Reclutamiento y desplazamiento forzado, los males que persisten en Risaralda

Líderes de la Mesa departamental de Víctimas alertan que el Eln estaría ofreciendo hasta un millón de pesos a las familias por el reclutamiento de sus hijos.

Según la corporación Red de Universidades Públicas, Risaralda presenta el mayor número de actos violentos derivados del conflicto armado (174) de su ecorregión.Archivo El Espectador

Desde la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda, los representantes de la comunidad y defensores de derechos humanos denuncian que grupos armados, más recientemente el Ejército de Liberación Nacional (Eln), están ofreciendo dinero a las familias a cambio de reclutar a los niños para la guerra.

“Ofrecen cerca de 500 mil pesos a las familias para que dejen ir a sus hijos, y si no acceden los amenazan. Estamos hablando de la comunidad del Alto Andágueda, la primera en recibir una restitución colectiva de tierras y que hoy es hostigada y desplazada por el Eln”, cuenta Eisenhower D’janon Zapata, abogado especialista en derechos humanos y derecho a internacional humanitario, quien además es miembro de la Mesa Departamental de Víctimas; a El Espectador

Por su parte, Jaime Gutiérrez Ospina, otro miembro de la Mesa, afirma que por medio de numerosas denuncias puestas por la comunidad (Ospina omite nombres y relatos por motivos de seguridad), lograron sustentar los hechos y llevarlos a las autoridades, quienes, según ellos, desestiman las denuncias.

Le recomendamos: Atlas del conflicto en Colombia

“En Risaralda no hay asentamientos de grupos, ellos actúan entrando y saliendo del territorio. Vienen del Valle, Antioquia, Chocó y Bogotá. La gente tiene miedo y nos ha buscado para contarnos lo que está sucediendo. Hay familias a las que les han ofrecido más de un millón de pesos por los hijos”, dice.

Aunque la presencia de estos actores armados no es nueva, Zapata aseguró que las repercusiones en las comunidades embera chamí y embera katío (en su mayoría provenientes de Chocó) se han agravado en los últimos dos meses por “nuevas alianzas entre las disidencias de las Farc y el Eln”.

Según Ospina, en las últimas dos semanas, alrededor de 150 personas han llegado víctimas de desplazamiento a Pereira, en donde son acogidos por la Defensoría. “El desplazamiento no es masivo, pero sí progresivo. Llegan de Chocó, pero también de otros departamentos como Cauca y Nariño” dice. Los puntos más afectados de Risaralda son Pueblo Rico, Mistrató, Guática y Quinchía.

Tema relacionado: ICBF liderará plan para prevenir reclutamiento forzado de menores

La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas ante los constantes desplazamientos y confinamientos no solo de Risaralda, sino también del vecino departamento de Chocó. La más reciente data de junio de 2019, en la que alertó sobre la situación de riesgo que vivían cerca de 24.130 personas en el municipio de Quinchía, entre ellos menores de edad, mineros, líderes campesinos y pueblos indígenas.

Un mes antes de eso, la Defensoría lanzó otra denuncia grave. Aseguró que más de 200 menores de edad que figuran como desparecidos en el departamento, correrían riesgo de haber sido reclutados por grupos al margen de la ley.

En su momento, la defensora regional, Elsa Gladys Cifuentes, señaló que los niños, además de no ser caracterizados, tampoco fueron contados dentro de las listas de desparecidos de la Fiscalía General y le pidió al ente judicial que respondiera por esas investigaciones que no han avanzado o ni siquiera han iniciado.

Además del reclutamiento forzado, en los últimos días ha circulado un panfleto, supuestamente firmado por el Eln, en el que el frente de guerra occidental declara un paro armado en el departamento de Chocó que iniciará el 10 de octubre.

 
 


Los líderes agregan que, pese a que la Defensoría los ha acompañado y de que en las zonas hay presencia militar y de Policía, las administraciones locales y departamentales no validan las denuncias.

“Se le ha pedido al gobernador que implemente una medida de contingencia, pero desde la Secretaría de Gobierno niegan todo. Yo les pregunto ¿entonces por qué hay escaramuzas y por qué hay militares que han perdido extremidades tratando de quitar banderas del Eln?”, asevera Zapata.

También le puede interesar: ONU denuncia desplazamiento de casi 4.000 personas en Chocó

Cuando se habla de actores armados en Risaralda, también se debe incluir a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, grupo armado que se originó de grupos de autodefensas y paramilitares, y del fallido proceso de desmovilización del Ejército Popular de Liberación (Epl) de los años 90. Según datos oficiales, desde los 2000, la población fue intimidada por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que funcionaba bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco".

Cifras gubernamentales revelan que en el departamento residen cerca de 80.132 víctimas del conflicto armado interno. Según el informe Una guerra sin edad publicado en 2018 por el Centro de Memoria Histórico, un análisis del reclutamiento en Colombia entre 1958 y 2015 da cuenta que, de un total de 16.879 registros, las guerrillas han sido las mayores reclutadoras, con un 69 % (8.701 casos).

Solicitud ante la JEP

Por los recientes hechos de violencia, los miembros de la Mesa Departamental de Víctimas radicaron este viernes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una solicitud para que los actores armados que no son tenidos en cuenta en este momento por ese tribunal sean reconocidos y escuchados. 

“Reiteramos la necesidad sentida de las víctimas del departamento para que a través de la inclusión de estos actores a la justicia transicional se alcance el objetivo principal de estos acuerdos: garantizar los derechos de las víctimas; para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”, se lee en el documento.

Ospina explica que “cuando Uribe era presidente, a los actores armados lo enviaron fuera del país. Ahora que volvieron y se han sometido a la justicia ordinaria, necesitamos que los acepten, especialmente a alias "Macaco", para que nos cuenten la verdad sobre los muertos y los bienes. Las víctimas deben ser reparadas para que no se repitan los hechos”.
 

 

884484

2019-10-05T12:09:20-05:00

article

2019-10-05T12:10:09-05:00

dvargas_261999

none

Daniela Vargas

Nacional

Reclutamiento y desplazamiento forzado, los males que persisten en Risaralda

77

7408

7485