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La Defensoría del Pueblo emitió un documento el 12 de abril en el que alerta al Gobierno sobre la presencia de dos grupos armados en el territorio y una pelea entre miembros de las comunidades indígenas arhuacas y campesinos de Pueblo Bello, Cesar. El municipio se ubica en las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Según el documento, han circulado panfletos desde el 27 de julio del 2018 firmados por el frente urbano cacique de las autodefensas conquistadores sierra nevada (grupo que según la Defensoría del Pueblo es heredera del frente Resistencia Tayrona de las AUC) en donde se atribuyeron la autoría de "limpiezas sociales". El 8 de febrero de este año citaron a cafeteros a una reunión por medio de una carta. En ella se indicaba que quienes no aceptaran las condiciones del grupo ilegal serían declarados objetivo militar.
El último panfleto que se conoció de esta organización criminal fue el 23 de marzo de este año. En el documento se amenaza de muerte a supuestos ladrones, expendedores de droga y venezolanos - dedicados a actividades ilicitas - en caso de no dejar el pueblo en un plazo de 24 horas.
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"Las personas de bien que trabajan día a día para el progreso y desarrollo del municipio, no estamos en su contra, pero debemos tomar medidas contundentes para que en Pueblo Bello vuelva a reinar la tranquilidad", se lee en la misiva.
El 27 de enero de 2019, en el barrio La Ceiba de Pueblo Bello, se capturó a alias "Pepe", miembro del Epl o "Pelusos" a la salida de la iglesia evangélica Manantial de Vida. El hombre de 35 años pertenecía a la comunidad religiosa y vivía en el municipio desde hace varios meses.
El Epl opera en el Catatumbo con 500 hombres. Sobre la presencia de alias "Pepe" hay dos versiones: La primera es que estaba utilizando a Pueblo Bello para esconderse de la Fuerza Pública y el Eln. La segunda es que estaba buscando las condiciones indicadas para crear una estructura en la Sierra Nevada.
La única certeza es que alias "Pepe", "Chepe" o "Pedro" era considerado objetivo de alto valor para el ministerio de Defensa.
A todo lo anterior se suma el conflicto entre indígenas y campesinos por el territorio. El fondo de la pelea entre las dos comunidades tiene que ver con la instalación del gas natural en Pueblo Bello, que se vió frustrada por la falta de planeación de las autoridades encargadas de la consulta previa. A los arhuacos les quemaron dos casas comunitarias: Jimain y Seykurin, en marzo de este año.
"No hubo un proceso con consentimiento libre e informado para tomar una decisión en la comunidad por parte de las autoridades municipales. Tampoco hubo un protocolo para realizar la consulta previa, sin embargo, responsabilizan a los indígenas de impedir la gasificación del municipio", afirmó Leonor Zalabata, líder arhuaca de la Confederación Indígena Tayrona.
Los indígenas se sienten amenazados porque las casas comunitarias representan la comunidad. Esta situación se agrava por la estigmatización que deriva de la responsabilidad que las autoridades les achacan al impedir el proceso de gasificación.
La Defensoría teme que todas estas situaciones terminen en una disputa por el territorio.