¿Por qué la receta del Gobierno para las cárceles no funcionaría?

El Estado tendría que pagar cerca de $20 billones por privaciones ilegales a la libertad y podría ser declarado el estado de cosas inconstitucional.

 

Luego de que El Espectador publicara la serie de medidas del gobierno Santos para enfrentar la crisis carcelaria entre las que se encontraba un nuevo modelo de salud para los reclusos y la creación de nuevos cupos carcelarios, hay quienes dicen que se trata de paños de agua tibia y que lo que se necesitan son medidas de emergencia. 
 
Desde la óptica de la Defensoría del Pueblo, el decreto que está a punto de firmar el Gobierno -- en el que se define que los ministerios de Salud y Justicia, junto al Inpec, deberán crear un plan de salud para los más de 112 mil reclusos en menos de un año-- no es un proyecto de planeación. 
 
"Celebramos que el Gobierno esté preparando ese decreto, pero el régimen de salud ya lo habíamos logrado en la ley 1709 del año pasado. El gobierno está en mora de cumplir con esa reglamentación y, mientras tanto, la gente sigue muriéndose en las cárceles sin derecho a la salud. Se requieren medidas de urgencia", dijo el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.  
 
Y es que, a juicio del Ministerio Público, la meta que se puso el Minjusticia de crear, a 2018, 12 mil nuevos cupos carcelarios no soluciona en nada el problema del hacinamiento y no corresponde con las expectativas trazadas por el Gobierno desde 2012. "No tengo ninguna duda sobre las calidades profesionales de Juan Carlos Esguerra, Ruth Stella Correa, Alfonso Gómez, ni el actual ministro, Yesid Reyes. Pero año tras año se habla de nuevos cupos y hoy no vemos ninguno. Incluso, de cerca de 25 mil la meta ha pasado a 12 mil. ", sostuvo Otálora.    
 
Para la Defensoría tampoco resulta efectiva la construcción de cárceles mediante alianzas público privadas pues las medidas que se requieren son de emergencia. Y precisamente, en los próximos días, enviará una carta al Minjusticia preguntando por un proyecto de choque anunciado en 2013, que consistía en un contrato entre el Ministerio, el Inpec y las Fuerzas Militares para que instalaciones militares funcionaran como cárceles de descongestión  y que, de acuerdo con la información del Ministerio Público, no se ha celebrado y sus posibles valores de ejecución han aumentado.   
 
Las alertas sobre las finanzas del Estado están prendidas, además, por pleitos por privaciones ilegales de la libertad y violaciones al debido proceso que rondan los $20 billones. También en el escenario de los tribunales, es posible que en la Corte Constitucional sea declarado el estado de cosas inconstitucional  en las cárceles por unas tutelas interpuestas por ong y la Defensoría. 
 
El estado de cosas inconstitucional, calculan en los sindicatos del Inpec y en la Defensoría, forzaría al Gobierno a declarar la emergencia carcelaria para solventar el hacinamiento y el derecho a la salud. Y, de paso, a hacer un documento Conpes en el que financie la construcción y adecuación de cárceles en un país en el que el hacinamiento ha llegado al 53%.