“Todo el tiempo nos estamos moviendo. No permanezco ni dos días en una sola parte porque no puedo. Los hostigamientos son todos los días. A veces no sé qué hacer. La Fiscalía me dice: denuncie, y yo digo que entonces voy a tener que presentar una denuncia diaria. Muchas veces hay encapuchados afuera de mi casa. Permanentemente me siguen los pasos. Esta mañana me contaron que anoche había dos esperando afuera de mi casa. Y el rumor que se escucha en Puerto Libertador (departamento de Córdoba) es que hubo una reunión donde dijeron que la única manera de aquietar a los indígenas era cogiéndome a mí y dejándome picadito y que haciendo eso los demás verían que les pueden hacer lo mismo”.
Es Israel Aguilar, cacique del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge. El hombre de 53 años, que ha liderado los últimos 15 a su comunidad, ahora está empezando a sentir el desgaste físico y emocional de andar de vereda en vereda, de municipio en municipio, huyendo para cuidar su vida. No recibe panfletos o algún mensaje directo de quienes lo amenazan pero sabe que la resistencia de su comunidad por continuar en su territorio, simplemente, genera molestias. En la noche del jueves 12 de noviembre Israel habló con su familia de la posibilidad de irse de la región al menos por un mes. “Parece que me estuvieran encerrando”...
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Al resguardo Zenú, se llega desde Montería (capital del departamento) por la carretera que conduce a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador. Un camino tranquilo en el que no hay ninguna acción llamativa de un grupo ilegal, lo que pareciera decir que en Córdoba no está pasando nada. Pero otra es la historia una vez que usted empieza a hablar con los habitantes o los líderes indígenas sobre las amenazas, o con los integrantes de organismos internacionales que cuentan esa suerte de confinamiento al que está sometida la población, la forma en que los grupos hacen control social y les recuerdan a todos que están ahí.
Son casi tres horas de trayecto hasta llegar al corregimiento de San José, el último del sur de Córdoba, como explica el cacique Israel Aguilar, cuando nos recibe en este lugar, en la mañana del 15 de julio. Luego hay que cruzar el río San Jorge, justo en las estribaciones del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo. Un bosque imponente que no es visitado por los colombianos como otros parques, porque allí sólo hay guerrilla e integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército.
Cruzando el San Jorge, caminando por esa imponente zona verde, uno comprende que la riqueza de las tierras del sur de Córdoba también ha sido su condena. Es un suelo rico en biodiversidad, bosque y maderas finas. Y en el subsuelo hay minerales como níquel, carbón y oro. Esas características y esa ubicación estratégica han hecho que tanto grupos armados, como narcotraficantes y grandes inversionistas se hayan fijado en este suelo rico, aprovechando sus recursos y a su gente, como lo dice el investigador de la Universidad del Sinú, Víctor Negrete.
El Nudo de Paramillo se convirtió desde hace décadas en el centro de disputas de las organizaciones armadas ilegales y bandas criminales, por ser una zona propicia para la fabricación y comercialización de drogas y el cultivo de coca. Allí nació el Ejército Popular de Liberación (EPL). Y también, hacia el costado occidental, en el municipio de Tierralta (el más grande del departamento) comenzó el accionar con el que Salvatore Mancuso sembraría el terror en los 90 y luego fue el escenario de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Además, en esta tierra han puesto sus ojos grandes multinacionales como Cerro Matoso, que tiene la mina de ferroníquel a cielo abierto más grande de América en la carretera de Montelíbano a Puerto Libertador.
“Por toda esa riqueza es que el conflicto ha sido la lucha por la tierra”, dice Israel, luego de cruzar el San Jorge, en la caminata de media hora antes de llegar al territorio que oficialmente ya es del resguardo. En mayo de 2014 y después de más de 14 años de proceso, lograron que el Gobierno reconociera su constitución.
Este territorio, donde en esta mañana de julio los zenúes alistan el arroz, el pollo y el agua de panela con limón para almorzar con la visita mientras los niños juegan y ríen, estuvo abandonado hasta 1998. Se lo habían tomado los paramilitares y la guerrilla. Sólo hasta ese año sus pobladores originales decidieron recuperarlo y en 1999 se organizaron para comenzar el proceso de constitución del resguardo ante las entidades del Gobierno Nacional. Al año siguiente el cacique mayor, Israel Aguilar, recibió el liderazgo del proceso.
En ese camino por resistir en su territorio han visto morir líderes. Más de 49 entre 2009 y principios de 2015, según las denuncias del cacique. La zozobra es un sentimiento que conocen muy bien los indígenas del resguardo. Zozobra y temor por los ilegales pero también por cualquiera de los otros males que llegan a cada tanto. “Uno sale desplazado a otra comunidad y cuando ya se acostumbra y tiene la cosecha buena, es atacado. Cuando no es eso entonces viene la avioneta a fumigar (con glifosato por los cultivos de coca). Y si no, es el verano o la plaga lo que acaba con los cultivos”, cuenta María Montalvo, gobernadora del cabildo de La Meta Territorial.
Aunque en mayo pasado el presidente Juan Manuel Santos ordenó la suspensión del uso de glifosato para erradicar los cultivos de coca, las fumigaciones, sumadas a las dificultades del clima, afectaron la subsistencia de los pobladores del resguardo. El arroz, el ñame y la yuca han terminado arrasados y la gente se ha quedado sin comida y sin sustento para su economía, por lo que muchos deciden abandonar el territorio. Algo que hace más complejo que puedan recibir inversión del Estado.
Con todos y esos males los zenúes, que han perdido gran parte de su identidad como pueblo indígena, se enorgullecen hablando de su firmeza y sus pequeños - gigantes triunfos. La constitución del resguardo les permite tener un territorio y organizar su propia forma de gobierno. Además, también está la lucha por su salud y por preservar la sostenibilidad ambiental de su región. Por ello, en octubre de 2013 organizaron una protesta de casi tres semanas contra la poderosa Cerro Matoso, en la que protestaron por puntos como que el Gobierno aprobara en 2012 una prórroga al contrato de explotación de níquel (hasta el año 2029 con opciones de extenderlo automáticamente hasta 2049), a la compañía anglo-australiana BHP Billiton, dueña de la minera.
La presión tuvo efecto y lograron hacer que el Gobierno convocara a los representantes de la comunidad y del resguardo a sentarse en una mesa y discutir acuerdos para mejorar las condiciones de vida de la población. Israel Aguilar ha denunciado desde hace años las consecuencias en la vida de la población como perder terrenos por venderlos a la minera a precios muy bajos, aumento en casos de cáncer y abortos.
Una de las decisiones en esa reunión fue hacer un estudio por 2 millones de dólares para establecer los verdaderos efectos de la explotación de ferroníquel en la salud de los indígenas que viven alrededor de la zona. Sin embargo, hasta ahora no se ha contratado a los encargados de hacer ese análisis juicioso tan indispensable para determinar a ciencia cierta el impacto que ha tenido la mina en la salud de la gente.
Entre agosto y septiembre pasados, el resguardo también realizó el proceso de consulta previa por la explotación de carbón que hará en cuatro títulos mineros la empresa Juan Manuel Ruiseco. Ahí los indígenas lograron compromisos como que se fortalezca a la comunidad en la producción agrícola, en adquisición de tierras, que haya una capacitación sobre los temas de consulta previa para próximos procesos, así como conocer el Plan de Manejo Ambiental y el estudio de impacto ambiental que en su momento presentará la empresa Ruiseco.
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De vuelta a las amenazas... Dos días después de haber realizado la consulta previa llegaron dos hombres en moto a la casa del gobernador del cabildo Pica Pica Viejo. Eran las 6 de la mañana, su esposa se había levantado a hacer café, vio a los hombres y le pudo avisar para que se escondiera. Cuando ellos entraron preguntando por el gobernador, ella dijo que él había salido muy temprano a trabajar al monte. Se fueron y preguntaron a los vecinos si era cierto que el gobernador tenía la costumbre de salir madrugado pal monte. Todos dijeron que sí.
Al cacique del resguardo Zenú le llegan rumores de lo que se dice en el pueblo: “Que los indios quieren mandar, que como no se dejan imponer las pretensiones de los grupos ni se someten a las vacunas”... tal vez por eso los declaran objetivos.
Las Autodefensas Gaitanistas de Córdoba, conocidas también como Los Urabeños y Clan Úsuga, son uno de los grupos posdesmovilización con presencia en el sur de Córdoba (ver gráfico) y podrían estar relacionados con las amenazas a la población. Aunque en el sur de Córdoba también ejercen cierto control social Los Paisas, las Águilas Negras y los frentes 5, 18 y 58 de las Farc.
La forma en la que están actuando los grupos ilegales es estableciendo una especie de códigos de conducta, a los que la población se termina adaptando. Hay restricciones, como por ejemplo con cierres de establecimientos comerciales mediante amenazas, lo que en Puerto Libertador afectó a unas 5 mil personas en el primer semestre de 2015. También hay limitaciones para que la gente use los planchones para el cruce en ciertos ríos de Montelíbano, con consecuencias para 1.500 habitantes, de acuerdo con informes de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas.
“Creo que esa resistencia de no desplazamiento en el territorio es lo que hace que existan amenazas por parte de grupos armados. De hecho, hemos tenido mucha incidencia ante los organismos como la Defensoría, oficinas de derechos humanos, Naciones Unidas, quienes se han unido a la capacitación de las comunidades. La pastoral social ha estado cerca de ese fortalecimiento a la Guardia Indígena. Todo eso como que no suena mucho a los grupos”, relata Israel Aguilar.
A pesar de las reuniones de urgencia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, las amenazas contra los indígenas y el cacique Israel, continúan. Él espera que los organismos internacionales persistan con el apoyo, para que su gente no pierda el valor de seguir el camino de resistencia que ha mantenido. “Mientras esté vivo, seguiré insistiendo”.