Los contratos de Alejandro Hernández Vidal

¿Qué pasa con el PAE en Atlántico?

Según la Contraloría, hay inconsistencias en el Plan de Alimentación Escolar de 31 municipios del país. Bolívar y La Guajira, entre los departamentos más afectados. También hay casos en Amazonas, Chocó y Nariño, entre otros.

Los Planes de Alimentación Escolar benefician a más de cinco millones de estudiantes en el país.

El nombre de Alejandro Hernández Vidal, también conocido como el zar del Plan de Alimentación Escolar (PAE), quien está prófugo de la justicia, volvió a los radares de las autoridades el 30 de noviembre pasado. ¿La razón? La captura del secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, y tres funcionarios más por irregularidades en contratos para el suministro de alimentación a colegios públicos de por lo menos 20 municipios de ese departamento.

Además de Barraza fueron detenidos Emil Armando Pacheco Jiménez, funcionario de la Secretaría de Educación de Atlántico, y los contratistas Félix Enrique Barrios Ballestas y Uriel Eduardo Reyes Pájaro. La Fiscalía los señala de falsedad en documento público, celebración indebida de contrato, peculado por apropiación, falsedad material en documento privado e interés indebido en celebración de contrato.

De acuerdo con el ente investigador, las planillas presentadas durante las interventorías para sustentar los pagos tenían inconsistencias en la lista de los estudiantes, pues algunos alumnos no estaban registrados en el Simat (Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media) y otros nombres se repetían. Sin embargo, una de las estrategias para evadir el filtro de la interventoría, al parecer, fue la falsificación de firmas de rectores en los colegios.

Desde 2012, Alejandro Hernández Vidal venía burlando los protocolos legales del PAE. Las investigaciones señalan que controlaba los procesos de fraude mediante fundaciones que servían como intermediadoras de los contratos. Las acusaciones de la Fiscalía están sustentadas en los contratos 1072016000013, del 20 de abril de 2016, y 1072016000123, del 1.º de septiembre del mismo año, firmados por la Gobernación de Atlántico para la debida ejecución del PAE. Acuerdos que, según las pesquisas de la Fiscalía, beneficiaron la estructura de Hernández Vidal por un valor de más de $3.352 millones.

El problema radica en que, entre 2016 y 2017, aparentemente, los contratos estuvieron bajo la dirección de un solo operador: Hernández Vidal. El zar controlaba los contratos, dice la Fiscalía, mediante presuntos sobornos a los representantes de las fundaciones para que estas fueran las encargadas de proveer los alimentos a las instituciones educativas de 20 municipios de Atlántico. Contratos que debía aprobar Dagoberto Barraza en su condición de secretario de Educación del departamento.

La Contraloría también descubrió irregularidades en contratación y pagos del PAE y así lo hizo saber al Ministerio de Educación en octubre de 2019. El organismo de control encontró que los operadores incumplen las condiciones de los contratos y existen deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control.



Génesis de un mal

De acuerdo con la Fiscalía, en enero de 2016, la Gobernación de Atlántico radicó el decreto 029, que tenía como objetivo garantizar el buen manejo de los recursos del PAE. El primer paso fue contratar a un proveedor durante tres meses para que suministrara alimentos a los 72.976 alumnos de colegios oficiales beneficiarios de esta inversión, por casi $600 millones.

Los contratos a los proveedores se hacen mediante licitación pública. Los interesados se postulan y deben llenar un formulario en el Secop II, plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores realizar procesos de contratación en línea. Sin embargo, al parecer, en el Atlántico no hubo licitación. Los contratos se entregaron a dos uniones temporales: Alimentación Escolar y Nutrir Atlántico.

Nutrir Atlántico es propiedad de Félix Enrique Barrios Ballesta, capturado por irregularidades en el PAE, por presuntamente beneficiarse con un contrato de $7.500 millones en el que también participó Hernández Vidal. De acuerdo con la Fiscalía, Barrios tiene antecedentes en un proceso de responsabilidad fiscal por presunto daño patrimonial en el PAE de Cartagena, cuantificado en $390 millones. El ente acusador señala que el operador también incumplió los tiempos del contrato.

A raíz de estas inconsistencias, la Fiscalía abrió una investigación en contra de Barraza, la cual derivó en su detención. Sin embargo, después de la captura, una jueza de Barranquilla le concedió el beneficio de casa por cárcel. Durante la audiencia en contra del funcionario, la Fiscalía señaló que el acusado no supervisó de manera correcta a los operadores, pues supuestamente ninguno de ellos cumplía con los requisitos técnicos para recibir los contratos de alimentación.

A Uriel Eduardo Reyes se le investiga por supuesta recepción de dineros de Hernández Vidal a cambio del control de la Fundación Rey de Reyes, con el fin de hacerse a los contratos del PAE en el Atlántico.

De acuerdo con la Fiscalía, las acciones de este grupo de personas pusieron en juego la alimentación de niños, niñas y jóvenes entre los 4 y 12 años en Atlántico.

El informe de la Contraloría mostró que en el 35 % de los casos los operadores del PAE no cumplen con los estándares exigidos, los insumos son insuficientes y los menús no equivalen a lo que exige el PAE.

Según la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo), la inseguridad alimentaria en esta parte del país afecta al 65 % de la población. Estefanía García, investigadora de esa Fundación, le dijo a El Espectador que una de las principales razones de este fenómeno es el deterioro en el acceso a alimentos en los municipios del sur de Atlántico: Manatí, Soledad, Luruaco, Santa Lucía, Santo Tomás y Palmar de Varela.



Los saltos del PAE

Los primeros pasos para la creación del PAE datan de 1936. Ese año, el decreto 219 ordenó destinar recursos para los restaurantes escolares. En 1941, el Mineducación comenzó la atención nutricional escolar en el sector público. En 1968 nació el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que oficializó el PAE, un proyecto de protección nutricional y educación alimentaria que en ese tiempo solo estuvo dirigido a estudiantes de primaria.

En 1996, el país supo de uno de los más sonados escándalos relacionados con ese servicio: las bienestarinas, suplementos nutritivos para los niños de las familias más vulnerables, que estaban siendo vendidas como alimento para animales.

Entre 2006 y 2011, la competencia en torno a los PAE fue compartida por Mineducación y el ICBF. Luego, la responsabilidad quedó exclusivamente en manos del Ministerio, según la Ley 1450 de 2011, que pasó la responsabilidad de los recursos del programa a las secretarías de Educación.

El llamado de la Contraloría es a fortalecer los mecanismos de seguimiento y control, pues los malos manejos de los recursos del PAE podrían afectar a los más de 5 millones de alumnos registrados en el plan.

 

 
 

 

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Martín Elías Pacheco - @martineliasp

Nacional

¿Qué pasa con el PAE en Atlántico?

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