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El pasado 29 de mayo a la vereda La Cumbre, del corregimiento La Carmelita, municipio de Puerto Asís (Putumayo), llegaron uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) junto a la Unidad del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) de la Policía Nacional para iniciar un proceso de erradicación forzoda de coca en el territorio. El 3 de junio, en un intento de hablar con los policías sobre la erradicación de cultivos ilícitos, resultó gravemente herido el líder social Deobaldo Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Cumbre. La comunidad denunció los actos de los uniformados ante la Personería y alcaldía municipal, pero, según ellos, fueron ignorados.
El líder campesino perdió el ojo izquierdo como consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno que recibió en un enfrentamiento con el ESMAD. En ese momento la comunidad denunció que la Policía fue la encargada ordenar el ataque.
El caso de Cruz y las constantes denuncias de agresión por parte de la Fuerza Pública provocó que una Misión de Verificación, conformada por la Asociación campesina de Puerto Asís, la Asociación campesina del Sur Oriente del putumayo, la Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Asociación Minga; se desplazó hasta la zona para conocer la situación que viven los líderes.
¿Qué ocurrió con Deobaldo Cruz?
Los erradicadores y el ESMAD llegaron a un cultivo para erradicarlo. La comunidad no permitió el hecho y armó una cadena humana. En ese momento, según los testimonios de la comunidad recolectados en el informe, el Capitán Andrés Bonilla de los Escuadrones Móviles de Carabineros solicitó la presencia del personero en la zona, razón por la cual el campesino Deobaldo Cruz lo llamó, pero, de acuerdo con los testimonios, el funcionario manifestó que iría al siguiente día porque el día de los hechos era lunes festivo.Cruz iba a avisarle al capitán, pero no tuvo tiempo porque en ese momento, según lo que dijeron los campesinos en el informe, “el capitán Bonilla hace una seña para que el grupo antimotines disparara, el compañero no alcanza a retirarse y vimos un impacto en el ojo, todos salimos a correr, con esa acción nos sacaron de ahí”.
Respecto a este caso, la Misión encontró en el lugar de los hechos rastros de munición que hacen parte del armamento de uso privativo de la Fuerza Pública, como son cartuchos de perdigones calibre 12 y gases lacrimógenos. “Se evidenciaron también impactos de perdigones sobre los árbolesy los rastros de la erradicación forzada que tuvo lugar en dicho terreno”, indicó la Misión en el informe.
Asimismo, los organismos evidenciaron que los campesinos de la zona temen por su vida debido a un posible recrudecimiento de la violencia por parte de los uniformados, pues los estigmatizan y les hacen señalamientos de pertenecer “a grupos al margen de la ley y/o ser colaboradores de los mismos”.
En la zona, la Misión conoció el caso de dos jóvenes, uno de 15 y otro de 21 años, quienes manifestaron, según consta en el informe, "haber sido retenidos, agredidos física y psicológicamente por un grupo de policías, que además colocaron municiones al menor de edad, le tomaron fotografías y les obligaron a firmar un libro donde reportaban una supuesta incautación de material explosivo y armas”.
Según el relato que los jóvenes dieron a las organizaciones de la misión, el 3 de junio cuando se dirigían a sus casas fueron retenidos por la Policía y el Esmad. “Nos detuvieron, nos agarraron a pata y puño, que nosotros éramos guerrillos, que nosotros éramos sapos infiltrados que nos iban a matar. Nos estaban ahorcando, nos taparon la boca, nos maltrataron, nos llevaron donde el capitán Bonilla y él daba la orden que nos golpearan, que si no hablamos lo que ellos querían, nos llevaban a un hueco y nos mataban”, es el estimonio que uno de los jóvenes dio a la Misión.
Los uniformados, según dijeron los jóvenes, los querían convertir en "falsos positivos". En el informe se denuncia que al menor de 15 años le aumentaron la edad y a los dos los obligaron a firmar el registro que les realizaron los uniformados.
A medida que la Misión continuaba el recorrido conocían nuevas denuncias. Por ejemplo, con la instalación de la base de operaciones militares una familia indígena se vio obligada a desplazarse hacia otro lugar. Las comunidades de las viviendas que quedan cerca de la zona no se sienten seguros ante los disparos indiscriminados que realizan los uniformados.
¿Y la erradicación forzada?
La Misión comprobó que las personas que rechazan el proceso de erradicación forzada están compuestas por familias que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), así como por familias que no lo hicieron.En el caso de Puerto Asís, concretamente, la cifra de hectáreas cultivadas supera las 9.000 y aunque el plan piloto del PNIS arrancó en febrero de 2017, en el núcleo veredal alrededor de La Carmelita los avances han sido pocos.
“Quienes firmaron los acuerdos resaltan el alto índice de incumplimiento a lo acordado en los PNIS, especialmente en lo relacionado con los proyectos productivos, razón por la cual actualmente no cuentan con garantías reales para iniciar el proceso de sustitución, viéndose obligados a rechazar la erradicación forzada”, determinó la Misión en el informe.
De hecho, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señaló que por lo menos 13.351 familias (alrededor del país) han sido suspendidas del programa en 49 municipios en los que opera el PNIS.
A eso se suma que para la comunidad es un incumplimiento que aún no hayan recibido los recursos para los proyectos productivos como quedó previsto en los acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que ya han pasado casi dos años desde que las primeras familias comenzaron a arrancar su coca.
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Las comunidades de Puerto Asís solicitaron el cese de erradicación de cultivos hasta que no se dé un diálogo y un acuerdo en conjunto con los organismos nacionales pero en compañía de organizaciones garantes y de verificación al cumplimiento e implementación de lo contenido en el Acuerdo de Paz.
¿Y la Fuerza Pública?
La Misión, como consta en el informe, se dirigió hacia la base de operaciones donde hace presencia la Fuerza Pública y habló con los uniformados.“De esta reunión se concluyó que, aunque las comunidades entienden que la suspensión del proceso de erradicación forzada depende del Gobierno Nacional, es necesario que la Fuerza Pública presente en el territorio cumpla con los protocolos de acción bajo los principios del respeto a los derechos humanos y el DIH, minimizando a toda costa posibles confrontaciones con las comunidades”, se lee en el documento.
Las organizaciones de la Misión concluyeron que el proceso de erradicación forzada va en contravía a los acuerdos que cientos de familias adquirieron en los PNIS, por lo cual se debe suspender. Por otro lado, detalló que la presencia de la Fuerza Pública profundiza la crisis humanitaria y la desconfianza hacia el Estado.
“Existe una preocupación generalizada sobre posibles montajes judiciales a miembros de la comunidad, producto del señalamiento y estigmatización permanente por parte de la Fuerza Pública, así como por los hechos de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, aseguraron en el documento.
Ante esto, le exigieron al presidente Iván Duque que suspenda el procedimiento de erradicación y abra un espacio de diálogo entre las comunidades y las instituciones para garantizar los derechos de las personas. Al igual que garantías de protección a los organismos nacionales como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Procuraduría, Defensoría, entre otros.
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