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Autor: Joseph Casañas Follow @joseph_casanas
En los pasillos de La Picota se comenta que la fuga de los desmovilizados de las Farc, que escaparon del penal la noche del pasado sábado 5 de abril, era algo que se veía venir. Presos de diferentes patios de una de las cárceles más importantes del país, dicen que “es muy normal” que los guardias se sienten a beber trago con los reclusos. “Aquí con plata todo se puede hacer”.
Eso fue justamente lo que pasó ese Sábado Santo hacia las 9:10 de la noche. John Alejandro Gutiérrez Rincón, alias Mayimbú, y Olmedo Vargas Padilla aprovecharon la amistad que habían estrechado con el dragoneante Gilberto Vargas Manrique. Esa rumba, cuentan a El Espectador fuentes que conocen de cerca lo que pasó ese día, empezó hacia las 4 de la tarde. “La bebeta estaba buena y la música en su punto. El trago se acabó muy rápido y los presos pidieron permiso al guardia para ir a la granja, porque allá tenían encaletadas unas botellas de whisky”. Vargas Manrique, quien para esa hora ya estaba entonado, no le vio problema al asunto y los dejó ir. “Igual ya lo había hecho antes”, cuenta uno de los testigos de la parranda.
La lluvia que a esa hora caía sobre el sur de Bogotá facilitó las cosas. “Cerca del sitio de la fuga hay una garita, pero con el aguacero de esa noche la visibilidad era casi nula. No se esforzaron mucho para huir. Saltaron un muro y ya estaban en San Agustín, el barrio que colinda con la cárcel”, dicen los testigos. Especial El Espectador: Las cárceles en Colombia, una historia de hacinamiento
Cuando la noticia se filtró a los medios de comunicación y el coronel (r) Germán Ricaurte, director de La Picota, tuvo que salir a explicar la situación, dijo que para ese momento “no se sabía si el licor que se consumió esa noche había sido fabricado en el penal o lo habían ingresado”. Presos del penal confirman que, aunque en algunos patios de La Picota se produce licor artesanal, en ese patio en particular (el ERE 3) no se elabora ningún licor. “Todo lo que allí se bebe lo ayudan a entrar los guardias (…). no se le olvide esto periodista, aquí con plata todo se puede hacer”.
Dentro de la cárcel se maneja una especie de tarifario, una lista de precios que los reos deben tener en cuenta antes de pedirle “un favor” a un guardia. Por ejemplo, para ingresar una botella de whisky, los reclusos deben alistar entre $450.000 y $550.000; a este precio hay que sumarle lo que cobra el uniformado por “hacer el favor”. Es decir, entre $50.000 y $120.000, según sea “el cliente”.
Si el presupuesto no da para tanto o simplemente los reos prefieren beber una botella de aguardiente, hay que alistar entre $180.000 y $210.000. El guardia cobra por este trámite entre $50.000 y $80.000.
Beber cerveza puede resultar más costoso. Si a un grupo de internos se le antoja tomar este licor, debe invertir unos $350.000 para pedirle a un guardia que ingrese un petaco de cerveza importada. El uniformado puede cobrar por esto entre $20.000 y $50.000.
Pero este mercado negro no sólo incluye el ingreso de bebidas alcohólicas. Si un preso quiere renovar su clóset, debe invertir no sólo en la compra de la ropa nueva, sino también en lo que le cobran los guardias para que las prendas lleguen a la celda. Además: "Una mente desocupada es taller del diablo": Gilberto Forero Suárez
“En una oportunidad un guardia me cobró, por entrar dos pantalones, dos camisas y un par de zapatos, $200.000”, denunció uno de los presos.
Hay más. En el “tarifario” se incluyen costos por trámites de tipo administrativo. Por ejemplo, si un preso quiere registrar un cambio en el sistema para incluir el nombre de un visitante, debe pagarle al funcionario de turno entre $100.000 y $250.000.
Este escenario revela uno de los males más diagnosticados en el interior del Inpec, el de la corrupción. En diálogo con este medio, el dragoneante Fabián Ariza, directivo de la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario (Fecospec), dice que este tipo de actos corruptos “han sido denunciados y se han tomado acciones contra los compañeros que incurren en estas prácticas”.
En los documentos remitidos a la Procuraduría, la Contraloría y a Presidencia, efectivamente, los mismos miembros del Inpec denuncian comportamientos corruptos de diferentes funcionarios.
Uno de los documentos más recientes fue enviado al presidente Juan Manuel Santos el pasado 21 de marzo. En él, hacen referencia a una denuncia por presuntas irregularidades en la construcción y ampliación de cupos carcelarios. “Se acude a su despacho para que se adopten medidas urgentes para la entrega de instalaciones dotadas y con los mínimos necesarios para la prestación del servicio y de esta forma poder garantizar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en la cárcel de El Espinal, Tolima”.
En contexto: El arte como crítica los conflictos penitenciarios
Según el dragoneante Ariza, son más los guardias del Inpec que trabajan honradamente que los que son corruptos. “La verdadera causa de la corrupción en el Instituto viene desde arriba, de nuestros jefes. De coroneles que no son del Inpec, sino de otras entidades como la Policía o el Ejército, que ya están por salir o son retirados de esas fuerzas y aterrizan aquí y llegan no a ayudar, sino a mirar qué tajada pueden sacar para salir bien pensionados”.
Ariza explica que en La Picota, por cuenta de la corrupción y las malas decisiones tomadas desde la dirección, “hay patios que se nos están cayendo a pedazos, como el cinco. Muchas veces a nosotros mismos nos toca comprar los candados necesarios para reforzar la seguridad. Nos ha tocado hacer arreglos locativos y solucionar cosas que el mismo Estado debería solucionar”.
El funcionario, quien lleva diez años en la dirigencia sindical del Inpec, dice que en el pabellón ERON, por ejemplo, “desde un principio se advirtió que era un hotel muy bonito, pero que la infraestructura no era apta para custodiar internos. Tenía mucho atajo y muchos sitios desde los que se podían presentar fugas. Por eso, a nosotros mismos nos tocó poner mallas, soldar y hacer ajustes para evitar fugas”.
El uniformado habla de las difíciles condiciones laborales de los guardias del Inpec. “Tenemos que trabajar con las uñas. En La Picota hay garitas con vidrios rotos, sin energía y sin agua, allí un funcionario debe pasar turnos de ocho horas o más. En la noche estar allí es tétrico. No se cumplen las condiciones humanitarias para desempeñar un buen trabajo”.
Según dice, “los directores han intentado hacer cosas, pero no hay una solución pronta. La Unidad de Servicios Penitenciarios no nos ha ayudado en nada. Nunca hay plata para los arreglos necesarios. Por ejemplo, los carros de la institución, necesarios para movilizar los internos a las diligencias judiciales o citas médicas, tienen fallas mecánicas que nosotros mismos arreglamos”.
En el marco de la exposición de esta problemática, Ariza presenta una cifra alarmante. “Hay patios en los que hay hasta 1.500 internos custodiados por sólo dos guardianes. Esto pasa porque no tenemos el mismo pie de fuerza de la Policía o el Ejército y no hay personal para cubrir todos los servicios. Esto se ha denunciado ante los organismos de control y no ha pasado nada”.
En este sentido, en diálogo con El Espectador, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, reconoció falencias. “El estándar internacional es de un guardia por cada siete internos, y en Colombia tenemos a uno que resguarda a entre 9 o 10. Esto debido a que progresivamente ha aumentado el ingreso de personas a los establecimientos sin que al mismo tiempo aumente el número de personal a cargo. Actualmente el Inpec tiene 12.848 dragoneantes para la custodia de 116.667 internos en 135 establecimientos penitenciarios”.
Según cifras del Inpec con corte a mayo de 2018, en La Picota se registra una sobrepoblación de 2.611 internos. Actualmente en ese centro carcelario permanecen 8.325. Allí la capacidad es de 5.714. El hacinamiento asciende al 45,7 %.
Este es un ejemplo de la emergencia nacional en este sentido. Según el Inpec, Colombia tiene una capacidad carcelaria de 79.172 internos, sin embargo, actualmente hay 116.850. Lo que indica que hay una sobrepoblación de 37.678 presos.
“Pero si tenemos en cuenta que se prevé construir infraestructura para 4.088 cupos en los nuevos pabellones de El Espinal, Tuluá, Buga, Girón, Ipiales e Ibagué, y que además están en proceso de construcción 8.500 adicionales en los nuevos establecimientos de Pereira, Riohacha, Fundación, Yarumal y Silvia, el Inpec requeriría cerca de 9.726 funcionarios administrativos y 22.598 de custodia”.