“Reaccionaremos ante cualquier arbitrariedad”: directora ejecutiva de Colombia Diversa

Marcela Sánchez advierte que el Estado colombiano no ha asumido su deber de reportar los actos de violencia contra las personas LGBT. / Óscar Pérez

Foto: OSCAR PEREZ

¿Cómo determinan ustedes cuándo un homicidio de un homosexual o lesbiana se cometió por odio a sus preferencias sexuales y no por otros motivos, por ejemplo, un intento de robo callejero, deudas, enfrentamientos familiares, etc.?

Usamos una noción de los estudios criminológicos que se denomina “Crimen por prejuicio u odio”, es decir, aquel acto en que no sólo se pretende asesinar físicamente a la persona, sino también de manera simbólica y, de paso, enviarles un mensaje a todos los que son similares a ella. Algunos indicadores de violencia contra las personas LGBT por odio son: el exceso de heridas con armas cortopunzantes (asesinados de 18 o 20 puñaladas); heridas hechas en determinadas partes del cuerpo como genitales, cuello, cara y senos; violencia sexual previa a la muerte; mensajes en el teléfono para indicar que lo que le pasó fue “por marica”, entre otros. Son discriminatorias, también, situaciones como cuando en una riña en que esté involucrada una mujer trans las autoridades la detienen sin siquiera conocer los hechos, porque parten, por prejuicio, de que la agresora es ella.

¿Por qué el informe anual sobre discriminación a la población LGBT que acaban de publicar ustedes se refiere, específicamente, a la “violencia policial” y al “subregistro” de casos en que están implicados los policías? Pensé que los ataques a los homosexuales eran cosa del pasado…

La Policía no ha podido superar el rechazo a las manifestaciones afectivas de las parejas en la calle y, en general, en los espacios públicos. Algunas veces los agentes actúan porque los llama la gente, pero la labor de la Policía no es retirar a las parejas, sino difundir cultura ciudadana acerca del respeto que se debe tener ante los derechos de los demás. Cuando los uniformados sacan a las parejas del lugar en donde se encuentran, legitiman la discriminación y envían el mensaje de que las demostraciones de afecto entre personas LGBT serían un delito.

¿Por qué, en su informe, ustedes dicen que la Policía se investiga a sí misma?

Porque es así: no hay un ente externo que garantice una investigación imparcial. El gran problema es que esa institución investiga las quejas que ponen contra sus propios funcionarios. Por eso, al final, no hay sanciones y los casos se archivan. Y, por eso también, la violencia policial contra las personas LGBT no se reduce y tiene un alto grado de impunidad.

¿Cómo establecen ustedes, en su informe 2017, las tasas de homicidio que afectan a las personas LGBT si tienen que acudir a las mismas estadísticas de la Policía y cómo explica que la tasa nacional de asesinatos haya bajado después del Acuerdo de Paz, pero no haya pasado lo mismo con su comunidad?

El reporte sobre actos de violencia contra las personas LGBT es un deber del Estado colombiano, el que no ha asumido. Por eso, hablar de tasas de homicidio para este tipo de estudio es imposible. Si bien para consolidar las cifras se usa información de la Policía Nacional, Medicina Legal y la Fiscalía, hay que admitir que no existe un sistema de datos que consolide, de manera sistemática, el número y la clase de violaciones; e insisto, el subregistro es muy alto. Las investigaciones de la sociedad civil -como las de nuestro informe-, pretenden demostrar que existe un problema de violencia contra la población LGBT. En todo caso, dicha violencia no proviene, mayoritariamente, de la que está asociada con el conflicto armado y político: si bien el Acuerdo de Paz incluyó el reconocimiento de las víctimas LGBT, es sabido que actores diferentes de los que se involucraron directamente en el conflicto se opusieron a dicha inclusión, lo que demuestra que la discriminación y violencia contra esta comunidad proviene de una parte de la sociedad colombiana que no necesariamente está armada.

¿Se refiere usted a sectores políticamente poderosos, hoy aliados del nuevo gobierno?

Sí. No sólo los ataques a cuchillo constituyen actos violentos. Es grave que se crea que no existe otra forma de violencia, por ejemplo, una muy destructiva: la que se practica con la descalificación o con las propuestas discriminatorias.

¿Cuáles otros índices de violencia existen hoy contra la comunidad LBGT y de qué manera se expresan: amenazas, matoneo laboral, escolar, discriminación en la contratación u otras formas?

Aunque en el informe no están documentados sino los homicidios, las amenazas y la violencia policial, las organizaciones reciben quejas por acoso en los colegios, acoso laboral, expulsiones de las propias familias, entre otras formas. También hay violencia institucional: proviene de los funcionarios públicos que se niegan a cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional acerca de los derechos de las personas LGBT. Finalmente, otra forma de violencia es la promovida por grupos fundamentalistas religiosos que hacen campañas masivas para hacernos ver como indeseados que deben cambiar su sexualidad o como enfermos no aptos para tener familia o criar niños.

Pese al mal panorama que refleja su informe, no se puede negar que hay avances importantes para la comunidad LGBT en materia de reconocimiento de derechos en leyes e, incluso, en cambios notables en la conducta social.

Sin duda. Los avances legales destacan a Colombia como un país incluyente con más de 120 sentencias de la Corte Constitucional en que se han reconocido derechos de familia e hijos; la prohibición legal de discriminación en colegios, ambientes laborales y la calle; la posibilidad de que las personas trans cambien la descripción de su sexo en su documento de identidad y la adecuen a su realidad, y las leyes contra el feminicidio, que incluyen los homicidios de las mujeres trans, sumado a las políticas públicas en varios departamentos y municipios. Las multitudinarias “marchas del orgullo LGBT” que realizamos el pasado domingo, en las que estuvimos acompañados por otras comunidades, son muestra del creciente apoyo a la igualdad y no discriminación con la que están de acuerdo millones de colombianos.

Del otro lado, ¿cuáles conductas discriminatorias permanecen activas o se han reactivado contra los LGBT?

Además de la violencia policial que no se reduce y continúa impune, como señalé antes, se han incrementado las amenazas con panfletos y la intimidación directa o mediante uso de redes sociales. Ahora, no sólo debemos soportar la discriminación que hemos padecido históricamente, sino que se han activado, como he indicado, unos sectores radicales fundamentalistas que pretenden hacer retroceder los derechos alcanzados por las personas LGBT.

¿Qué impacto han tenido estos grupos y sus mensajes difundidos por los medios contra los LGBT?

Su impacto puede medirse en varios niveles. El primero, en la opinión pública en cuyos ámbitos se han recirculado debates ya superados, como si somos enfermos, si tenemos unos u otros derechos. El segundo, en el poder que parece otorgárseles a funcionarios públicos poco sensibles o abiertamente contrarios a nuestros derechos que se sienten más legitimados y respaldados para discriminar o para no erradicar la violencia discriminatoria. Tercero, en las personas LGBT que viven con sensación de riesgo y temor. Pero, finalmente, no quisiera dejar de mencionar un impacto positivo y quizá paradójico, y es que a raíz de las movilizaciones contra nuestros derechos, sectores más democráticos, abiertos y pluralistas se han aliado a nosotros y hoy actuamos, conjuntamente, contra los grupos que se oponen a la igualdad.

¿Cuáles sectores?

Las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones feministas, los grupos que defienden el Acuerdo de Paz y sectores progresistas de unos partidos.

Cuando le pregunto por quienes se oponen a los derechos de los LGBT, me refiero, como se imagina, a Alejandro Ordóñez y Viviane Morales, además de las diversas sectas cristianas que adhirieron a la campaña del presidente electo. ¿Le preocupa el impacto que ellos podrían tener en las políticas del nuevo gobierno?

Claro que sí. Para nadie es un secreto que el presidente electo hizo coaliciones con sectores extremistas que pretenden retroceder el reconocimiento de nuestros derechos y que nos hacen temer por las decisiones del gobierno entrante. A esto se añade la ambigüedad, la confusión y la falta de claridad del señor Duque en los diferentes debates preelectorales sobre matrimonio y adopción de parejas del mismo sexo.

¿Cree que el presidente electo Duque eludía responder por su posición en esos temas para no comprometer su palabra antes de las votaciones?

Sí. Él eludía esos temas, aunque antes de las alianzas finales habíamos oído a un Duque más progresista. Nos sorprendieron esas ambigüedades porque se había mostrado abierto y se había expresado de manera positiva sobre el reconocimiento de las diversidades. Mantenemos la esperanza de que él haga valer su criterio personal por encima del de sus aliados políticos.

Uno de los caballitos de batalla de Ordóñez, Morales y de quienes se hacen llamar “pastores” fue el de la denominada “ideología de género”. Este término, con el que asustaron a muchos votantes, ¿hizo daño tangible al respeto de los derechos de los LGBT?

La llamada “ideología de género” tuvo el impacto negativo que buscaban las estrategias de desinformación y manipulación que intentaban hacer ver al movimiento LGBT y a los grupos feministas como los enemigos de la familia, los niños y la sociedad, lo cual, sin duda, nos pone en riesgo de ataques. Es un concepto perverso y mal definido que aplican en cualquier contexto y que sirve para discriminar a mujeres, población LGBT y hasta a unas minorías religiosas que definen como “los enemigos de la cultura occidental”. La ideología de género es una frase armada con el único fin de justificar la discriminación contra una parte de la población y que como lo hemos afirmado, les ha resultado efectiva para disfrazar su oposición a la paz, a los avances científicos, a las transformaciones culturales, a la educación sexual, a la igualdad y a su incorporación a las leyes y a las políticas públicas.

Indudablemente, algunas de las personas mencionadas van a llegar a cargos públicos. Suponga que el presidente electo nombre en el Ministerio de Educación a alguien de la línea Ordóñez-Morales. ¿Ustedes se opondrían y de qué modo?

La educación es la herramienta por excelencia para la construcción de cultura de paz y equidad. Un Ministerio de Educación excluyente no avanzaría en el principio de la Unesco de educación para todos y de una ciudadanía global. No sólo las organizaciones LGBT reaccionarían, también lo harán las organizaciones de padres de familia, maestras, estudiantes y, en general, la comunidad académica que está en desacuerdo con las posiciones político-religiosas frente a la educación para la sexualidad o frente a la convivencia escolar libre de discriminación y violencia. Cualquiera que llegue a ese ministerio debe cumplir la Constitución y la Ley General de Educación. También existen acuerdos internacionales suscritos por el Estado que no se pueden burlar. No es optativo. Lo que debería preguntarse el señor Duque es si ellos son las personas más calificadas para hacer cumplir esos mandatos.

Entre las modificaciones que introdujo el Congreso aliado del nuevo gobierno a los procedimientos de la JEP incluyó una en un artículo que decía que “… (para garantizar) la igualdad real y efectiva (y) evitar la exclusión en todas las actuaciones y los procedimientos de la JEP, se aplicará el enfoque de género…”. De ahí se eliminó la frase: “De las mujeres y de la población LGBTI”. ¿Han analizado ustedes por qué se hizo ese cambio y cuál impacto tendría?

En el nivel político, considero que ya no les queda tan fácil (por no decir que es antidemocrático) eso de que lo LGBT lo borramos de cualquier texto o política pública del Estado. En el nivel técnico es más complejo: sacan la sigla LGBT del enfoque de género y la ponen en enfoque diferencial, un cambio aparentemente inocuo. Pero no es tan inocuo, porque hay un “grupo de género” para trabajar estos temas en la Comisión de la Verdad, mientras que no existe un “grupo de enfoque diferencial”. Lo que sucede, en realidad, es que ciertos congresistas se niegan a reconocer a las personas trans, como hombres o mujeres. La población LGBT sufre discriminaciones por su sexualidad, pero también enfrentamos violencias basadas en género. Por ejemplo, a una mujer trans no la violentan sólo por sus elecciones sexuales, sino también porque “no parece” mujer a los ojos del victimario.

¿Es cierto que las personas trans son, ahora, las más victimizadas por los sectores radicales que antes atacaban mayoritariamente a los gais? ¿Por qué ocurrió este cambio de grupo de víctimas?

Tal vez porque las personas trans son más organizadas y más visibles; y a mayor visibilidad, mayor nivel de agresión.

En vista de la próxima realidad gubernamental -de la que uno podría afirmar que sería menos garantista de derechos-, ¿cuáles son los planes de acción que tienen previstos su organización y otras similares para el futuro que se espera?

El lema de la marcha del 1° de julio pasado fue el del orgullo: #NiUnPasoAtrás. La idea era enviar un mensaje al Ejecutivo, al Legislativo y a la Rama Judicial sobre la necesidad de no permitir retrocesos en derechos de la población LGBT. Confiamos en que no sólo se mantenga la igualdad legal alcanzada, sino que haya acciones para garantizarla. Estaremos atentos a reaccionar de manera organizada, argumentada y civilista ante cualquier arbitrariedad con la que se pretenda acabar con nuestras familias y nuestros derechos.

Una discriminación que no termina

La violencia contra las personas LGBT sigue siendo un grave problema sin resolver. El informe documenta homicidios, amenazas y violencia policial. Respecto a los homicidios cometidos en los últimos cuatro años, las cifras siguen siendo consistentes, con un promedio de 100 muertes anuales. Llama la atención la aparición de casos en municipios como Chaparral, Tumaco, Segovia y Soacha, en donde simultáneamente han surgido nuevos grupos delincuenciales después del Acuerdo de Paz. En cuanto a las amenazas, éstas aumentaron, particularmente contra las personas LGBT defensoras de derechos humanos. Y respecto de la violencia policial, un fenómeno con alto subregistro, dependemos de las estadísticas del propio sistema de información de la Policía Nacional, institución que -dicho sea de paso- se investiga a sí misma: se mantiene el mismo nivel de abusos policiales en cerca de 60 casos y se destaca que las principales víctimas son mujeres trans y lesbianas.

“Es el primer Acuerdo de Paz en el mundo que incluye a víctimas LGBT”

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas, los principales perpetradores de violencias eran los paramilitares, seguidos de las Farc y de las Fuerzas Armadas. Las Farc cometieron violencia contra las personas LGBT dentro y fuera de sus propias filas. Por tal razón, se incluye a las víctimas LGBT en el texto del Acuerdo de Paz. Es el primero en el mundo que lo hace. Sin embargo, esa decisión ha levantado muchos enemigos. No quieren que se incluyan las expresiones “género”, “orientación sexual” ni “identidad de género”, lo que resulta muy arbitrario porque las personas LGBT fueron víctimas y es el momento histórico de reconocerlo. El trabajo que está por hacerse ahora es el de lograr documentar el mayor número de casos de víctimas de la comunidad para visibilizarlas en los informes a la JEP y en la Comisión de la Verdad.