vivir con VIH sida en los 80s. En medio de un contexto de desconocimiento del VIH, se generó, en más de medio centenar de naciones, un veto en contra de los homosexuales para donar sangre.

Más de 30 años después la historia es distinta en algunos países. Entidades como la Agencia Estatal de Medicamentos (FDA), de Estados Unidos, anunciaron el levantamiento de la prohibición, interpuesta en 1983. En Colombia, sin embargo, la situación es otra. Si bien la población LGBT ha librado una batalla incansable en contra de esta prohibición y la Corte Constitucional les ha dado la razón, la realidad en muchos bancos de sangre es que preguntar si se es homosexual, o no, como criterio previo a la donación es una realidad.

Le pasó a Tatiana Quiñones, médica y presidente de ortopedia de la Universidad Javeriana, quien siendo donante recurrente intentó hacerlo en un banco de sangre de la Cruz Roja, no obstante le negaron esta opción después de que ella admitiera haber tenido relaciones sexuales con otra mujer. “Argumentaron que tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo era un factor de riesgo. Me pareció absurdo. Se trata de un concepto discriminatorio y prejuicioso. Como experta en el área de la salud puedo asegurar que ser homosexual no es ser VIH”, asegura.

La Corte Constitucional dijo en una sentencia de 2012 que el Ministerio de Salud debía “revisar la reglamentación vigente sobre recepción, extracción y suministro de donaciones de sangre, con el fin de eliminar los criterios de selección de donantes basados en la orientación sexual”, por considerar que no existía sustento científico suficiente.

Han pasado cuatro años y el ministerio no ha cumplido. Más de 1.400 días ha esperado la población LGBT para que se cumpla lo ordenado por la Corte, pero a la fecha no se han expedido los lineamientos que garanticen que la orientación sexual de los donantes de sangre no sea un criterio de selección de riesgo de enfermedades infecciosas.

No solo eso, tampoco se ha diseñado “guías, programas y planes de capacitación dirigidos a los profesionales de la salud y laboratorios que se encuentran sometidos al decreto 1571 de 1993 y Resolución 901 de 1996, sobre la manera de realizar las encuestas y entrevistas a los posibles donantes, sin tener como criterio la orientación sexual”, tal como enfatizó la Corte. Al respecto El Espectador intentó contactarse con el Ministerio de Salud, sin embargo no hubo respuesta.

“Preguntar si se es homosexual o lesbiana con el fin de realizar un tamizaje al momento de donar sangre no es preciso. Desde el área de la salud se ha podido comprobar con el tiempo que, aunque sí es verdad que hay mayor prevalencia en esta población, ser gay no es per se un factor de riesgo para estar contagiado. No lo es si se considera, por ejemplo, a un hombre que ha sostenido solo una relación sexual con otro hombre y que se ha protegido, y que, sin embargo no puede donar. Frente a una persona heterosexual que ha tenido múltiples parejas sexuales pero sí puede hacerlo”, explica Jaime Ardila, médico epidemiólogo, salubrista y PhD(c) en políticas en salud de la U. McMaster en Canadá. Agrega que es por esto que expertos apuntan a un tamizaje basado en preguntas de riesgo individual, como el sexo sin protección, el uso indiscriminado de drogas intravenosas, entre otras, más allá de la orientación sexual.

Y así también lo dice la Corte Constitucional que enfatiza que “la política debería enfocarse en tamizar a todos los donantes por los comportamientos altamente riesgosos, en vez de excluir a los donantes basándose en con quién eligen tener relaciones sexuales”.

“Muchas sentencias se quedan en el papel. Y es triste que la Corte Constitucional haga un esfuerzo muy importante por reconocer derechos y el ejecutivo no haga lo propio. Si estamos hablando de un Estado, todos los esfuerzos de los poderes deberían ir para el mismo lado”, señala Marcela Sánchez, abogada y directora de Colombia Diversa, organización que trabaja por los derechos humanos de las personas LGBT.

“Desde el punto de vista de los derechos humanos no cabe duda que se trata de una medida arbitraria y discriminatoria, mantenerla no solo profundiza la discriminación en contra de personas LGBT, sino que además asume que los heterosexuales no están en riesgo y Colombia no puede caer en esa falacia”, concluye.