"Proyecto para pequeños cultivadores es una traición a los campesinos": Coccam

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) aseguró que el proyecto de ley radicado por el Ministerio de Justicia que busca dar un tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores de coca genera inseguridad jurídica para las comunidades.

redacción Nacional
05 de abril de 2018 - 08:24 p. m.
Mauricio Alvarado
Mauricio Alvarado

Las dificultades en la implementación del Programa de Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito ( PNIS ), la falta de recursos para ejecutar el programa, el asesinato de líderes de sustitución y las dudas sobre la definición del número de hectáreas para clasificar a los pequeños cultivadores. Son varias las preocupaciones que tienen los campesinos agrupados en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana sobre la apuesta del Gobierno para reducir los cultivos ilícitos en el país que parece no estar funcionando optimamente en varias regiones del país.

Y las cifras son alarmantes. De acuerdo con Coccam, a la fecha 31 integrantes de la  coordinadora y/o suscritos al PNIS han sido asesinados, tres torturados y cientos han sido amenazados y desplazados.

A eso se suma que en gran parte de los departamentos y municipios donde se está ejecutando el programa de sustitución hay  incumplimientos en la hoja de ruta acordada para su implementación y dificultades en los desembolsos para algunos campesinos que ya retiraron sus cultivos de coca. "

"El PNIS no cuenta con los recursos necesarios para su implementación, actualmente esta completamente desfinanciado para vanzar con nuevas inscripciones, y el programa no presenta ningún avance respecto a los cultivos de amapola y marihuana", señala Coccam.

Otro tema que preocupa es el del proyecto de ley presentado con mensaje de urgencia por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, con el cual se pretende ofrecer un tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores. Según Coccam, el proyecto excluye del beneficio juficial a quienes tienen plantaciones de cultivos de coca superiores a 1.78 hectáreas, aún cuando en los acuerdos colectivos firmados hasta la fecha, un alto porcentaje de las familias manifestaron tener más de 1.78 hectáreas cultivadas.

"Dicha definición contraviene los acuerdos realizados en el Consejo Permanente de Dirección y los estudios adelantados por la Dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito, que definía como el área mínima de siembra de cultivos para que una familia pudiera subsistir un máximo de 3.8 hectáreas. Los voceros de las organizaciones nacionales que vienen participando en las instancias de dirección del programa, realizaron aportes y recomendaciones al proyecto de ley desde el año pasado, donde manifestaron que los pequeños cultivadores son aquellos que poseen menos de 6 hectáreas, dado que los ingresos que perciben las familias con esta área son los mínimos para garantizar su subsistencia", argumenta la coordinadora insistiendo en que el proyecto se constituye en una traición  a los campesinos, afrodescendientes e indígenas que se inscribieron en el programa pues genera inseguridad jurídica para las comunidades.

En ese sentido Coccam pidió que seretire del Congreso el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial para los cultivadores y se concerte una ruta de discusión para la construcción de dicha ley. Además, solicitó al gobierno que realice una rendición de cuentas de los recursos invertidos hasta ahora para implementar el PNIS.

Por redacción Nacional

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