Reforma educativa, ¿sí o no?

Los estudiantes de varias instituciones públicas y privadas del país protestaron contra el proyecto que busca reformar la Ley 30 de educación, presentado la semana pasada al Congreso. ¿Tienen razón al oponerse?

Ayer, decenas de estudiantes universitarios salieron a las calles en todo el país, para protestar por la reforma a la educación superior que fue presentada por el Ministerio de Educación al Congreso. Hace mucho tiempo, sus intentos de movilización no lograban la fuerza que esta vez están consiguiendo, aunque sin llegar a ser manifestaciones tan nutridas como las que se han visto en los últimos meses en Chile y España, por cuenta del descontento con las políticas educativas.

¿Pero qué es exactamente lo que reclaman y por qué esta vez los rectores de las universidades los miran condescendientes y sólo piden que no provoquen actos violentos?

A principios de este año, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, dejó claro que la gran apuesta en materia educativa del gobierno de Juan Manuel Santos sería la educación superior. Querían ampliar la cobertura de 37% a 50% y mejorar la calidad. Tan sólo dos universidades colombianas (la Nacional y la de los Andes) figuran entre las mejores 700 del mundo.

El Gobierno diseñó una reforma sobre cuatro pilares: cobertura, calidad, transparencia y financiación. A la comunidad universitaria, rectores, docentes y estudiantes, en principio no les gustó que se hubiera preparado a sus espaldas, sin una participación abierta y democrática. El Gobierno respondió que se trataba tan sólo de una propuesta que estaba sobre la mesa para ser discutida.

Uno de los puntos más álgidos de este primer borrador fue la idea de abrir la puerta a universidades con ánimo de lucro. Un camino corto para ampliar cobertura al atraer inversión privada, pero una posible limitación a la autonomía universitaria.

El 23 de junio las asociaciones universitarias, entre ellas Ascún y Sue, redactaron una lista de recomendaciones a la reforma. Quince días después, en reunión con los rectores, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, socializó el texto final. José Fernando Isaza, cabeza de Ascún, resaltó las modificaciones sobre la autonomía universitaria, pero lamentó que el componente que permitía la creación de universidades con ánimo de lucro se mantuviera. El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, aseguró que, a pesar de que las universidades públicas recibirían más recursos adicionales, no sería suficiente para atender el déficit financiero.

La reforma siguió su camino y los rectores afirmaron que darían la pelea en el Congreso. El 23 de agosto, Juan Manuel Santos anunció que retiraría la propuesta de crear universidades con ánimo de lucro. Parecía que el proyecto de ley quedaba bien parado.

Pero el 3 de octubre fue radicada la reforma y días después los estudiantes anunciaron que irían a paro indefinido, porque la reforma abriría menos de la mitad de los cupos propuestos y “mercantilizaría” la educación.

El verdadero problema de fondo es que el Gobierno intenta hacer lo que puede con los recursos asignados al sector. Las universidades insisten en que son insuficientes y sin nuevos fondos ningún objetivo se podrá lograr.

Para Ascún el problema ya no es el ánimo de lucro
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) destacó como positivo que el Gobierno eliminara de la reforma a la educación superior el punto concerniente a la creación de instituciones con ánimo de lucro, “el hecho de mantener la acreditación de alta calidad como un mecanismo voluntario, dar reconocimiento a las normas constitucionales de la doble instancia, así como conservar la presunción de inocencia en los procesos sancionatorios”.

Sin embargo, consideró que es necesario discutir que el Congreso de la República analice con cuidado aspectos de la reforma como: las diferentes tipologías de educación superior; la concentración de funciones en el Ministerio de Educación, y la necesidad de “hacer explícito que los aportes presupuestales previstos para las universidades estatales son un mínimo y no un máximo, y que deben ser coherentes con las metas enunciadas de cobertura y calidad”.