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Un grupo de propietarios privados de la Isla de Barú busca que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tenga en cuenta su voz en el proceso de titulación colectiva del Consejo Comunitario de Barú, que la entidad tiene que resolver de fondo, y ofrezca seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra.
A través de una carta dirigida a la directora de esa entidad, Myriam Martínez, la Asociación Comunitaria Vecinos de Cholón le pide a la ANT que confirme la decisión de no iniciar la titulación colectiva de 2.476 hectáreas de tierra al Consejo Comunitario de Barú, proferida en abril de 2019. Ello porque actualmente hay una apelación que dicho consejo presentó contra esa decisión y que no ha sido resuelta por parte de la entidad, pese a que, a principios de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó resolverla.
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“La demora de la Agencia Nacional de Tierras en confirmar la decisión pone en incertidumbre la propiedad privada en Barú”, se lee en la misiva enviada a la directora de la ANT y firmada por Javier Corrales Manjarres, representante de la asociación. Dicha colectividad está conformada por alrededor de 130 propietarios de hoteles, casas de descanso, proyectos inmobiliarios, entre otros, quienes sostienen que sus propiedades están dentro de las 2.476 hectáreas que reclama el consejo comunitario, principalmente en los corregimientos de Santa Ana y Barú.
Para esta asociación de propietarios, las pretensiones del pueblo negro de Barú van en contravía de la resolución 134 de 1969 que el Incora emitió, en la que estableció que en Barú no existen tierras baldías sino terrenos privados, que fueron adjudicados desde tiempos de la Colonia. En ese sentido, resaltaron que por ley los predios de propiedad privada no se pueden adjudicar en procesos de titulación colectiva.
Asimismo, la Asociación de Vecinos de Barú cuestiona que el Consejo Comunitario refiera que ese es un territorio ancestral para ellos, pues estaría “desconociendo la diversidad étnica y cultural que históricamente ha caracterizado estas tierras (…) No debe olvidarse que este territorio fue ocupado por comunidades indígenas antes de la llegada de los afrocolombianos, y también por europeos y criollos, cuyos descendientes y compradores aún siguen ocupándolo”.
Pero además de solicitarle a la ANT que confirme la decisión de no iniciar ese proceso de titulación colectiva, la asociación le pide que llame la atención al consejo comunitario respecto a la afirmación que sus representantes han hecho en algunos medios de comunicación sobre la existencia de desplazamiento forzado en la isla de Barú, del cual habría sido víctima esa comunidad. Para ellos, esa afirmación "tergiversa la historia del país y deshonra a las verdaderas víctimas del conflicto armado".
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En la misma misiva, la asociación reconoce que en el territorio de Barú “existen muchas necesidades básicas insatisfechas”, argumento que ha manifestado también el consejo comunitario para lograr la protección de las tierras que reclaman. Por ello, resalta la necesidad de un plan de desarrollo para esa isla.
La solicitud de titulación colectiva
En junio de 2017, el Consejo Comunitario de Barú presentó ante la ANT la solicitud de titulación colectiva de 2476 hectáreas, área ubicada al sur de la isla. Su principal argumento, una escritura pública de Cartagena, de 1851, que da cuenta de la compra de ese territorio por parte de cinco antiguos esclavos al patrón Manuel González Brieva.
De acuerdo con el consejo comunitario, su comunidad ha habitado ese territorio desde hace más de 300 años, por lo cual lo consideran como ancestral para su pueblo. Han argumentado que foráneos llegaron a esas tierras y a través de compras ilegítimas se apropiaron de parte de ellas. Sin embargo, en su solicitud aclaran que entre sus pretensiones no está quitarle predios a nadie que tenga título de propiedad, sino proteger lo que todavía les queda de su territorio, es decir una cantidad menor de las 2.476 hectáreas.
La ANT había aceptado esa solicitud en diciembre de 2018, pero cuatro meses después, en abril de 2019, declaró improcedente esa solicitud y decidió no iniciar el proceso de titulación colectiva. El consejo comunitario apeló esa decisión y ante la no respuesta de la agencia, la entuteló en enero de este año. Ese recurso fue resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, que en la primera semana de este mes le ordenó a la ANT resolver la apelación, lo que hasta hoy no ha sucedido.