En 2020 fueron desplazadas 21.307 personas

Reestructuración de grupos armados: la violencia se recrudece

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Desplazamientos forzados, confinamientos, ataques y asesinatos en varias regiones hacen parte de una crisis humanitaria que afecta a miles de colombianos.

Hagamos cálculos recientes. En Colombia, solo en las últimas dos semanas, por lo menos 6.118 personas han tenido que huir desplazadas de sus territorios en medio de disputas entre grupos armados ilegales. Eso contando solo los hechos masivos como el del municipio del Charco (Nariño), en donde, desde el sábado 18 de marzo, los enfrentamientos entre dos grupos armados no identificados en las veredas Las Mercedes, Santa Catalina y Matapalo, en zona rural de Alto Tapaje, han obligado a 4.000 personas (800 familias) a desplazarse hacia veredas cercanas; o el de la zona rural del municipio de Timbiquí (Cauca), en donde el 23 de marzo, a raíz de constantes combates entre un grupo delictivo organizado y la Infantería de Marina en la zona del Consejo Comunitario Parte Baja del río Saija, 118 personas (66 familias y al menos noventa niños) de las comunidades La Marciana y La Troja huyeron hacia la cabecera del municipio; o el de Argelia, también en Cauca, en donde desde el 26 de marzo los enfrentamientos por el control territorial entre dos grupos en el corregimiento El Plateado han derivado en el desplazamiento de unas 2.000 personas (705 familias) hacia el corregimiento de Puerto Rico, El Mango y la cabecera municipal de Argelia.El panorama es aún más grave si se tiene en cuenta la crisis humanitaria binacional que se vive en el municipio fronterizo de Arauquita, adonde han llegado por lo menos 5.000 personas desplazadas desde Venezuela ante la violencia desatada por enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una disidencia de las Farc. Y solo estamos hablando de desplazamientos.

A eso habría que sumarle otros fenómenos que vienen en aumento. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por su sigla en inglés), en los primeros dos meses del año hubo 9.659 personas confinadas. Y aunque el diagnóstico es alarmante, no podemos decir que sea nuevo. El aumento en hechos victimizantes y de violencia comenzó a mostrar cifras preocupantes desde 2020. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el año pasado se documentaron 76 masacres en las que murieron 292 personas, el registro anual más alto desde 2014. Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander concentraron el 62 % de los casos.

“La ausencia de una presencia integral del Estado en estas regiones del país limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación. El Acnudh observó que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos ocurrió principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan la violencia endémica”, señaló la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en un documento presentado en febrero pasado.

Panorama similar sobre el 2020 presentó el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR) en un informe revelado el pasado 24 de marzo, que documentó un incremento en las víctimas de artefactos explosivos (389, el número más alto de los últimos cuatro años), desplazamiento (21.307 personas afectadas), y confinamiento (28.123 personas en 21 eventos), e incluso en el número de personas desaparecidas (571 nuevas desapariciones) como consecuencia de los cinco conflictos armados no internacionales que, según la organización, persisten en Colombia: cuatro entre el Gobierno y grupos armados organizados (Eln, Epl, Clan del Golfo y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las Farc) y uno más entre el Eln y el Epl, con epicentro en el Catatumbo.

Una clasificación que según algunos expertos es insuficiente para entender la dimensión de los conflictos en regiones donde la composición de actores es mucho más compleja. “El Epl tiene presencia en el Cauca y Valle del Cauca, pero no es continua como en el Catatumbo. En cambio, sí hay un conflicto latente entre el Eln y las disidencias de las Farc, especialmente el frente Carlos Patiño”, explica Juana Valentina Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).

Según ella, en el país se puede hacer una clasificación de tres tipos de conflictos: el primero involucra la disputa entre grupos armados por el control territorial y las rentas ilegales; el segundo contempla enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública, y en el tercero hay divisiones territoriales y pactos de no agresión entre las estructuras armadas ilegales. Pero más allá de ese debate, lo cierto es que las organizaciones sociales y los organismos internacionales coinciden en que la violencia se ha recrudecido en el país. Para la investigadora, la pandemia fue un detonante, ya que los grupos armados aprovecharon la situación. “La atomización de la violencia tiene que ver con la conformación y consolidación de tantos grupos en tan poco tiempo, así como con las disputas entre estos por el territorio”, aseguró. Un escenario en el que, además, se perpetúa el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Explicar la configuración armada en Colombia es un reto. Con menor intensidad la violencia se ha recrudecido en Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare, como señala Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), pero es en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y las subregiones de Catatumbo y Bajo Cauca donde se ha hecho más evidente el aumento de control de las estructuras armadas y la vulneración de derechos humanos. Estas cinco zonas tienen en común, según Cajiao, que son de un alto valor estratégico para el control del narcotráfico y de las economías ilegales. El investigador señala que, además, ha habido un reacomodo de los grupos armados en el Bajo Cauca por el debilitamiento del Clan del Golfo y su fragmentación. ”El recrudecimiento de la violencia no se puede reducir, solamente, al narcotráfico. El fortalecimiento del Eln y el debilitamiento del Epl en 2018 y 2019, los procesos de consolidación de grupos armados y los golpes del Estado a grupos armados, que produjeron fragmentaciones, son algunos factores”, manifestó el investigador.

Nariño, la disputa eterna por los corredores estratégicos

El informe del CICR respalda lo que las organizaciones sociales de Nariño vienen denunciando: toda la población está sufriendo los estragos de la violencia. En este departamento se dio, en promedio, un desplazamiento masivo cada once días en 2020, concentrando el 45 % de las víctimas del país. En marzo, por poner un ejemplo, en El Charco, tuvieron que desplazarse 4.000 personas por enfrentamientos armados. “El informe anual de la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz) reveló un aumento del 11 % en los índices de violencia sociopolítica respecto a 2019. El desplazamiento forzado aumentó 25 %, hubo nueve masacres y 31 líderes fueron asesinados”, afirma Jesús Arciniegas, director de la organización.

De acuerdo con el informe, el número de cultivos de coca bajó, pero sigue siendo una zona estratégica para la llegada del narcotráfico a Centro y Suramérica. Según Arciniegas, estas rutas están controladas por carteles mexicanos que negocian con uno u otro grupo. “En 2020 se consolidaron los grupos armados, la cantidad disminuyó, pero aumentó su poderío”, sostiene Arciniegas.

En Tumaco, explica Juana Valentina Cabezas, la situación es más preocupante, ya que la salida al Pacífico y las economías ilegales lo convierte en una zona apetecida por los grupos armados. Los Contadores son la estructura con más fuerza. Sin embargo, la configuración armada es compleja, constantemente hay cambio en los mandos; se rompen y construyen alianzas. También hay presencia allí del frente Óliver Sinisterra, una disidencia que en los últimos meses ha perdido fuerza. Su comandante era alias Guacho, pero tras su muerte el cargo quedó en manos de alias el Gringo. Los Contadores, por su parte, son un grupo narcoparamilitar formado por exmiembros de las Farc, pero, según Cabezas, no son una disidencia. El grupo se nutre del manejo de cultivos ilícitos y otras economías ilegales y es manejado por alias Contador, quien al parecer sigue dando órdenes desde la cárcel La Picota, en Bogotá, en donde está desde febrero de 2020.

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Las otras dos estructuras que también han perdido fuerza son las Guerrillas Unidas del Pacífico, otra disidencia de las Farc, y el bloque Alfonso Cano, que se constituyó como una subdivisión del Óliver Sinisterra y recientemente se ha vinculado en una alianza con Gentil Duarte. El recrudecimiento de la violencia se asocia con la disputa por las rutas del narcotráfico y el control del territorio. “Actualmente, el que se apodera de las rutas cobra por gramaje a los demás grupos que desean pasar por la zona. Y no solo está la coca, también pasan oro e incluso hay trata de personas”, afirma Cabezas. Lo sucedido el fin de semana del 20 y 21 es un ejemplo de la violencia que atemoriza a la población. El lunes 22 de febrero, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que once personas fueron asesinadas en cuatro hechos de violencia distintos en ese municipio, lo que sería el resultado de los enfrentamientos armados entre la estructura Óliver Siniestra y Los Contadores.

La investigadora destaca que en el sur de Nariño hay presencia del Clan del Golfo. En zonas como Policarpa, Samaniego e incluso en El Charco se ha reportado presencia del Eln. En Leiva, Cumbitara, Policarpa y El Rosario está la Columna Franco Benavides, miembro del Comando Coordinador de Occidente.

Más de 6.000 personas confinadas en Chocó

En febrero la Defensoría denunció el confinamiento de 4.741 personas de la comunidad indígena Moamía, en Alto Baudó, Chocó, como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley. A principios de marzo, la Defensoría alertó que 298 indígenas emberá katío de la comunidad de Cevedé del resguardo indígena Tahamí, en Bagadó, se desplazaron a Pueblo Rico, Risaralda. El asesinato del líder Alejandro Manúgama, el 17 de febrero, y las amenazas de grupos armados fueron las principales causas. Estos son algunos ejemplos, pues según la OCHA en Chocó hay 6.000 personas confinadas, la mayoría pertenecientes a grupos étnicos. En 2020, de acuerdo con el informe de la CICR, el departamento representó el 78,3 % de los casos de confinamiento y el 24 % de los desplazamientos forzados.

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De acuerdo con la investigadora Cabezas, en Chocó hay presencia del Eln en casi todo el territorio, tanto en la zona rural como urbana. “Se ubican desde Norte de Santander, pasando por Cesar, Bolívar, Bajo Cauca antioqueño hasta llegar a Chocó. Ahora están involucrados en la negociación de ganado robado en este departamento”, contó. El Clan del Golfo también está presente en Quibdó, San Juan, Unguía, Nuquí, Bojayá, Bahía Solano, Bajo Baudó y Riosucio. Además se ha reportado la incursión del Frente 30 de las disidencias de las Farc en el sur del departamento, pero no es constante.

Las disputas territoriales entre el Eln y el Clan del Golfo se concentran en Riosucio y Bojayá. En el primero, los líderes y autoridades temen hablar en medios de comunicación y denunciar los enfrentamientos por represalias de los grupos armados. Incluso, en febrero de este año fueron evacuados cerca de cien menores de edad por riesgo de reclutamiento forzado. “Si denuncian a un grupo, inmediatamente son referenciados y atacados por el grupo contrario”, aseguró Cabezas.

Otro factor para tener en cuenta es la presencia de bandas criminales en Quibdó. En octubre de 2020 se difundieron panfletos en la capital chocoana a nombre de las “Fuerzas Armadas Mexicanas”. Para la investigadora de Indepaz, esto es el reflejo de una reconfiguración armada, en la que la violencia está pasando de lo rural a lo urbano, por medio de la tercerización. La ciudad es clave para los grupos ilegales que lavan allí el dinero producto de economías ilícitas, como la explotación ilegal de oro, el microtráfico y la extorsión. Para los expertos, la banda delincuencial no tenía conexión con carteles mexicanos, sino que usaba dicho nombre como una estrategia para generar temor. Las pequeñas bandas son un engranaje importante para grupos armados más estructurados porque les permiten ejercer control en las ciudades, sin estar asentados en ellas y realizar operaciones en el mismo lugar.

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Bajo Cauca: enfrentamientos por el oro y la coca

”La crisis humanitaria ha dejado en la zona, desde la firma del Acuerdo Final de Paz, más de 50.000 personas en situación de desplazamiento, más de cuarenta líderes y lideresas asesinados y una zozobra en la comunidad. Solo el año pasado hubo 24 masacres en Antioquia, trece en el Bajo Cauca”, afirmó Yesid Zapata, del proceso social de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia.

De acuerdo con Indepaz, en esta subregión hay cinco grupos armados: el Clan del Golfo, Los Caparros, el Eln (que se moviliza desde sus campamentos en el sur de Bolívar) y dos debilitadas disidencias de las Farc: el Frente 18 (en alianza con la Segunda Marquetalia) y el Frente 36.

”Hemos identificado que el principal interés de estos grupos y las disputas territoriales tienen que ver con la tenencia de la tierra, pues esta zona produce el 70 % del oro del departamento”, dijo Zapata. Para él, la violencia se recrudeció desde la firma del Acuerdo de Paz y la situación se ha complicado durante el gobierno de Iván Duque.

El Clan del Golfo y Los Caparros protagonizan las disputas territoriales. Los Caparros, cuya historia se remonta a finales de los años 90, cuando se empezaba a gestar la expansión paramilitar, se pusieron en la mira de las autoridades a finales de febrero, cuando ocho jóvenes y adolescentes, que salieron desde Anserma (Caldas) con destino a Cartagena, fueron secuestrados en Puerto Bélgica, Cáceres. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es otra situación alarmante. El líder asegura que las estructuras armadas quieren someter a la población y apropiarse de los recursos, la minería y los cultivos de coca, y para hacerlo seguirán violentando a la población.

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”El Bajo Cauca es un punto fundamental en el corredor del narcotráfico que inicia en Venezuela, pasa por el Catatumbo y va hasta el mar Caribe”, explicó el investigador Cajiao. Uno de los reclamos es la militarización como respuesta del Estado, ya que las organizaciones aseguran que esto, por el momento, no ha dado resultado. Además, Zapata denuncia que hay una omisión por parte del Estado frente a la alerta temprana 045 de 2020, en la que la Defensoría del Pueblo advirtió el alto riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario a los que está expuesta la población civil que habita este territorio. “El Gobierno Nacional se sigue oponiendo a la creación de una política pública para el desmantelamiento de estructuras paramilitares, por eso se están prolongando estos fenómenos de violencia”, manifiesta Zapata. Desde el proceso de garantías aseguran que funcionarios de Policía y Ejército tienen alianzas con estos grupos y solicitan acciones contundentes para proteger a los líderes, las comunidades y los jóvenes.

Catatumbo: el mismo conflicto con nuevos actores

En la subregión del Catatumbo, que comprende once municipios de Norte de Santander, se habla por estos días de una calma sospechosa. La intensidad de la confrontación entre el Eln y el Epl —los dos actores que desde hace más de tres años empezaron a disputarse el control territorial— ha bajado en los últimos meses. Aunque se habla de un debilitamiento del Epl, al que el Eln ha reducido a unos pocos municipios, preocupa el avance del Clan del Golfo en zona rural de Cúcuta y el fortalecimiento de las disidencias de las Farc.

”El Eln se ha ido imponiendo en esa guerra contra el Epl, los ha logrado desalojar de muchos territorios, ha propinado golpes y los tiene reducidos a pocos municipios como Sardinata, El Tarra y Convención. La confrontación sigue, no en el mismo nivel, pero donde se encuentran ahí hay enfrentamientos y combates”, explica Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar.

Para él es claro que en el Eln hay una decisión de ser hegemónicos no solo en el Catatumbo, sino también en la zona de frontera y prueba de ello fue la guerra que le declararon a una banda local muy fuerte que precisamente se llamaba Frontera y operaba en zona rural de Cúcuta. Sobre la presencia de estructuras de las disidencias de las Farc, la preocupación es latente. En el Catatumbo está el Frente 33 de las disidencias de las Farc, como parte del Comando Coordinado de Occidente, en alianza con Gentil Duarte y un grupo del Comando Danilo García de la Segunda Marquetalia.

“Son dos procesos armados muy fuertes que están creciendo mucho. Están reclutando fuertemente y entre estas dos disidencias han recuperado el territorios que tenían las antiguas Farc. Antes del proceso de desarme el Frente 33 de las Farc hacía presencia en 25 municipios y creemos que estas disidencias han copado todos estos territorios. Todo indica que el Eln va a tener que salir de estas zonas, porque las disidencias están reclamando negocios, territorios, rutas y dominio”, sostiene Cañizares.

La incertidumbre en la zona pasa también por una sensación de abandono, pues aunque los problemas de la región son conocidos por el Gobierno, no se toman decisiones para hacer una intervención real: “Acá la guerra es la misma. La situación no ha cambiado, todos saben lo que pasa acá. Hoy hay una calma sospechosa detrás de la cual lo que hay es un verdadero polvorín que en cualquier momento puede explotar. Lo que no ha querido cambiar es la actitud del Gobierno Nacional, que solo responde con más militarización. Al departamental le interesa muy poco el Catatumbo, porque eso no genera votos ni dividendos económicos”, concluye el director de Progresar.

En la confrontación también están Los Rastrojos, un grupo narcoparamilitar que, de acuerdo con Juana Valentina Cabezas, tiene alianzas con grupos armados de Venezuela.

Cauca: nuevas y viejas guerras

La violencia en este departamento no da tregua. Cabezas explicó que en el Cauca están las ocho estructuras armadas del Comando Coordinador de Occidente. Además del Eln, el Clan del Golfo y el Epl. Las disputas territoriales se libran, especialmente, entre el Eln y el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. En municipios como Corinto, el Tambo y Caloto la comunidad queda en medio del fuego cruzado.

Una de las situaciones más críticas se evidencia en Argelia, donde los enfrentamientos y ataques, especialmente del frente Dagoberto Ramos, han generado desplazamientos. Por ejemplo, desde el 26 de marzo los enfrentamientos en El Plateado han derivado en el desplazamiento de aproximadamente 2.000 personas (705 familias) hacia el corregimiento de Puerto Rico, El Mango y la Cabecera municipal de Argelia. La cercanía al océano Pacífico y a la carretera Panamericana hace que esta zona resulte atractiva para las estructuras ilegales. El 26 de enero 12 concejales de Argelia tuvieron que salir desplazados hacia Popayán ante las constantes amenazas en contra de sus vidas y después del secuestro y posterior asesinato del cabildante Fermiliano Meneses.

En marzo la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo en el que están al menos 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de Caloto por la presencia de la columna móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc. Otro hecho de violencia se presentó el 26 de marzo, cuando se reportó la explosión de un carro-bomba en la Alcaldía de Corinto que dejó varios heridos, incluidos once funcionarios públicos; se le atribuyó al frente Dagoberto Ramos.

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