22 procesos de responsabilidad fiscal

¿Qué pasa con el PAE en Colombia?

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Este programa tiene 52 años de funcionamiento en la cartera de educación nacional. En los últimos 20 años se han robado recursos que podrían haber alimentado a casi 33 millones de niños.

Muchos de los niños de la comunidad Guarepapu III, zona rural de Uribia, (norte de La Guajira), caminan hasta cuatro horas diarias para llegar a Ishipana Jaipa, la única escuela secundaria de la región. Desde allí, 500 menores reciben clases todos los días en la zona más seca del departamento.

Los docentes de esta institución no solo llegan para enseñar, también van cargados de raciones de alimentos y botellas con agua para repartir en la jornada académica porque, aunque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) debería llegar a todas las zonas rurales del país, La Guajira es el departamento en el que más han desfalcado recursos destinados para la comida de los niños.

En los últimos 20 años, según la Contraloría, se han llevado a cabo 405 casos de responsabilidad fiscal en el país, por un monto de $131.374’059.698. Con este dinero, según estimaciones del Ministerio de Educación —teniendo como base el costo de un almuerzo infantil del PAE en 2018— se podrían haber entregado 32’802.511 platos de comida.

La Guajira, por ejemplo, es el departamento con más procesos de responsabilidad fiscal investigados por la Contraloría. Desde 1999, el órgano de control ha hallado irregularidades que suman $20.766’199.643, lo equivalente, a 5’185.068 almuerzos para los menores. De esas pérdidas, el 60 % fueron en Uribia, norte de la región.

El panorama de corrupción de la alimentación escolar en Colombia marcó un referente en 2013 en la cartera de educación nacional. Antes de esta fecha, entre 1968 y 2013, el Programa era operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educación Nacional. A partir de 2014, el PAE se descentralizó y el Gobierno le entregó su funcionamiento a los mandatarios locales y departamentales, a través de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), es decir, a las zonas que el Gobierno certificó como competentes a nivel financiero y administrativo. En Colombia hay 95 ETC que, a través de las secretarías de Educación, son las encargadas de contratar las empresas privadas que suministran la alimentación, el transporte y el aseo de los casi cinco millones de niños que hacen parte del sistema de educación estatal.

Desde 2014 se han hallado irregularidades que suman $97.039’072.893, en apenas cinco años desde que opera la nueva estructura. La cifra global que maneja la Contraloría —es decir, entre 1999 y 2020— es de 37 procesos de responsabilidad fiscal que indican un desfalco por $8.733’478.305, de los recursos de alimentación de los más vulnerables.

Los reportes señalan que después de La Guajira, Arauca es el segundo departamento con más irregularidades históricas en los contratos del Programa, con una suma de $17.686’904.361. La ETC más cuestionada es la del propio departamento, que tiene a cargo 395 sedes educativas de varios municipios.

Le sigue Santander, que se suma a los millonarios desfalcos de los recursos de la alimentación escolar con $8.252’717.722. La ETC del departamento es responsable de $3.505’730.597 de esos dineros investigados. La lista continúa con Bolívar que tiene 20 procesos que suman $6.744’653.578. El municipio donde más se han presentado pérdidas de recursos es Cartagena, con $5.721’157.029.

Por ejemplo, uno de los últimos cuestionamientos al PAE de Bolívar fue por haber contratado, para este 2020, a ocho operadores, de los cuales por lo menos cuatro han tenido irregularidades en contrataciones pasadas: la Fundación CEA Cartagena, la Organización Tiempos de Paz, la Corporación para la Asistencia Integral, Corporasin y La Fundación Proniños.

En el caso de las primeras dos, en 2019 concursaron para quedarse con el PAE de Cartagena presentando como experiencia un contrato falso y este año fueron elegidas para operar el Programa en el departamento. Corporasin, entretanto, fue sancionada en 2014 por la Gobernación de Santander por entregar alimentos en mal estado e incumplir el contrato en algunos municipios. En 2015 el Ministerio de Trabajo le formuló pliego de cargos por no pagar salud, pensión y salario a sus empleados. Por último, la Fundación Proniños de hoy para Hombres del Mañana, en 2013 fue señalada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de integrar un cartel de alimentos.

La lista de casos la completa el departamento de Cesar que tiene procesos sancionatorios por $4.791’090.648 y es el quinto del país donde más ha habido corrupción. Las ETC del departamento y el municipio de Chiriguaná, son las que tienen más altos procesos de responsabilidad fiscal históricamente.

Una de las entidades que se ha encargado de hacer eco a las denuncias por la mala administración del PAE en el país, es la Red de Veeduría Ciudadana, liderada por Pablo Bustos Sánchez, quien señaló que uno de los municipios con mayores problemas es Santa Marta, pues contrataron para el 2020 a la empresa Catering, Consultorías y Suministros S.A.S., un operador que había sido sancionado en 2019 y 2018, por incumplir con la entrega de las raciones de comida en los departamentos de Santander y Bogotá, respectivamente.

Algo similar a lo que sucedió en marzo de este año en el corregimiento de Pajaral, municipio de Guamal, sur del departamento, cuando se evidenció el posible desvío de los recursos de la alimentación de los niños en las raciones de comida.

El Espectador habló con el gobernador Carlos Caicedo, quien aseguró que la empresa encargada de entregar las raciones de comida en esta zona es la Unión Temporal Alimentarse es la Vía, que pertenece a la Corporación Regional para la Construcción Social y la Fundación Alcanzando Sueños. Esta última, liderada por Alejandro Hernández Vidal, el “zar” del PAE en el Atlántico, quien permanece en casa por cárcel mientras las autoridades lo investigan a él y su sobrino, Chaheer Abauu Hernández, por presunta corrupción en contratos que suman más de $10.000 millones.

Según datos suministrados por la Procuraduría a este diario, el funcionario más cuestionado por demoras e irregularidades en la alimentación escolar es Édgar Enrique Martínez Romero, exgobernador de Sucre. De acuerdo con la entidad, el político tiene siete procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en el PAE de su departamento: uno, en pliego de cargos, dos en etapa de investigación, uno en indagación preliminar y tres restantes, que no registran el estado del proceso.

Espere mañana la segunda parte.

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